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Ábalos recurre la retirada de su pasaporte impuesta por el Supremo

El exministro propone comparecer cada 15 días en cualquier juzgado si el juez decide no revocar su decisión

Ábalos recurre la retirada de su pasaporte impuesta por el Supremo

El exministro de Transportes José Luis Ábalos sale de declarar al Tribunal Supremo. | Fernando Sánchez (Europa Press)

José Luis Ábalos muestra su desconformidad con las medidas cautelares impuestas la semana pasada por el juez Leopoldo Puente. El exministro ha recurrido la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días, tal y como solicitó la Fiscalía. El exdirigente socialista compareció el pasado jueves en el Tribunal Supremo, justo cuando se cumplía un año de las detenciones del caso Koldo, como investigado por tráfico de influencias, cohecho, malversación y organización criminal. El empresario Víctor de Aldama le acusa de adjudicar mascarillas a cambio de presuntas mordidas. Hace dos semanas ya recurrió el auto que ordenaba investigar su patrimonio.

En un escrito fechado este martes al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Ábalos solicita al juez que deje sin efecto las medidas cautelares que dictó el 20 de febrero, tras declarar en el Supremo. Puente decidió mantener al exministro en libertad provisional, aunque le impuso la retirada del pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el Alto tribunal los día 1 y 15 de cada mes.

«Alternativamente, y para el improbable caso que no se revocase la citada resolución, solicitamos que la obligación de comparecer los 1 y los 15 de cada mes con independencia de que se realice ante la secretaría de esta excelentísima Sala Segunda de Supremo, se puedan realizar también en la ciudad de Valencia, donde tiene el domicilio familiar, así como si se encontrase fuera del mismo ante el juzgado o tribunal del territorio nacional donde se encuentre en esa fecha», insiste el recurso.

Ábalos se distancia de Aldama

Puente dictó las medidas cautelares tras la segunda comparecencia de Ábalos en el Supremo, esta vez como investigado, tras obtener el necesario suplicatorio que debe otorgar el Congreso. Una solicitud que realizaron tanto las acusaciones populares como la Fiscalía Anticorrupción. Se tratan de las mismas medidas que pidió Alejandro Luzón para Aldama y Koldo García, también investigados.

Ábalos se ratificó el pasado jueves su declaración anterior, la del pasado 12 de diciembre. Ese día, el exministro de Transportes aseguró que no había recibido comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, tal y como señaló Aldama. El recurso afirma que el comisionista de la trama y el actual diputado del Grupo Mixto «únicamente tuvieron algún encuentro en persona» lo que «no implica que dicha relación haya devenido estrecha» por más que «conocidos o coincidentes y allegados pudieran devenir a ser símiles».

El exministro, que compareció durante 40 minutos, solo contestó al juez y a su abogado, ya que la Fiscalía no realizó preguntas. Durante el interrogatorio negó tener dinero en el extranjero y que disponga de un chalé en Perú. Ábalos explicó que solo está a su nombre el terreno donde se ubica un centro social, algo «circunstancial» porque la ONG que fundó en 1992, Fiadelso, no tenía personalidad jurídica al estar extinguida.

El exministro subrayó que su patrimonio es limpio y solo cuenta con un piso y un local en Valencia. No obstante, días después de su declaración informó al Supremo de que, por un «lapsus» olvidó reconocer en su declaración un inmueble de su propiedad en Valencia. Se trata de un local comercial en planta baja sin distribución interior, con dos puertas de acceso y una superficie de 187 metros cuadrados.

Ábalos ya recurrió hace dos semanas el auto en el que el magistrado Puente ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar su patrimonio y el de se hijo Víctor. El exministro criticó que las pesquisas se extendieran a su primogénito, que «no ha tenido participación» ni existen más indicios de que se beneficiario más allá de noticias en medios digitales. El ex secretario de Organización del PSOE también acusó al juez de pretender «una revisión general» de su actuación.

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