Malestar en Hacienda con la autora del informe favorable a David Sánchez: «La nombró ZP»

En un giro inesperado que ha levantado polvareda en la Agencia Tributaria, Clara Isabel Santos Diéguez, la actual responsable de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Extremadura, ha sido señalada como la coordinadora del polémico informe exculpatorio que sirvió para avalar la situación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este informe fue solicitado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en relación con las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de Sánchez en la Diputación de Badajoz desde 2017, así como su residencia fiscal en Portugal desde 2022.

El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, defendió que el informe emitido respaldaba la legalidad de la situación del imputado. Sin embargo, la reacción ha sido de incredulidad: fuentes internas del ministerio han denunciado que el documento carecía de los requisitos formales mínimos para ser considerado oficial. La ausencia de firma y membrete institucional generó serias dudas sobre su validez, levantando aún más sospechas sobre su autenticidad. Fuentes de la Agencia Tributaria en la Junta de Extremadura consultadas por THE OBJECTIVE han señalado a Santos Diéguez como una figura políticamente vinculada. Nombrada al frente de la delegación en 2021, su nombramiento se produjo bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes cercanas a su entorno destacan que Santos Diéguez es conocida por su marcada orientación política, descrita por algunos como «una persona del partido, muy socialista», lo que ha generado murmullos entre sus compañeros. Además, en un tono aún más crítico, se apunta que Santos Diéguez, al igual que David Sánchez, es prácticamente invisible en su puesto, con lo que algunos definen como un «absentismo laboral» en relación con su desempeño profesional.

Irregularidades en el informe

El informe en cuestión, que fue redactado por una comisión de inspectores encabezada por Santos Diéguez, ha suscitado una oleada de inquietud dentro del propio ministerio. María Encarnación Cabezas Martín, inspectora regional de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria, y Clara Isabel Santos Diéguez fueron los encargados de elaborar el documento que exoneró a David Sánchez de cualquier tipo de irregularidad en su relación con Hacienda. Este mismo informe fue objeto de una investigación por parte de la juez Beatriz Biedma, que, al haber detectado anomalías en el proceso, decidió interrogar en calidad de testigos a los responsables del mismo.

Expertos consultados por este periódico subrayaron que el procedimiento seguido en la elaboración de este informe es sumamente inusual y poco congruente con las prácticas estándar de Hacienda. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, lo que más llama la atención es que el informe fue firmado por tres inspectores directivos, cargos de libre designación, algo que rara vez ocurre en este tipo de procedimientos. Lo habitual, según los analistas, es que estos informes sean confeccionados por inspectores de base, aquellos encargados de la gestión directa y cotidiana, que se encuentran en contacto directo con la realidad del terreno. Estos inspectores, explican, son los que tienen el contacto diario con los ciudadanos, capaces de llevar a cabo exhaustivas investigaciones locales, como la toma de declaraciones testificales a vecinos o comerciantes. Este proceder es tan esencial que se compara, incluso, con casos mediáticos como el de la cantante Shakira, en el que los inspectores recogieron hasta cien declaraciones de testigos entre los vecinos para armar un caso robusto.

Sin embargo, lo que se ha presentado en el caso de David Sánchez es un informe que los expertos consideran superficial y falto de rigor. En su opinión, el documento parece haber sido confeccionado para cumplir con un propósito muy específico y se percibe, en ocasiones, como si estuviera redactado de forma que tratara de dificultar la comprensión de la jueza Beatriz Biedma. Un ejemplo de esta falta de profundidad se encuentra en la referencia a un certificado emitido en abril de 2024 por la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal que asegura que David Sánchez está al corriente de sus obligaciones fiscales. Este tipo de documento, argumentan los especialistas, no tiene valor probatorio real en términos fiscales. Cualquier individuo que se encuentre bajo sospecha de fraude puede solicitar un certificado similar, por lo que dicho dato no constituye una prueba concluyente. Además, esta es solo una parte mínima de lo que debería ser una investigación mucho más profunda y detallada, que vaya más allá de la simple consulta de archivos en la Agencia Tributaria o la entrega de documentos administrativos.