El Supremo solicita a EEUU información de WhatsApp en la investigación al fiscal general
El juez que investiga a García Ortiz avanza así en la causa por la presunta filtración de datos sobre la pareja de Ayuso
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Supremo para declarar como investigado. | EFE/Mariscal
El Tribunal Supremo ha ordenado la tramitación de una comisión rogatoria a las autoridades de Estados Unidos en el marco de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración de información sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La decisión, adoptada por el magistrado instructor de la causa, Ángel Luis Hurtado Adrián, responde a una comunicación remitida por las autoridades irlandesas, en la que se indica que la solicitud de información a la plataforma de mensajería WhatsApp debe dirigirse a la jurisdicción estadounidense.
Según la providencia firmada por el juez y la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la solicitud inicial de acceso a datos de la plataforma de mensajería WhatsApp había sido remitida a Irlanda. Sin embargo, las autoridades irlandesas han comunicado que la petición debe dirigirse a la jurisdicción estadounidense, donde se encuentran los servidores de la aplicación, propiedad de Meta.
El caso: acusaciones de filtración de datos
La investigación contra García Ortiz surge tras las acusaciones de que desde la Fiscalía General del Estado se filtraron a la prensa detalles sobre el procedimiento que Hacienda mantenía contra González Amador por un supuesto fraude fiscal. La difusión de esta información generó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno central y la presidenta madrileña, quien denunció una “persecución política” contra su pareja.
El Tribunal Supremo admitió a trámite la querella interpuesta contra García Ortiz, y desde entonces la instrucción ha ido avanzando con la recopilación de pruebas y declaraciones de testigos. Con la solicitud de información a WhatsApp, la justicia española busca esclarecer si el fiscal general estuvo directamente involucrado en la filtración y si utilizó la plataforma para comunicarse con periodistas o terceros implicados en la difusión de la información.
Implicaciones políticas y judiciales
La investigación contra García Ortiz supone un golpe para la cúpula judicial y el Gobierno, ya que el fiscal general es una figura clave en la estructura del Estado. Su nombramiento, promovido por el Ejecutivo, ya había sido objeto de polémica debido a sus vínculos con el Gobierno de Pedro Sánchez y su papel en decisiones judiciales de alto perfil.
El Tribunal Supremo ha notificado la resolución a las partes personadas a través del sistema digital Lexnet y ha recordado la confidencialidad del procedimiento, advirtiendo que la divulgación pública de los datos recogidos en la investigación está prohibida según la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley del Poder Judicial.
Con la solicitud de información a WhatsApp, la investigación da un paso clave para determinar la responsabilidad de García Ortiz en la presunta filtración. Dependiendo del contenido de las comunicaciones solicitadas, la situación del fiscal general podría complicarse aún más, abriendo la puerta a consecuencias legales y políticas de gran alcance.