El exchófer de Pedro Sánchez participó en la trama de las mascarillas vinculada a Ábalos

El exchófer de Pedro Sánchez participó en la gestión de las mascarillas que investiga la Justicia, una labor que le pudo haber reportado 100.000 euros. Cristian Corvillo envió en marzo de 2020 un email al empresario Víctor de Aldama con los certificados de conformidad de los tapabocas. El comisionista remitió a continuación los documentos a Koldo García, al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como «elemento de conexión» entre el exministro José Luis Ábalos y Soluciones de Gestión. La empresa consiguió adjudicaciones por 60 millones de euros para suministrar material sanitario, 32,5 millones de dos organismos adscritos al Ministerio de Transportes.

Corvillo envió un correo electrónico con los certificados de los equipos de protección individual a Aldama a las 18.02 horas del 18 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia. Lo hizo a través de la cuenta oficial de Egisse, una sociedad en la que era administrador único y que fue extinguida dos años más tarde. A pesar de ello, el exchófer de Sánchez no ha sido citado a declarar siquiera como testigo.

«Se ha revisado el informe de prueba presentado de los productos anteriores y se ha determinado que cumple con los requisitos», señala uno los certificados expedido por Nelson Laboratories. Otro documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE rubrica que las mascarillas en cuestión cumplen las exigencias que establece la normativa comunitaria: «El resultado de la revisión de los archivos técnicos y el informe de pruebas respaldan la autodeclaración de los dispositivos enumerados».

La ruta de Sánchez

Apenas 56 minutos después de que el exchófer de Sánchez les hiciera llegar los documentos, a las 18.58 horas, Aldama los reenvía al asesor de Ábalos. La UCO señala en sus informes que Corvillo se encontraría a las órdenes del comisionista en distintos negocios, entre ellos la adquisición de un inmueble en la costa gaditana que el comisionista asegura que sirvió como mordida para el exministro por adjudicar obras públicas a empresas amigas.

Cristian Corvillo milita en el PSOE. Llegó a encabezar la candidatura de su pueblo, Peñarrroya-Pueblonuevo (Córdoba), aunque finalmente fue apartado por la dirección provincial. Acompañó a Sánchez después de que este fuese defenestrado en el Comité Federal celebrado el 1 de octubre de 2016. Se trata de la persona que se puso al volante del coche con el que el actual presidente del Gobierno emprendió la ruta para buscar apoyos en Andalucía, territorio de Susana Díaz, rival a la que venció en las primarias de mayo del año siguiente.

La UCO afirma que Corvillo también fue el intermediario de Aldama para la compra de un lujoso inmueble en La Moraleja cuyo precio rondaría los dos millones de euros. Incluso habría pagado los impuestos derivados. Como informó El Español, su hermano Rubén también habría ayudado al comisionista a pagar el aval para que adjudicaran al comisionista dos hoteles durante 40 años en San Roque (Cádiz).

Como avanzó este diario, Rubén Corvillo administra la empresa Drive Business junto a César Moreno, uno de los «mosqueteros» de Aldama. La sociedad tiene su sede social en la segunda planta de la madrileña calle de Antonio Maura, 7, donde también está radicado el despacho del comisionista investigado en varias tramas de corrupción.

Pago de 100.000 euros

Los investigadores sospechan que comenzó a relacionarse con la trama de las mascarillas a través de su hermano, que habría coincidido en hoteles de distintas ciudades con Koldo García entre 2019 y 2021. La UCO recoge en un informe que una de sus empresas, Corvillo Energy, habría adquirido participaciones de MTM 180 Capital SL, propiedad de Aldama. Esa acción habría servido «para suscribir contratos de Soluciones de Gestión». La operación le habría reportado 3,3 millones de euros.

Soluciones de Gestión consiguió vender mascarillas al inicio de la pandemia a dos entes públicos adscritos a Transportes, al Ministerio del Interior, Correos y dos regiones gobernadas por los socialistas: Baleares y Canarias. Los contratos de Puertos del Estado y Adif (20 y 12,5 millones respectivamente) se adjudicaron entre el 21 y el 27 de marzo de 2020, días después de que Sánchez decretara el Estado de alarma.

«En este contexto temporal, Aldama ya había firmado contratos con Soluciones [de Gestión] a través de sus empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune, en los que recogía la cuantía económica de la que iba a resultar beneficiario», señalan los investigadores. Además, destacan que el comisionista era consciente de las ganancias que iba a obtener, por lo que confeccionó un documento en formato Excel con el nombre «mascarillas», que los agentes localizaron en el ordenador del comisionista.

El documento se creó en marzo, durante los días en los que se adjudicaron los contratos otorgados por Puertos del Estado y Adif, pero la última modificación tuvo lugar el 18 de mayo de 2020, seis días después de que se publicara el último contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El texto detalla una serie de gastos que podrían derivarse del negocio de las mascarillas y que incluye diferentes nombres, entre los que destaca el de Cristian, que habría recibido 100.000 euros.

Los investigadores lo identifican con el exchófer de Sánchez. El documento también hace referencia a Bernardo Castillo Pérez, un ciudadano español arraigado en República Dominicana que abrió las puertas de la isla caribeña a la trama. El empresario se desempeñaba como administrador solidario de Logística Comercial Montelimar SL, una sociedad que pertenecía a Aldama. La UCO subraya que tanto él como Cristian Corvillo formaban parte del «círculo íntimo» del comisionista y de sus negocios relacionados con el suministro de material sanitario.

El documento también arroja un pago de 500.000 euros a «Goblins», al que se identifica con Koldo García. Los investigadores destacan que se anote la palabra «casa», que relacionan con la compra del chalé en La Alcaidesa a cambio de las adjudicaciones de las mascarillas. «Ábalos (…) comenzó a enviar a Koldo anuncios de inmuebles de ese rango de precios», señalan los investigadores. El primero de esos correos tiene lugar el 29 de abril de 2020, tres días después de la adjudicación

La UCO señala que los contratos de mascarillas adjudicados por Puertos del Estado y Adif se gestaron en un contexto marcado por la premisa de que Aldama, con la acción permanente de Koldo García como intermediario, «tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado en el Ministerio, incluido el propio ministro». Los investigadores sostienen que la idea de la adjudicación habría partido del comisionista, que habría contado con el beneplácito de un alto cargo de Transportes y «la permanente participación» del asesor de Ábalos.

Las pesquisas revelan que el exministro tuvo en sus manos una oferta alternativa al contrato de mascarillas adjudicado a dedo a Soluciones de Gestión. Era por la mitad de precio y con un plazo de entrega más rápido desde China que el que ofrecía la empresa aragonesa. Sin embargo, el Ministerio de Transportes la descartó pese a la resistencia del entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.