El juez exime a la 'dos' del PSOE de Madrid de la filtración del novio de Ayuso, pero ve «fisuras»
Hurtado descarta que Sánchez Acera participara, aunque no otorga credibilidad a su declaración como testigo

Óscar López conversa con Sánchez Acera en la clausura del Congreso del PSOE de Madrid el 2 de febrero. | Jesús Hellín (Europa Press)
Ángel Luis Hurtado exime a la número dos del PSOE de Madrid de la filtración de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez que investiga una presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid ha dictado este lunes un auto en el que descarta la participación de Pilar Sánchez Acera, exjefa de Gabinete del director de Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, actual líder de los socialistas madrileños. No obstante, el magistrado no otorga credibilidad a su declaración del pasado 12 de marzo en calidad de testigo y observa «fisuras» en su testimonio.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Hurtado desestima una serie de diligencias solicitadas por la acusación particular (que ejerce el novio de Ayuso, Alberto González Amador) y de la acusación popular Fundación Foro Libertad y Alternativa. Estas presentaron varias peticiones tras la declaración de secretaria de Organización del PSOE en Madrid y del exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés. Entre ellas, que se indagara en sus terminales móviles, pero también en la de otros dirigentes y empleados del PSOE.
El texto argumenta que las diligencias irían encaminadas a averiguar el posterior recorrido que tiene el correo de 2 de febrero de 2024 desde que llega a manos de Sánchez Acera, lo que entiende que «ninguna relevancia tiene en orden al objeto de investigación, porque, descartada una eventual participación de ella en la presumible filtración del secreto», por lo que «huelga extender la investigación sobre aspectos que solo aportarían información respecto de ese posterior recorrido».
Ascenso en el PSOE
Hurtado argumenta que debe descartarse la participación de la número dos del PSOE de Madrid del delito investigado. En primer lugar porque no concurre en la testigo la cualidad de ser el funcionario público que conoce los secretos que se revelan por razón de su propio cargo, único sujeto que podría cometerlo como autor. Y, en segundo término, porque desde el momento en que recibe una información reservada a la que ha dado publicidad otro, ella no hizo público secreto alguno.
Su conducta «se circunscribe a que, habiendo recibido el correo de 2 de febrero de 2024, presumiblemente filtrado de Fiscalía, con las alteraciones que al mismo pudiera haber contribuido que se le practicasen, lo hace llegar a Juan Lobato (entonces líder del PSOE en Madrid), para que este haga uso de él en la Asamblea de Madrid en la mañana del 14 de marzo del año pasado. No reveló nada, por tanto, y, en consecuencia, falta el primero de los requisitos para poderle considerar partícipe de un delito de revelación de secretos, que, como digo, es fundamental para tomar la decisión sobre las diligencias de investigación que solicitan las acusaciones», insiste el auto.
El magistrado añade que eso no significa que dé credibilidad al testimonio de Sánchez Acera, que fue nombrada secretaria de Organización del PSOE de Madrid en febrero. Para Hurtado, su declaración ofrece «importantes fisuras» a la vista de las diligencias practicadas. En particular, los datos objetivos que aporta el informe de la UCO del pasado 19 de diciembre, sobre el dispositivo móvil de Lobato, que se vio abogado a dimitir después de que trascendiera que había llevado al notario los mensajes que intercambió con ella por las dudas por la procedencia del documento.
La actuación de la número dos del PSOE de Madrid es, para el juez, un elemento más que apunta a que la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 sale, presumiblemente, de Fiscalía. Subraya que las respuestas que ofreció Sánchez Acera el 12 de marzo «dejan mucho que desear». E insiste. «Al preguntársele al respecto, manifestó que no recibió tal correo electrónico, sino que fue un documento, que le llegó mediante una fotografía de WhatsApp, que no recuerda quien se lo envió, respuesta que, en sí misma, no le resulta creíble a este magistrado».
El mensaje a Lobato
«Se trata de un documento al que da no poca importancia la propia Sánchez Acera, en la medida que, desde que le llega, lo pone en conocimiento de Juan Lobato, para que haga uso de él en la Asamblea de Madrid. No es, por lo tanto, explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento», insiste Hurtado.
Dicho comportamiento no es ejemplo, para el juez, de colaboración de cara al esclarecimiento de los hechos, pero no alcanza para atisbar participación penal alguna de Sánchez Acera en el delito de revelación de secretos. «Y por más que se pueda considerar reprobable, como así parece, incluso con aparente relevancia penal, de ser objeto de investigación debiera serlo en causa aparte» por falso testimonio, sobre lo que el magistrado no toma decisión alguna en el auto.
Sánchez Acera envió a las 8.29 horas del 14 de marzo del año pasado un pantallazo a Lobato con el email de la defensa de González Amador para que lo usara contra Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid de ese día. El antiguo líder de los socialistas madrileños preguntó de dónde había salido esa carta: «La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía».
La actual número dos del PSOE de Madrid respondió «porque llega, lo tienen los medios», y le aseguró que antes de que él exhibiera el documento ya estaría publicada en prensa. La UCO concluyó que Moncloa tuvo acceso al email de González Amador antes de que se publicara y especificó que lo conocían «al menos» cuatro personas, entre las que se encontraban Sánchez Acera, Vallès y el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, que el juez rechazó citar a declarar.