Los fiscales cargan contra la lugarteniente de García Ortiz: «Le ha dejado con el culo al aire»
Critican que Sánchez Conde fio el procedimiento a la nulidad del registro del despacho del fiscal general
La teniente fiscal del Supremo junto a García Ortiz durante su toma de posesión como fiscal general. | EFE
El fiscal general está a un paso del banquillo. El juez Ángel Hurtado, que le investiga por revelación de secretos, considera que existen indicios «suficientes» para achacarle la filtración de los datos reservados del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Los fiscales consultados por THE OBJECTIVE cargan contra la estrategia de la número dos de Álvaro García Ortiz. Consideran que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha cometido una «pifia procesal» al fiarlo todo a la nulidad del registro en el despacho de su jefe, extremo al que se ha negado la Sala de Apelaciones del Alto tribunal.
García Ortiz declaró en el Supremo el pasado 29 de enero, aunque solo respondió a las preguntas de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado. La representante del Ministerio Público, Sánchez Conde, descartó interrogarle alegando «conexión de antijuricidad», al afirmar que la Sala de Apelaciones aún no había resuelto la posible nulidad del registro. Una decisión que le alineó con la defensa de su jefe.
Durante su intervención, Sánchez Conde expuso a Hurtado hasta nueve argumentos para pedir la anulación del proceso, aunque se centró en la «insólita» entrada y registro del despacho de García Ortiz, que tuvo lugar el pasado 30 de octubre. En su opinión, esa decisión «supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional». La teniente fiscal del Supremo también adujo la «inconstitucionalidad» de la diligencia «por haber tenido una extensión desmesurada» y «una nula proporcionalidad» que «no puede ser corregida ex post».
El registro del despacho
«No se puede someter a interrogatorio a una persona hasta que se despejen las dudas existentes sobre la constitucionalidad de la prueba», insistió Sánchez Conde para legitimar la decisión de no interrogar a su jefe. Un fiscal con décadas de experiencia tilda la estrategia de «inconsistente» y asegura que esa forma de proceder deja a García Ortiz «al pie de los caballos». Otro representante del Ministerio Público sostiene que si se quería ayudar al fiscal general habría sido más útil cualquier otra posición antes que fiarlo todo a la nulidad de una diligencia.
Un prestigioso miembro de la carrera señala que se trata de «una pifia procesal» porque la fiscal encargada del caso se ha acogido a una posición de «absentismo» que, en lugar de beneficiar a García Ortiz, obstaculiza su defensa. «Pensaba que el procedimiento iba a ser nulo y no lo va a ser. Lo ha dejado con el culo al aire», insiste.
El 21 de febrero la Sala de Apelaciones del Supremo rechazó por unanimidad los recursos que presentaron en noviembre la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el registro del despacho de García Ortiz en el que se requisaron móviles y dispositivos electrónicos. Los representantes de ambos organismos consideraron que se trató de una diligencia desproporcionada que invadió los derechos del fiscal general. Eso, decían, invalidaban las pruebas obtenidas.
Los magistrados Julián Sánchez Melgar (ponente), Andrés Palomo y Eduardo de Porres desestimaron los recursos al considerar que el delito investigado permitía el registro, que la investigación era necesaria y que dicha diligencia era la única posible. Además, la resolución recordaba que la institución que dirige García Ortiz «no tiene una garantía de inmunidad».
García Ortiz, a un paso del banquillo
La Fiscalía defendía que los registros eran nulos y que todo lo hallado no debería tenerse en consideración en la investigación. En su opinión, los autos de entrada y registro «no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas». La teniente fiscal del Supremo, lugarteniente de García Ortiz, no solo expresó su rechazo por escrito, también verbalizó su oposición a la actuación del magistrado durante la declaración judicial de su jefe.
La designación de Sánchez Conde para representar al Ministerio Público en la causa contra García Ortiz por revelación de secretos levantó ampollas en la carrera fiscal. Dos de las tres asociaciones profesionales sembraron dudas sobre la apariencia de imparcialidad. La Fiscalía defendió la elección asegurando que se trataba de la persona «más cualificada» y que si la responsabilidad hubiese recaído en otro miembro las sospechas se acrecentarían.
Eso fue justo lo que sucedió cuando trascendió que el fiscal general estuvo revisando su teléfono móvil junto a Sánchez Conde el 30 de octubre, mientras los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban su despacho por orden del magistrado. Una versión que corroboró en el Supremo el fiscal Salvador Viada, miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa contra García Ortiz.
Para entonces, Sánchez Conde ya había dado instrucciones a una fiscal para que informara a favor del archivo de la denuncia que interpuso el novio de Ayuso. Lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), justo antes de que el asunto llegara al Supremo. El 16 de octubre, Hurtado acordó investigar a García Ortiz, el primer fiscal general contra el que se abre una causa penal. A pesar de eso, optó por seguir en el cargo porque se trataba de la decisión «más prudente para la institución a medio y largo plazo» y reforzaba su independencia.