La Justicia investiga ya por qué Teresa Ribera le dio una licencia a la 'trama de los hidrocarburos'
Pedraz encarga a la UCO recabar el expediente con el que su Ministerio concedió el permiso como operador a Villafuel

Teresa Ribera en un acto como comisaria europea. | Wiktor Dabkowski (Zuma Press)
El juez Santiago Pedraz pone a Teresa Ribera en la diana. El magistrado que investiga el caso de hidrocarburos por el supuesto fraude de al menos 231 millones de euros ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe el expediente por el que el Ministerio de Transición Ecológica dio una licencia de operadora de hidrocarburos a Villafuel, empresa de la trama que «codirigía» el empresario Víctor de Aldama y considerada epicentro de la presunta corrupción.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz estima un recurso de reforma presentado por la acusación popular. De esa manera, resuelve pedir el expediente tramitado por el Ministerio de Transición Ecológica durante la época de Ribera, ahora comisaria europea, donde aparece la inscripción de Villafuel como operadora al por mayor de productos petrolíferos. Una actividad con la que habría defraudado al menos 231 millones de euros. El magistrado reclama esta diligencia para «poder continuar con la investigación».
En una de sus últimas resoluciones, Pedraz ya advirtió de que Villafuel «habría estado simulando transmitir, en régimen suspensivo, el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando, en realidad, lo transmitía a sus clientes finales consiguiendo, con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondiente».
Reclamación a Ribera
La Guardia Civil ya requirió al departamento que dirigía Ribera información sobre la trama de hidrocarburos. Lo hizo seis días antes de las elecciones europeas, en las que la actual comisaria de Competencia acudía como cabeza de lista en la candidatura del PSOE. El 3 de junio, la UCO ya solicitó el expediente completo de inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de la mercantil Villafuel, según consta en el sumario de la trama de hidrocarburos.
La solicitud a Transición Ecológica la realizó la Fiscalía Anticorrupción, que llevaba meses investigando a la trama alertada por informes de la Agencia Tributaria. El requerimiento se cumplimentó apenas un día después, el 4 de junio. El encargado de hacerlo fue el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, que aportó a los agentes un pendrive con 132 MB de información sobre la mercantil dividida en 11 carpetas.
El dispositivo, protegido por una contraseña, fue analizado por los agentes y permitió avanzar en la investigación. En esos días también se requirió información a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y se tramitaron 47 mandamientos para seguir las cuentas bancarias de Villafuel. La empresa, controlada por un socio de Aldama, Claudio Rivas, y su hermana, se creó a finales de 2020.
En enero 2021 solicitó sin éxito convertirse en operador mayorista de productos petrolíferos. Villafuel tuvo que presentar alegaciones en varias ocasiones para subsanar errores que impedían obtener la licencia. El departamento de Ribera le concedió la licencia el 15 de septiembre de 2022.
Alertas con las ventas
Los investigadores sospechan que, para lograrlo, el comisionista recurrió a la mediación del exministro José Luis Ábalos a través de su asesor, Koldo García, que le habría ayudado a conseguir diversas reuniones con responsables gubernamentales. Entre ellos, Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces jefe de Gabinete de Reyes Maroto, ministra de Industria. Su departamento tenía que dar el visto bueno a Transición Ecológica para otorgar la ansiada licencia como proveedor de hidrocarburos.
Las alertas saltaron apenas unos meses después de que comenzara a operar. La Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos (Cores) advirtió el 15 de mayo de 2023 por escrito al director general de Política Energética, Manuel García Hernández, de que Villafuel no cumplía las condiciones fijadas. Superaba en un 29% las ventas en el grupo de las gasolinas aprobadas por el departamento de Ribera y en un 882% en el grupo de los destilados medios (diésel y otros derivados).
La orden de inhabilitación de Villafuel, publicada el pasado 6 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reveló que la compañía solicitó el permiso para acceder al negocio de la compraventa de combustible en dos ocasiones. La primera, en enero de 2021, aunque el expediente fue inadmitido en diciembre de ese año. La segunda petición se realizó en julio de 2022, solo dos meses antes de que obtuviera el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del sector explican que el plazo medio de espera oscila entre los seis y los nueve meses.