WhatsApp y Google confirman a la UCO que guardan los mensajes borrados por García Ortiz
El juez investiga al fiscal general por un supuesto delito de filtración de datos sobre Alberto González Amador
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto
Whatsapp y Google confirman a la Guardia Civil que guardan los mensajes eliminados por Álvaro García Ortiz. La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido sendos oficios al Tribunal Supremo para informarle de que ambas compañías han respondido de forma afirmativa a su requerimiento para conservar los datos telefónicos del fiscal general, investigado por un delito de revelación de secretos tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez que instruye la causa ya desestimó los recursos del jefe del Ministerio Público y mantuvo las comisiones rogatorias.
Whatsapp respondió al requerimiento el pasado 29 de enero, según el oficio al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Google contestó unos días más tarde, el 10 de marzo, «confirmando que se ha procedido a lo solicitado». El magistrado Ángel Hurtado, que instruye la causa contra García Ortiz, dictó sendas comisiones rogatorias a Irlanda «con el fin de tratar de asegurar y proteger los datos que las mercantiles Whatsapp y Google podrían poseer en relación a los hechos investigados».
La intención de Hurtado es recuperar la información que envió y recibió García Ortiz en su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado, fechas en las que se habría producido la filtración de los correos donde González Amador admitía haber cometido dos fraudes fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía para librarse del juicio que podría condenarle a penas de cárcel. Los investigadores han acreditado que el fiscal general cambió de teléfono cuando ya estaba siendo investigado, algo que explicó por un protocolo de protección de datos del Ministerio Público.
Los mensajes de García Ortiz
La UCO solicitó los pasados 28 y 30 de enero a ambas compañías que aseguraran la custodia de los datos, que podrían estar relacionados con la filtración de información confidencial sobre el novio de Ayuso. El magistrado solicitó a Whatsapp los mensajes recibidos y/o enviados por García Ortiz, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones, tanto archivos multimedia como el registro de las comunicaciones (fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación). A Google le requirió los datos almacenados y vinculados a su cuenta, que el fiscal general también habría eliminado.
Hurtado también ordenó la semana pasada cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para obtener información de los servidores de Whatsapp, bajo jurisdicción estadounidense. La decisión responde a una comunicación que remitieron las autoridades irlandesas, que indicaron que la solicitud de información a la compañía de mensajería instantánea debía dirigirse al país norteamericano.
El juez que instruye el caso de García Ortiz en el Supremo también habría solicitado detalles técnicos sobre la autenticidad de los documentos difundidos y la posible trazabilidad de los mensajes relacionados con la filtración. Esta información resultaría clave para avanzar en en la causa, que pone en cuestión al máximo responsable del Ministerio Público, que trata de anular el proceso asegurando que el registro de su despacho el pasado 30 de octubre fue desproporcionado.
Hurtado dictó el pasado 20 de enero una comisión rogatoria en la que solicitaba a WhatsApp y Google que aportara datos de las cuentas de usuario de García Ortiz entre el 7 y el 14 de marzo, los días clave en los que habría tenido lugar la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.
El magistrado adoptó la decisión al considerar que la solicitud de la UCO era «razonable» y «coherente» para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. Esta medida tiene lugar después de que la Guardia Civil informara de que había hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados durante su registro.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) pidió requerir la información a las sedes de las compañías en España al considera que las comisiones rogatorias pueden paralizarse porque «requiere de la colaboración del ministro de Justicia y del magistrado de enlace, ambos nombrados por el Gobierno y, por tanto, susceptibles de tener un interés directo en la causa». Esa conjunción de factores (acudir a Irlanda y depender de personas ligadas al Gobierno) «podría provocar que la fase de instrucción quedase indefinidamente paralizada a la espera de conseguir esos datos, cuya obtención podría demorarse a voluntad».