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Tribunales

La Fiscalía apoya que Borràs no entre en prisión hasta que el Gobierno resuelva su indulto

La expresidenta está condenada a cuatro años y medio por los contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes

La Fiscalía apoya que Borràs no entre en prisión hasta que el Gobierno resuelva su indulto

Laura Borràs. | Glòria Sánchez (Europa Press)

La Fiscalía se posiciona con Laura Borràs. El Ministerio Público ha remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) donde apoya suspender su entrada en prisión hasta que el Gobierno resuelve su petición de indulto. La expresidenta del Parlament fue condenada en marzo de 2023 a cuatro años y medio de cárcel y 36.000 euros de multa por fraccionar contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para otorgarlos a dedo. La Justicia catalana confirmó el pasado febrero el fallo, así que la cuestión ahora es más política que judicial.

En un escrito remitido al TSJC, la Fiscalía comunica que no se opondrá a la solicitud de Borrás de que se suspenda su pena de prisión «con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto». El Ministerio Público recuerda que en el punto séptimo de la sentencia, la Sala ya proponía al Gobierno la concesión de un indulto parcial a la expresidenta de Junts. No obstante, recuerda que la medida de gracia se limita a la pena de prisión, por lo que tendrá que cumplir la inhabilitación de 13 años y a la multa impuesta.

El TSJC condenó en marzo de 2023 a cuatro años y medio de prisión a Borràs por fraccionar hasta 18 contratos para adjudicarlos a dedo. Los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). A pesar de imponerle la condena, los propios magistrados solicitaron al Gobierno un indulto parcial para rebajar la pena a dos años. De esa forma la dirigente, que fue suspendida como presidenta del Parlamento catalán, no tendría que entrar en la cárcel.

Los contratos de Borràs

La resolución contó con el voto particular de una de las magistradas, María Jesús Manzano, que se opuso a la pena de prisión de Borràs. En su opinión, la dirigente independentista solo debería ser condenada a inhabilitación. La condena a la presidenta de Junts también incluía una pena de 13 años de inhabilitación, lo que no supone que no pudiera volver al escaño, aunque sí pueda seguir teniendo responsabilidades en su partido.

Borràs fue condenada tras incurrir en un delito de prevaricación, tras otorgar al informático Isaías Herrero 18 contratos por un total de 335.000 euros para poner en marcha y mantener las webs de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Los magistrados entendieron que fueron troceados para que beneficiar a una sola persona y que deberían haber salido a concurso.

«Acordamos dividir el trabajo en varios contratos», declaró Herrero ante el tribunal. Este también afirmó que la que fuese presidenta del partido de Carles Puigdemont pidió que presentara tres presupuestos «comparsa» para cada trabajo con el objetivo de simular la concurrencia de ofertas. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, denunció entonces que el resto de defensas habían roto la estrategia conjunta, después de que sus clientes reconocieran el fraccionamiento de los contratos con el objetivo de evitar el ingreso en prisión.

Boye aseguró que Borràs quedaba en una situación de «indefensión» y acusó de parcialidad al presidente de la Sala, el juez Jesús María Barrientos. La expresidenta de Junts fue juzgada por prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía pedía seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, mientras que ella defendía su inocencia. En su opinión, en el juicio fue víctima de «una persecución política».

El TSJC confirmó el pasado febrero la sentencia a Borràs, por lo que su entrada en prisión se trata de una cuestión más política que jurídica. Dependerá de si el Gobierno decide concederle el indulto, algo que ya deslizó la sentencia inicial. Poco después de la resolución, y según avanzó este diario, fuentes gubernamentales negaron que contemplara la medida de gracia, aunque es cierto que el contexto era diferente, a las puertas de unas elecciones generales. El Ejecutivo también explicó su negativa porque se tratan de delitos relacionados con la corrupción, lo que dificultaba el perdón.



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