El novio de Ayuso se niega a declarar hasta que se resuelva el recurso sobre la pieza separada
González Amador ha acudido a sede judicial por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental
Alberto González Amador. | Diego Radamés / Europa Press / ContactoPhoto
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a declarar hasta que se resuelva el recurso pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid relativo a la pieza separada de la causa principal que investiga un presunto fraude fiscal, tal y como adelantaba Europa Press y ha podido conocer THE OBJECTIVE. Han sido los abogados de González Amador los que han expuesto a la juez que su cliente no debía declarar porque se vulnerarían sus derechos, al no estar decidido el recurso de la Audiencia Provincial. Pese a ello, la juez se ha negado y González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados.
La citación para declarar se había programado para este lunes, acudiendo a la cita ante la jueza Inmaculada Iglesias en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, tras una denuncia de la Fiscalía. Según las mismas fuentes, una vez recibido el auto de la Audiencia, el novio de Ayuso, a través de sus abogados, solicitará comparecer de forma voluntaria ante la magistrada.
La investigación se amplió cuando la jueza acordó abrir un procedimiento aparte por el supuesto uso de una sociedad instrumental para “ocultar unos ingresos” del Grupo Quirón que debían haber sido declarados. La citación se enmarca en un procedimiento que investiga no solo al novio de Ayuso, sino también a otras cuatro personas (Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.) por un presunto fraude fiscal imputado por la Fiscalía de Madrid. Además, esta causa dio lugar a otra pieza separada para la investigación de delitos diferentes.
Indicios delictivos de Alberto González Amadord en 2020 y 2021
La instrucción se centra en indicios delictivos relacionados con hechos sobre el Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021, y en un presunto delito de falsedad en documento mercantil al aportarse facturas que, supuestamente, no se corresponden con servicios realmente prestados y fueron emitidas con la finalidad de reducir la cuota tributaria.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonó que supuestamente “como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros”.
Asimismo, la magistrada esgrimió que dichas conductas se encuadrarían en “delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal”.
La Fiscalía inició la investigación a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse, durante el análisis, “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”. La denuncia del fiscal recoge que se trataría de “Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021”.
Informe de la Agencia Tributaria
Hace un año, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del que se deducen “determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito”.
El mismo informe hacía referencia a dos delitos contra la Hacienda Pública al identificar “un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.
Las declaraciones se han suspendido en cuatro ocasiones. La primera suspensión se produjo el pasado 24 de junio, aunque fue aplazada a instancias de la acusación popular representada por el PSOE y Más Madrid, tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz del análisis de un informe de la Agencia Tributaria contenido en el procedimiento.
En octubre, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en delitos distintos a los ya instruidos en la causa principal por el uso de una empresa para “ocultar unos ingresos” relacionados con el Grupo Quirón.
Por último, la magistrada aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una “operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria” en 2021, en la que, presuntamente, se habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.
