El juez desoye a García Ortiz y mantiene las comisiones rogatorias a Whatsapp y Google

Nuevo revés al fiscal general del Estado. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha desestimado este lunes las solicitudes realizadas por Álvaro García Ortiz contra las comisiones rogatorias a Irlanda. El magistrado que le investiga por un delito de revelación de secretos acordó el pasado 20 de enero que los proveedores de servicios Whatsapp y Google aportaran datos sobre determinadas cuentas de Whatsapp y Gmail después de que los análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan aflorado su borrado. Una asociación profesional personada en la causa también recurrió la decisión, aunque para pedir que se requiriera información a las filiales de estas compañías en España por riesgo de que se paralizase la reclamación.

«No procede acceder a ninguna de las solicitudes interesadas, pues, como se decía en el primer fundamento, la presente comisión rogatoria tiene por finalidad cumplimentar una diligencia de prueba, obtenida, en su caso, la cual, corresponde a este instructor su control», afirma Hurtado en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El magistrado responde así al recurso que presentó la defensa de García Ortiz el pasado 11 de febrero. El fiscal general pedía que se informara a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) para que, esta a su vez, lo hiciera a las autoridades irlandesas de que las comisiones rogatorias estaban recurridas.

El argumento de García Ortiz

Hurtado rechaza ese extremo y esgrime que «operar como pretende la representación del investigado es dejar en manos de un juez extranjero, que haga valoración de un material, que tendría que pasar por los criterios sujetos a su propia normativa, y, además, en función de las alegaciones de un sola de las partes, con vulneración del principio de contradicción, y esto supondría trasladarle a aquél una cuestión que (…) debe sustanciarse por los tribunales españoles».

La comisión rogatoria es un instrumento «de colaboración entre autoridades judiciales de distintos Estados para la realización de determinadas diligencias judiciales que acuerda el juez de uno de ellos para su ejecución en otro, donde se encuentran elementos que precisa para su propia investigación el primero, que es quien ha de tomar la decisión que corresponda», insiste el juez que investiga a García Ortiz tras la denuncia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos.

El juez instructor insiste que la «genérica invocación» que hace García Ortiz «a su derecho de defensa» para sostener tales peticiones es «insuficiente, ya que, de acceder a lo que se pide en los términos que se pide, al margen de trasladar el debate sobre la instrucción de la causa fuera de las presentes actuaciones, además, a un tribunal extranjero, sería en los limitados términos que lo plantea una sola parte, con lo de merma que, para el derecho a la tutela judicial efectiva de otras partes, podría suponer».

El magistrado dictó el pasado 20 de enero una comisión rogatoria en la que solicitaba a WhatsApp y Google que aportara datos de las cuentas de usuario de García Ortiz entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.

«Cero mensajes»

Hurtado adoptó la decisión al considerar que la solicitud de la UCO es «razonable» y «coherente» para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos de García Ortiz. Esta medida tiene lugar después de que la Guardia Civil informara al magistrado de que había hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados durante el registro en su despacho el pasado 30 de octubre. El juez instructor ya rechazó otro recurso del fiscal general en el que pretendía anular la entrada a su oficina.

Para intentar recuperar la información, Hurtado solicitaba a WhatsApp LLC los mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc.). También pide las copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia disponibles y asociados a los usuarios y el log o registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios, incluyendo la fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación.

Dos días más tarde, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) recurrió el auto. La organización que preside Miguel Pallarés solicita al magistrado que pida información del teléfono de García Ortiz a las sedes españolas de Google y WhatsApp. Considera que las comisiones rogatorias que dictó Hurtado, que deben llegar a Irlanda, puede paralizarse porque «requiere de la colaboración del ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos nombrados por el Gobierno y, por tanto, susceptibles de tener un interés directo en la causa».

Para Apif, esta conjunción de factores (acudir a Irlanda y depender de personas ligadas al Gobierno) «podría provocar que la fase de instrucción quedase indefinidamente paralizada a la espera de conseguir esos datos, cuya obtención podría demorarse a voluntad». La asociación insiste en que todo esto frustraría el desarrollo normal del proceso que sigue el Supremo contra García Ortiz desde el pasado octubre.