Un presunto testaferro cobró por figurar como gerente de una empresa de la trama del fuel

Carlos Castillo, presunto testaferro investigado en la causa en la que la Audiencia Nacional indaga en un presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que habría participado Víctor de Aldama –presunto conseguidor del ‘caso Koldo‘–, ha señalado este martes que cobraba entre 400 y 700 euros al mes por aparecer como administrador de la sociedad Combustibles Lucinala SL mientras estaba en el paro y que siempre creyó que era legal.

Fuentes jurídicas, consultadas por Europa Press, añaden que ha matizado que solo cobró esas cantidades durante dos meses, y que también ha asegurado que siempre estuvo en esa sociedad a las órdenes de Carmen Pano, quien figura como apoderada en Combustibles Lucinala SL y es la empresaria que sostiene haber entregado en la sede del PSOE en Ferraz cantidades en efectivo por valor de 90.000 euros por encargo de De Aldama.

Por su parte, Luis Alberto Escolano, hombre de confianza del empresario Víctor de Aldama y que figura como socio en diversas empresas del entramado empresarial investigado, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar indicando que su letrado se tenía que instruir antes en la causa.

Castillo ha comentado también ante el juez instructor Santiago Pedraz que coincidió en hasta tres ocasiones con De Aldama, y que en una de ellas hizo un poder para que éste pudiera operar con otra sociedad de las investigadas, Metaway Combustibles SL.

Según los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obrantes en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Metaway Combustibles SL se dedicaba a la venta de automóviles y vehículos de motor, al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares, y era intermediaria del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos.

A Castillo también se le ha interrogado por el detalle que aparece en esos atestados de que Claudio Rivas –presunto cabecilla de la trama junto a De Aldama– haría uso de un turismo que era titulado por Combustibles Lucinala SL. El presunto testaferro ha señalado que le constaba ese vehículo pero que desconocía que hubiera sido utilizado por Rivas. A todo esto ha sumado que solo intervino en una transferencia internacional de 8.000 euros con destino a República Dominicana para hacer frente a determinados gastos relacionados con abogados.

Más declaraciones

El juez, que investiga el presunto fraude cuantificado en 231,7 millones de euros, tiene agendadas para mañana miércoles las comparecencias de Francisca de Santos y de Francisco Javier Rodríguez. Ambos constan también como testaferros de la organización criminal para perfeccionar el fraude en el sector de los hidrocarburos.

En concreto, Francisca de los Santos estaba al mando de la suministradora Casmar Hidrocarburos SL, una sociedad interpuesta con la que la trama simulaba una transmisión de productos petrolíferos de manera que era esta empresa la que asumía la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente.

Según atestados de la UCO, Casmar Hidrocarburos fue utilizada por la organización criminal “para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad”. Francisco Javier Rodríguez figura como el sucesor de Francisca de los Santos al frente de Casmar Hidrocarburos SL y, al igual que ella “desarrollaba funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal”.

Ya el jueves 3 de abril será el turno de Jaime Salmerón, Iván Castañer y la propia operadora Villafuel. EL primero, según la UCO, era otro testaferro más y consta como administrador y socio único de la suministradora Carburantes Jalón Plaza SL.

Castañer, también testaferro, figura como administrador único de la sociedad Skyward Tech SL, otra de las suminitradoras interpuestas por la matriz Villafuel SL “para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”. Además, esta suministradora era utilizada por la organización criminal “para canalizar fondos de procedencia delictiva a China”.

La operativa para defraudar el IVA

El juez investiga en esta causa una operativa orquestada a través de la operadora Villafuel SL para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, un tipo de delito que cuenta con diversas causas abiertas en varios de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional.

En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos. Esta operadora va a los depósitos fiscales –donde se almacena el producto– a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema. El objetivo es “perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal” y “salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones” dado que obtener ese título de operador es complicado.