Garzón, Jiménez Villarejo y otras 10.300 firmas contra la imputación del fiscal general
Defiéndete en Derecho lanza un manifiesto en apoyo a García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos
García Ortiz da cuenta de la memoria anual de la Fiscalía en el Senado en febrero de 2023. | A. Pérez Meca (Europa Press)
El exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el exjuez Baltasar Garzón, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez, juristas, artistas, periodistas y miles de ciudadanos anónimos: la asociación Defiéndete en Derecho ha conseguido que 10.300 personas firmen un manifiesto de apoyo al fiscal general. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo electrónico con datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo abrió en octubre, por primera vez en democracia, una investigación contra el fiscal general. González Amador se querelló contra la Fiscalía después de que la prensa publicara los correos donde asumía que había cometido dos delitos fiscales. Su abogado pretendía alcanzar un acuerdo de conformidad para evitar llegar a juicio. El Mundo publicó el 14 de marzo del año pasado que la idea del pacto surgió del Ministerio Público. La institución envió una nota de prensa para, en palabras de García Ortiz, «ganar el relato».
«Nuestra asociación no alcanza a comprender cómo un secreto revelado en primer lugar por un obligado tributario pueda dar lugar a la investigación de una supuesta filtración de algo que, tras esa revelación del propio interesado, había dejado de ser secreto», esgrime el manifiesto que lanzó el pasado 20 de febrero Defiéndete en Derecho.
El comunicado de la Fiscalía
En su primera actividad desde su creación el pasado verano, la organización pide al fiscal general «perseverancia y continuidad en el desempeño de sus funciones». A pesar de que dos de las tres asociaciones reclamaron su dimisión, García Ortiz decidió seguir por ser «lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo».
La asociación insiste en que González Amador mantiene «un conflicto» con Hacienda (la Justicia le investiga por defraudar 350.961 euros entre 2020 y 2021) y es el primero en comunicar públicamente la negociación. «Resulta difícil comprender que todo ello pueda transformarse en una imputación al máximo representante de la Fiscalía General del Estado por haber desmentido determinadas informaciones falsas sobre el secreto revelado por el contribuyente afectado».
El manifiesto ha sido respaldado por más 10.300 firmantes, tanto a través de la web de la asociación como en la plataforma change.org. Entre los firmantes se encuentran más de un centenar de miembros de la judicatura, entre los que destacan Joaquín Giménez, Jiménez Villarejo y Garzón, marido de Dolores Delgado, predecesora de García Ortiz en la Fiscalía y una de las personas con las que habló por teléfono en los días clave de la filtración, según constata en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
A pesar de que la asociación anunció que publicaría el miércoles el listado de firmantes en su web, aunque por el momento no está disponible. «Solo hemos podido revisar las 5.300 firmas que se reflejan en nuestra página (excluidos DNI y mail que permanecen protegidos). Se han depurado duplicidades, alguna que otra suplantación de personalidad y firmas nulas. De las 5.000 restantes insertadas en change.org solo disponemos de los datos que nos suministra dicha plataforma (nombre, apellidos y origen territorial) ya que los correos electrónicos de los firmantes los retienen en sus bases de datos», explican.
«Excesos judiciales»
El texto del manifiesto hace referencias a presiones mediáticas y políticas para forzar la dimisión de García Ortiz «transformando la mera defensa de la verdad para proteger esa institución del Estado de derecho en un galimatías procesal impropio del principio esencial del derecho penal, que no puede ser otro que la búsqueda material de la verdad».
Defiéndete en Derecho también denuncia «una reiterada politización y paralización de órganos e instituciones esenciales para la Administración de Justicia, así como una abusiva utilización de los tribunales en cuestiones propias del ámbito político». E insiste: «Nos preocupa, por ello, la intromisión constante y progresiva de órganos judiciales en las funciones y tareas del Parlamento. Tenemos la misma sensación cívica de desprotección e impunidad ante evidentes excesos judiciales, aunque puntuales, con gran trascendencia pública».
La asociación se constituyó el pasado 6 de agosto para defender el Estado de Derecho en España y «sus garantías jurídico constitucionales». Defiéndete en Derecho se inscribió el 23 de enero en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Para el cumplimiento de sus fines, según indican en sus Estatutos, publicarán «comunicados, artículos de prensa y trabajos de todo tipo de medios de comunicación y redes sociales». Sus participantes también participarán en debates y en «actuaciones judiciales y extrajudiciales que se consideren necesarias».
