González Amador pide al Supremo que ordene guardar las comunicaciones de Sánchez Acera
El abogado del novio de Ayuso plantea al magistrado que pida a las compañías telefónica «la conservación de los datos»
Alberto González Amador saliendo del juzgado. | Archivo
La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que averigüe cuántas veces cambió de teléfono, así como que reclame los antiguos terminales y ordene conservar los datos de las comunicaciones de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, y del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de González Amador insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que requiera a Presidencia del Gobierno y al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la «relación de ocasiones que les conste» en las que desde el 7 de marzo de 2024 Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López -que a su vez lo era de Pedro Sánchez-, y el en ese momento secretario de Estado de Comunicación, Francesc Valles, hayan cambiado de teléfono móvil oficial.
Reclama también la «remisión», a través de su entrega a la Guardia Civil, de los dispositivos móviles que hayan entregado -«por desuso y por los anteriores cambios»- Vallés y Sánchez Acera desde la misma fecha, informando sobre si los anteriores dispositivos móviles entregados a la fuerza actuante han sido formateados, por quién, cuándo y con qué software.
En concreto, reclama la «información sobre la identidad de los técnicos que pudieran haber intervenido con ocasión de los cambios de terminales de Vallés y Sánchez Acera, especificando para cada cambio del que se tenga registro quién intervino». Además, la representación letrada de González Amador plantea al magistrado que pida a las compañías telefónicas «la conservación de todos los datos que, en cumplimiento de las obligaciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, hayan acumulado de forma automática».
En este caso, interesa conservarlos desde el 13 de marzo de 2024 hasta la actualidad y durante un «periodo inicial» de 90 días respecto a las líneas telefónicas usadas por Sánchez Acera, Vallés y Cerdán, pero también del director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la jefa de prensa de Vivienda, Laura Sánchez Espadas.
Volver a citar a Lobato
Respecto a Vallés, solicita directamente «la voluntaria aportación de WhatsApps que desee incorporar al sumario» porque, si bien el pasado miércoles declaró en el TS que cambió de móvil en diciembre, cuando dejó su cargo, y que «había procedido al borrado todos los mensajes -por cuestiones de seguridad y de capacidad-», sí conservó las conversaciones mantenidas con David del Campo, el que fuera jefe de gabinete de Juan Lobato, ex líder de los socialistas madrileños, sobre los hechos investigados.
Por otro lado, González Amador propone a Hurtado que vuelva a citar a Lobato como testigo, porque en su comparecencia del pasado 29 de noviembre «no se le pudo preguntar sobre el contenido de las comunicaciones ahora conocidas» y, «específicamente», las mantenidas con Del Campo, Vallés, Cerdán y la directora de El Plural, Angélica Rubio.
En la misma línea, ve necesario citar a Del Campo como testigo y que antes de esta declaración se le pida la «voluntaria aportación» de su teléfono móvil para que la Guardia Civil pueda elaborar, como hizo con Lobato, «un informe pericial sobre las comunicaciones relacionadas con los hechos objeto de instrucción entre los días 13 y 14 de marzo de 2024».
El abogado de González Amador da este paso un día después de que Sánchez Acera declara ante el Supremo que el email sobre González Amador le llegó de la prensa, aunque no recordaba exactamente de quién, desvinculando tanto a Moncloa como a la Fiscalía.
