Varapalo de la Fiscalía al PSOE: le obliga a ir con PP y Vox en la acusación de los hidrocarburos
El juez Pedraz desestima el recurso de apelación de los socialistas y otorga la dirección letrada a Hazte Oír
El empresario Víctor de Aldama y el logo del PSOE. | Ilustración de Alejandra Svriz
El PSOE tendrá que ir junto a PP y Vox en el caso hidrocarburos. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado el recurso interpuesto por los socialistas contra un auto fechado el 10 de febrero, donde el magistrado unificó todas las acusaciones populares bajo la dirección letrada de Hazte Oír. La asociación que preside Ignacio Arsuaga fue la primera en personarse en la causa que investiga el fraude de 231 millones de euros con el IVA de los combustibles. La decisión fue avalada por la Fiscalía, que considera que otra fórmula supondría «dilataciones indebidas» en el procedimiento. Además, insinúa que la formación liderada por Pedro Sánchez esconde «evidentes intereses de tipo político».
La Fiscalía Anticorrupción presentó en septiembre de 2023 una querella en la Audiencia Nacional por el caso hidrocarburos, aunque la investigación policial se remonta a varios años antes. Las primeras detenciones tuvieron lugar en octubre del año pasado. Entre los arrestados se encontraban los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Los investigadores señalan que el comisionista se benefició de sus contactos en el PSOE para conseguir la licencia de Villafuel, la empresa clave de la trama.
En la causa se han personado ocho organizaciones: Hazte Oír, PP, Vox, PSOE, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), Manos Limpias, Iustitia Europea y Liberum. Pedraz las emplazó el pasado 23 de enero a agruparse y acordar una única personación y defensa. Al no ponerse de acuerdo, el magistrado decidió el 10 de febrero otorgar la dirección letrada a la asociación que preside Arsuaga por ser la primera que se personó en el caso.
El recurso del PSOE
Dos semanas más tarde, Pedraz denegó a las partes acceder a icloud, el espacio en el que la Audiencia Nacional comparte la documentación de los procedimientos judiciales que instruye. La dirección letrada liderada por Hazte Oír recurrió la decisión por su falta de motivación, una decisión que soliviantó al PSOE. Los socialistas presentaron el 28 de febrero un recurso de alegaciones en el que se oponen al escrito porque «no cuenta con nuestra aprobación ni puede entenderse presentado en nuestra representación».
El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE también arremete contra el auto del 10 de febrero, que «impuso» la agrupación de acusaciones populares. Un argumento que ya utilizaron en un recurso de apelación contra la resolución de Pedraz. El fiscal Luis Pastor solicitó al magistrado que desestimara la petición del PSOE al considerar que tomarla en consideración supondría «dilataciones indebidas» y «la dispersión» del procedimiento. Enmarca su decisión en un asunto de «economía procesal». Pero no solo.
«Las notificaciones de cada una de las resoluciones que se fueran dictando en la causa, la reiteración de solicitudes de diligencias de investigación (algunas probablemente repetitivas, otras distintas, pero acaso también contradictorias o superpuestas) o la eventual proliferación de recursos interlocutorios son circunstancias de suficiente entidad como para generar una mayor dilación en la tramitación del proceso», insiste Pastor en su escrito.
El fiscal afea al PSOE que rebata la impugnación de la unificación de acusaciones al señalar que «plantear ab initio la incompatibilidad de intereses, como se ha planteado, cuando el único que ostentan todas ellas es el ejercicio de la acción penal». Pastor considera que en el caso hidrocarburos es patente la convergencia de intereses de todas las acusaciones populares desde tres perspectivas: el idéntico interés de las partes, que los investigados contra los que se dirigen son los mismos y que también lo son las conductas de reproche penal.
Convergencia de intereses
«Los distintos posicionamientos e intereses tras los que laten determinadas orientaciones ideológicas no pueden constituir el fundamento de la acusación popular, que no es otro (…) que la divergencia ideológica o de posiciones ante postulados que tenga cada una de las acusaciones populares es ajena al proceso penal, que no es otro que la averiguación de los hechos y de sus autores, la verdad material y que, finalmente, se haga justicia, sin perjuicio de sus intereses individuales», indica el texto de la Fiscalía fechado el 28 de febrero.
Pastor también reprocha al PSOE que niegue la existencia de una identidad de las partes y la convergencia de intereses, una misma estrategia procesal y unos mismos puntos de vista a la hora de ejercer la acción penal. «Olvida, como se ha indicado, que todas las acusaciones populares tienen el legítimo interés del esclarecimiento de lo verdaderamente sucedido y la imposición, en su caso, a los posibles responsables de las penas y reparaciones civiles que pudieran corresponder».
«Estas diferencias de enfoque, en los que subyacen unos evidentes intereses de tipo político, con ser absolutamente legítimos, no pueden ni deben condicionar el desarrollo del procedimiento», insiste el fiscal. En opinión de Pastor, «no se aprecia, en ningún caso, ninguna diferencia relevante entre las entidades que aquí concurren, ni tampoco elemento que, por el objeto social de las mismas, las vincule de manera particular, distinta y sustancialmente diversa a los de las otras».
El artículo 125 de la Constitución establece la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar en un procedimiento penal mediante la acción popular a pesar de que no sea la víctima del delito. Esta figura está recogida en el artículo 202 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que la acción penal es pública y todos los españoles pueden ejercerla conforme a sus preceptos 101 y 102, que ahora quiere reformar el PSOE para evitar su «instrumentalización».
Pastor recuerda a los socialistas que el artículo 113 de la LeCrim establece que siempre que existan dos o más personas que ejerzan acciones se unificará en un mismo proceso «y, si fuese posible, bajo una misma dirección y representación, a juicio del Tribunal». El fiscal del caso hidrocarburos también se basa en la jurisprudencia y señala que esta causa tiene similitudes con otras en las que se agruparon las acusaciones populares. Cita el caso Roldán o el ejemplo de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que rechazó concurrir en la causa contra José María Ruiz Mateos alegando la radical diferencias de intereses.
