La Audiencia amenaza con multas a las regiones que no informen sobre las mascarillas
El juez les ordena que, en un plazo de diez días, notifiquen a quiénes compraron tapabocas y batas quirúrgicas
Un hombre usa una mascarilla mientras está sentado en un banco. | Europa Press
Último aviso del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional a varias comunidades autónomas ante la opacidad de las adjudicaciones concedidas durante pandemia. El tribunal ha emitido un nuevo oficio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva, en el que insta de nuevo a Cantabria, Aragón, Asturias, Extremadura y Ceuta y Melilla a esclarecer si acudieron al polémico Acuerdo Marco para comprar mascarillas y batas durante la vigencia de este (noviembre de 2020 a diciembre de 2021) como obligaba el contrato, o si bordearon el megacontrato de Illa comprando a través de otros procesos de contratación, como hizo el Gobierno de Canarias, entonces capitaneado por el ahora ministro Ángel Víctor Torres. El juez advierte al Ingesa y a las comunidades que en un plazo de diez días deben facilitar esta información.
Esta información fue solicitada por el juzgado de la Audiencia Nacional mencionado tras una demanda de una de las empresas seleccionadas en el Acuerdo Marco contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). En el auto –de diciembre de 2023–, el Juzgado exige tanto al Ingesa como a las comunidades autónomas y demás entidades adheridas a los lotes 1 (bata quirúrgica) y/o 7 (mascarillas quirúrgicas) que certifiquen «el número de contratos basados que se adjudicaron en los Lotes 1 y 7, desde la formalización del Acuerdo Marco hasta la fecha de su terminación», así como «el número de contratos que se adjudicaron por fuera del Acuerdo Marco en relación con los productos incluidos en los Lotes 1 y 7 desde la formalización del Acuerdo Marco hasta la fecha de su terminación».
Más de un año después del inicio de la fase de prueba, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura, Ceuta y Melilla no han presentado la documentación solicitada. Como consecuencia, recientemente, la empresa demandante, que exige ser reparada por daños y perjuicios, envió otro escrito de impulso por dilaciones indebidas. Ahora, el letrado de la administración exige a estas regiones que, en un plazo de diez días, presenten la documentación solicitada y advierte de las consecuencias que acarrearía dejar de cumplir con lo solicitado: «No habiéndose recibido informe de los organismos que a continuación se relacionan, procédase a librar nuevo oficio para que cumplan lo ordenado en el auto de prueba de 4 de diciembre de 2023 y 16 de enero de 2024, y remitan dichas certificaciones e informes en el plazo de 10 días, bajo los apercibimientos legales en el caso de no atender a dicho requerimiento», se desprende de la diligencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva.
El ‘megacontrato’ de Illa, un fracaso millonario
Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2021, el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de Salvador Illa, lanzó un Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros para centralizar la compra de material sanitario. Sin embargo, las comunidades autónomas apenas lo utilizaron, empleándolo solo en un 6% de los casos –según estimaciones del sector–, lo que dejó a numerosas empresas con grandes cantidades de stock inmovilizado, ya que los proveedores debían mantener existencias disponibles por contrato. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál fue el monto total finalmente ejecutado en la compra de dicho material –las estimaciones son del sector, ya que el Gobierno no se ha pronunciado al respecto–, así como tampoco se conoce el destino de los fondos no utilizados durante la vigencia del acuerdo marco.
Cuando este acuerdo entró en vigor, la Reserva Estratégica ya contaba con casi 600 millones de mascarillas. Durante ese periodo, muchas regiones fueron abastecidas directamente por el Ingesa con material adquirido mediante contratos de emergencia sin licitación previa, antes de la activación del gran contrato público.
En total, el Ministerio de Sanidad distribuyó más de 126 millones de mascarillas (126.730.000) a las comunidades autónomas mientras el Acuerdo Marco estaba vigente, lo que les impidió recurrir a él para nuevas compras. Esto afectó a regiones como La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León, que, aunque se habían adherido a la compra de los lotes 1 y 7, nunca llegaron a utilizarlos. Según informes remitidos al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional, los servicios de salud de estas comunidades confirmaron que no formalizaron contratos dentro ni fuera del Acuerdo Marco, ya que el Ingesa les suministró mascarillas quirúrgicas de manera gratuita y periódica.
Los casos de Canarias y Madrid
Canarias y la Comunidad de Madrid también se adhirieron al Acuerdo Marco para la compra de mascarillas y batas, sin embargo, en el caso de Canarias, nunca acudió a él para la compra de este material. La comunidad capitaneada por entonces por el ahora ministro Ángel Víctor Torres, adquirió miles de batas y mascarillas mediante otros procedimientos de contratación, eludiendo el Acuerdo Marco y a precios excesivos, incumpliendo la normativa vigente. Según documentos firmados por Sebastián Fuentes Tarajano, director general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, y en posesión de este medio, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 no se adjudicó ningún contrato basado en el Acuerdo Marco para la compra de material sanitario, pese a que la comunidad estaba adherida a este convenio.
Por su parte, la Comunidad de Madrid sí recurrió al Acuerdo Marco, pero incumplió su procedimiento en la compra de millones de batas quirúrgicas. Según las condiciones del contrato, debía priorizarse la empresa con la oferta más barata y, solo en caso de imposibilidad de suministro, acudir a la siguiente. Además, al repartir compras entre distintos proveedores, al menos el 60% del material debía adquirirse al ofertante más económico.
Sin embargo, los informes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) revelan que Madrid compró diez millones de batas a Iturri, la licitadora con el precio más bajo (1,60 euros por unidad sin IVA), por un total de 16 millones de euros. No obstante, 15 días antes, adquirió 20 millones de mascarillas a Garric Medica por 50 millones de euros (2,5 euros la unidad sin IVA), pese a que esta era la tercera empresa con el precio más barato para ese lote. La segunda opción más económica, Kaelis (1,94 euros por unidad sin IVA), no fue considerada, incumpliendo el Acuerdo Marco. Esta decisión supuso un sobrecoste de 11,2 millones de euros para las arcas públicas.