Koldo García se negó a firmar una citación del Parlamento canario cuando fue al Supremo

El día que Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, debía someterse a una prueba caligráfica en el Tribunal Supremo, dos agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaron en el alto tribunal con un objetivo claro: que García firmase la citación que lo convocaba para comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento canario. Esta comisión indaga sobre el presunto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. La investigación gira en torno a posibles irregularidades en los contratos y la adquisición de material sanitario en un momento crítico de la crisis sanitaria.

Según fuentes que estuvieron presentes en el Tribunal Supremo ese día, Koldo García inicialmente parecía dispuesto a firmar la notificación. Sin embargo, su abogado intervino en el último momento y le aconsejó no hacerlo. Este gesto se convirtió en un punto de inflexión en la investigación, ya que se consideró como una negativa a cumplir con el requerimiento formal de la comisión parlamentaria.

Este lunes, García se ausentó por segunda vez del llamamiento realizado por la comisión del Parlamento canario. La primera vez que no acudió fue en junio, cuando también desatendió la citación para comparecer ante los miembros de la comisión. En ambas ocasiones, el asesor de Ábalos no se presentó, lo que ha generado un creciente malestar dentro del ámbito político. Tras la sesión de la comisión, el presidente de esta, Raúl Acosta, ha hecho declaraciones a los medios en las que ha explicado que la Mesa del Parlamento considera que la negativa de Koldo García podría constituir un delito de desobediencia, conforme al artículo 502 del Código Penal.

Este artículo establece que las personas requeridas por una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de comunidad autónoma que se nieguen a comparecer podrán ser castigadas como reos de desobediencia. Si la persona que incurre en la falta es una autoridad o funcionario público, como en el caso de García, la pena podría incluir la suspensión de su empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y dos años.

Denuncia ante la Fiscalía

Raúl Acosta ha explicado que, a pesar de los esfuerzos realizados para asegurar que Koldo García estuviera debidamente informado de su obligación de comparecer ante la comisión, su negativa a recibir la citación por parte de los agentes de la Policía Municipal refuerza la sospecha de que podría haber incurrido en un ilícito penal. Según Acosta, la actitud de García se entiende como una desobediencia a los requerimientos de la comisión, lo que ha llevado a la Mesa del Parlamento canario a tomar la decisión de remitir el caso a la Fiscalía.

Tras el último episodio de incomparecencia, Raúl Acosta ha reiterado que el Parlamento canario no escatimará esfuerzos para que todos los implicados comparezcan ante la comisión y aclaren su papel en los hechos investigados. La decisión de llevar el caso ante la Fiscalía se considera un paso importante para garantizar el cumplimiento de la ley y la transparencia en las investigaciones.

En cuanto a las futuras comparecencias, confirmó que la cita de José Luis Ábalos sigue en pie, prevista para el 21 de abril, mientras que la de Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno canario, se ha aplazado debido a un diagnóstico de cáncer, sin una nueva fecha definida por el momento.