Escolano, socio de Aldama, guarda silencio sobre el presunto fraude de hidrocarburos
Según la investigación, es administrador de 17 sociedades, varias de ellas relacionadas con el comisionista
Luis Alberto Escolano a su llegada a la Audiencia Nacional | Alberto Ortega (Europa Press)
Luis Alberto Escolano, considerado “mano derecha” del empresario y comisionista Víctor de Aldama, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que le investiga por su presunta relación con un fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha continuado este martes con la ronda de interrogatorios de este procedimiento, en el que investiga un supuesto fraude de unos 231,7 millones de euros de una trama presuntamente liderada por Víctor de Aldama, expresidente del Zamora F.C. y uno de los principales imputados en el conocido como caso Koldo, según recoge EFE.
Según la investigación, Escolano es administrador de 17 sociedades, varias de ellas relacionadas con Aldama, y habría actuado como presunto testaferro de este empresario. Como Aldama, Escolano también está investigado en el caso Koldo -la presunta trama de comisiones en contratos públicos de mascarillas- y fue quien firmó el contrato de alquiler del piso que disfrutó la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Además de Escolano, este martes ha comparecido el administrador de otra empresa vinculada a la trama, Carlos Castillo. Ambos fueron detenidos el pasado mes de diciembre por este supuesto fraude. Según informan a EFE fuentes jurídicas, Castillo ha señalado que seguía instrucciones de Carmen Pano, la empresaria que afirma haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Madrid.
Carlos Castillo es, según plasma la Guardia Civil en sus informes, administrador de la empresa Combustibles Lucinala, de la que Carmen Pano era apoderada. En su declaración, ha manifestado que estaba desempleado y que esta empresaria le pagaba entre 400 y 700 euros de manera irregular.
La Guardia Civil sostiene que la trama usó las empresas Have Got Time y Combustibles Lucinala “con un claro propósito instrumental”. Primero, para “posibilitar el perfeccionamiento de delitos” contra Hacienda mediante el comercio de productos petrolíferos, que la Agencia Tributaria cuantificó en 49.213.613,36 euros de 2021 a 2022. Y después como medio para financiar “otras operativas criminales”.
El investigado, que solo ha contestado a su abogado, al juez y al fiscal, ha reconocido que participó en gestiones relacionadas con un poder para Víctor de Aldama -a quien ha dicho que vio tres veces- en el marco de la negociación de la compra de la operadora Metaway Combustibles, siguiendo instrucciones de Pano.
Según la investigación, los considerados líderes de la trama, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, junto a la familia Pano, realizaron, sin éxito, gestiones para adquirir esta operadora en paralelo a los trámites para obtener la licencia de Villafuel -empresa sobre la que pivota la causa-.
Carlos Castillo ha admitido que sólo realizó una transferencia de 8.000 euros a República Dominicana, y ha manifestado que las claves del banco las tenía Pano. El juez tiene previsto finalizar esta semana con los interrogatorios programados, entre los que también figura el del representante de la empresa Villafuel.