Koldo pide a García Ortiz que le aclare si la Fiscalía tiene un acuerdo con Aldama

Koldo García contraataca. El asesor del exministro José Luis Ábalos ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para pedirle información sobre un supuesto acuerdo entre Víctor de Aldama y la Fiscalía Anticorrupción, uno de los investigados en el caso de las mascarillas. El acuerdo, avanzado por THE OBJECTIVE, habría permitido al comisionista eludir la prisión preventiva que se dictó en otro procedimiento, el del presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional, también quiere saber si en el pacto participaron agentes policiales.

En su escrito, adelantado por El Periódico de España, Koldo García afirma «tanto por declaraciones expresas y reiteradas por el propio interesado», se revela «la existencia de un pacto entre el fiscal jefe Anticorrupción, el investigado Víctor de Aldama y un alto cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil». El exasesor de Ábalos, investigado en la Audiencia Nacional, reclama a García Ortiz que le informe sobre los detalles del acuerdo «como parte que podría verse perjudicada por el mismo».

El documento, fechado el pasado 20 de marzo, alude a unas manifestaciones realizadas por Aldama que evidenciarían el acuerdo. En opinión de Koldo García, se tratan de unas declaraciones «expresivas a la existencia de dicho acuerdo, las ha efectuado y reiterado no solo en los medios de comunicación tanto escritos como de TV y radio, sino también (…) en sede judicial». En caso de que se haya llegado a un pacto, el exasesor de Ábalos solicita de forma expresa a García Ortiz sus detalles y si participó «de algún u otro modo» un alto cargo de la UCO.

Koldo solicita información

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga a Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos, le dejó en libertad el pasado 21 de noviembre. El juez Santiago Pedraz tomó la decisión apenas unas horas después de la declaración del comisionista en el procedimiento de las mascarillas. El magistrado acordó una serie de medidas cautelares, pero no pudo oponerse a la liberación porque, como la causa estaba secreta, el único que podía oponerse era el fiscal de Anticorrupción, Luis Pastor (encargado también del caso Koldo).

Este diario narró que la decisión se tomó días antes y fue avalada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras un pacto ex ante que se escenificó con su autoinculpación en su primera declaración ante la Justicia. Según las fuentes consultadas, el acuerdo se cerró en un encuentro privado previo entre Luzón; el abogado de Aldama, José Antonio Choclán; y un mando de la UCO.

El letrado del comisionista acudió a ver al fiscal jefe de Anticorrupción para manifestarle la voluntad de su cliente de colaborar con la Justicia a cambio de su excarcelación. Choclán reafirmó el compromiso de Aldama de aportar la documentación en su poder sobre la presunta red corrupta que implicaba a altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez y la existencia del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. La cita tuvo lugar en el edificio de la Fiscalía Especial Contra La Corrupción y La Criminalidad Organizada, situado en la calle Manuel Silvela número 4, en Madrid.

Fuentes conocedoras del encuentro revelan a THE OBJECTIVE que el abogado solicitó a Luzón que se alcanzara un acuerdo para permitir la salida de su cliente de la prisión de Soto del Real, donde Aldama se encontraba desde octubre, cuando fue detenido por el presunto fraude relacionado con los hidrocarburos. Ese pacto habría motivado la profusa declaración del comisionista en sede judicial, llegando a autoinculparse en asuntos concretos sobre su participación en la trama de las mascarillas y revelando que hizo pagos a Koldo García, a Ábalos y a otros miembros del PSOE.

El pacto de Luzón

En esta reunión, Choclán ofreció a la Fiscalía una declaración detallada de Aldama, en la que este último se comprometía a desvelar dichos pagos a cambio de obtener adjudicaciones y aportar pruebas de sus acusaciones, algo que el exministro considera que no ha hecho aún. Luzón decidió consultar con un mando de la UCO encargado de la investigación de las mascarillas, que afirmó que se habían analizado el 25% del material incautado y contaban con pruebas suficientes, pero que si el comisionista podía aportar algo más sería perfecto.

García Ortiz montó en cólera al conocer el acuerdo, del que no había sido informado. Fuentes cercanas al caso explican que la razón de esta omisión fue una supuesta connivencia con el Gobierno de Sánchez. En opinión de estas, «si el fiscal general hubiese sido notificado del pacto con Aldama, podría haber reaccionado de manera tajante y haber anulado dicho acuerdo». El jefe del Ministerio Público solo tuvo conocimiento del acuerdo tras la declaración del comisionista en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre.