El Gobierno contrata para el SEPE al despacho que intentó cambiar el testimonio de Pano
IDBO Consultants fue adjudicatario del servicio del portal de Empleo días después del estallido del caso Koldo en 2024
La reunión del despacho IDBO con Meritxell Batet y el grupo parlamentario socialista.
La vínculos entre el despacho IDBO Consultants y el PSOE no se circunscriben a sus contactos en el grupo parlamentario o en la sede del partido en la calle Ferraz. El Gobierno de España contrató a la firma de la letrada Leticia de la Hoz, que ofreció un pacto a Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre los pagos a Ferraz, para hacerse cargo del servicio web de compliance del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tal y como figura en la página web del organismo. Las fuentes consultadas por este periódico revelan que este contrato, firmado en febrero de 2024 cuando estalló el caso Koldo, es el primer contrato que la consultora financiera obtuvo de la Administración General del Estado, pese a las múltiples conexiones reveladas por este diario, que ya existían entre el IDBO y miembros del Gobierno socialista.
El servicio adjudicado a IDBO responde al Sistema Interno de Información del SEPE, para canalizar las incidencias sobre posibles infracciones en el organismo público. Por este denominado ‘canal ético’ se adjudicó un total de 33. 446 euros anuales, prorrogables por tres años. Según se recoge en la web oficial del servicio público de empleo, los datos que se recojan en el citado portal «serán tratados por la empresa IDBO Consultants S.L.U con CIF B87229506 y domicilio en la calle Serrano, 32», donde Leticia de la Hoz y su socio, Ángel Prieto, citaron a Pano el viernes 21 de febrero, cuatro días antes de su declaración ante el Tribunal Supremo. El objetivo era trasladarle una oferta, «en nombre del PSOE» para «desvincular al partido y no mencionar a Santos Cerdán».
Por el citado contrato, el despacho que ofreció a Carmen Pano un pacto de 50.000 euros ampliables a 200.000 si cambiaba su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en la calle Ferraz, es adjudicatario de un contrato por parte del Gobierno como «encargada del tratamiento de los datos» y se compromete a «la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción».
El pacto a Pano: hasta 200.000 euros
Como desveló THE OBJECTIVE, el despacho de Leticia de la Hoz trabó relaciones con el PSOE en mayo de 2018, en una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, que fue el germen para la constitución de la fundación Infancia Robada. Un colectivo, presidido por el padre de una víctima de abusos sexuales en el seno De la Iglesia, Juan Cuatrecasas, cuya defensa en la causa ejerció Leticia de la Hoz, y cuya relación con el PSOE derivó en su fichaje de Cuatrecasas como número dos por La Rioja en las elecciones de noviembre de 2019.
Según contaron fuentes presenciales de los contactos, «en cuanto crearon la fundación, entraba por el Congreso como Pedro por su casa, promocionada por el PSOE». Y ello germinó en un «vínculo permanente con el PSOE» que motivó que el grupo socialista la eligiera en junio de 2020 como ponente en la Comisión de Derechos de la Infancia durante la elaboración de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada un año más tarde, en junio de 2021. Acudió varias veces más al Congreso de los Diputados a reunirse con el grupo socialista. Y en 2022, fue nombrada asesora del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, incorporándose en junio del ese año al equipo que redactó el informe sobre abusos en el seno de la Iglesia.
Ese mismo año, el despacho IDBO firmó una operación de emisión de deuda soberana de Guinea Ecuatorial, en cuyo proyecto se embarcó el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su mano derecha, Koldo García Izaguirre. Un negocio que fue avalado por la República de Guinea tras varios viajes al país africano en los que participó el propio Ábalos. En uno de ellos, el ex titular de Transportes se reunió en Malabo con el dictador Teodoro Obiang, en compañía del promotor del acercamiento ecuatoguineano, el ginecólogo Ignacio Palomo.
Dos años después, la consultora financiera que se promociona en su web como especialista en el «blanqueo de capitales» asumiría la defensa de los familiares directos de Koldo García Izaguirre tras estallar el Caso Koldo en febrero de 2024. Apenas dos días después de la detención de 21 personas y los registros domiciliarios de los implicados, entre quien se encontraba Koldo, su mujer Patricia Úriz, y su hermano Joseba, Leticia de la Hoz recibió el contrato del sistema interno de información del SEPES para «la lucha contra la corrupción».
«Desvincular al PSOE y no mencionar a Cerdán»
Según desveló en exclusiva este periódico, este despacho situado en la calle Serrano 32 de Madrid ha sido testigo del ofrecimiento de «pactos de silencio» a varios empresarios vinculados al sector de los hidrocarburos, a quienes se les ha mencionado la capacidad que el PSOE tendría para alcanzar pactos con la Fiscalía y atenuar las penas de quienes dejen «al margen al PSOE». Según diversos testimonios y pruebas documentales a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, a Carmen Pano se le ofreció una cantidad de 50.000 euros iniciales para el pago de la boda de su hija y el alquiler mensual de su hogar, más las facturas atrasadas, si cambiaba su testimonio sobre los billetes entregados a Ferraz por la entrega de «un sobre DIN-A4 cuyo contenido desconocía». La cantidad podría llegar a los 200.000 euros, asumiendo el pago del alquiler mensual de su residencia durante los próximos cinco años si «no tiraba de la manta», y cumplía con la exigencia expresada presuntamente por Leticia de la Hoz: «desvincular al PSOE y no mencionar a Cerdán».
La inquietud trasladada por el despacho «en nombre del PSOE» coincide con la publicación por parte de este periódico de la revelación de un empresario afín al PSOE, que señaló al actual secretario de Organización del PSOE como el «testaferro de Ábalos» y desveló la existencia de un «grupo acelerador» que cobraba un 20% de comisión a cambio de agilizar contratos de obra publica con el Gobierno. Según este testigo directo de las maniobras del entramado, el constructor Pepe Ruz era el líder y «recaudador» de este grupo, al que pertenecían también el presidente de Sortis, Israel Pilar, el comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
