Perelló apremia a pactar antes de mayo la presidencia de las salas clave del Supremo
La presidenta del CGPJ da un ultimátum a los vocales, que ya han acordado un centenar de nombramientos
Perelló en la inauguración de unas jornadas de presidentes tribunales superiores en Mallorca. | Isaac Buj (Europa Press)
Golpe en la mesa de Isabel Perelló. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un ultimátum a los vocales después de que este martes se frustrara por segunda vez el intento para que los bloques acordaran los jueces que deben liderar las salas de lo Penal y de lo Contencioso, ahora con presidencias interinas. La magistrada retiró la propuesta del orden del día del Pleno, algo que aseguró que no iba a repetir. A continuación, apremió a los miembros del órgano de gobierno a consensuar la decisión antes de mayo, como ha sucedido con un centenar de nombramientos previos.
La dificultad para elegir a los presidentes de ambas salas clave del Supremo estriba en la exigencia de los que los acuerdos deben obtener el respaldo de tres quintos. Esto es, 13 de los 20 vocales que conforman el CGPJ. Se trata de uno de los puntos que pactaron PP y PSOE el pasado verano y que facilitó la renovación del Consejo con cinco años de retraso. Las diferencias entre ambas sensibilidades no son nuevas, aparecieron desde el principio. No obstante, en septiembre, a dos días de la apertura del año judicial, consiguieron llegar a un acuerdo in extremis para elegir como presidenta a Perelló.
La presidenta del CGPJ tuvo que retirar este martes del orden del día del pleno, por segunda vez, el punto sobre la votación de las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La falta de acuerdo entre progresistas y conservadores motivó una decisión que Perelló aseguró que no se va a repetir. Su intención es que los vocales voten a los candidatos en el Pleno previsto para el 23 de abril y, de no llegar a buen término, convocar un nuevo cónclave antes de mayo.
El acuerdo por Perelló
Los vocales conservadores defienden que sean los actuales presidentes interinos de ambas salas, Andrés Martínez Arrieta en lo Penal (donde sustituyó a Manuel Marchena) y Pablo Lucas en lo Contencioso-Administrativo, quienes continúen al frente. Los progresistas reivindican las candidaturas de Ana Ferrer para la Sala Segunda y de Pilar Teso para la Tercera.
La importancia de ambas salas reside en la trascendencia política de las decisiones que adoptan, ya que a la Penal le corresponde investigar aforados (como podrían ser diputados, ministros y el mismísimo presidente del Gobierno) y a la Contencioso-Administrativo decidir sobre los recursos contra las decisiones del Consejo de Ministros.
Son las únicas dos salas que siguen con presidentes provisionales, ya que el pasado 26 de febrero los vocales del CGPJ pactaron que el conservador Ignacio Sancho liderara la Sala de lo Civil y que la progresista Concepción Ureste presidiera la de lo Social. Perelló introdujo la votación en el punto en el orden del día pese a que era consciente de que no existía consenso, por lo que ambos sectores (cada uno tiene diez votos) le reprochan su intención de empujarles al pacto.
Perelló tiene decidido someter a votación los nombramientos el próximo 23 de abril para que los vocales tengan que retratarse. Los progresistas optan porque alguna de las salas sean dirigidas por una mujer para cumplir con la normativa de igualdad entre altos cargos. Fuentes del sector conservador les acusan de «estar en la estrategia de debilitar» a la presidenta. En su opinión, Perelló es consciente de que es un desafío contra ella, no contra Martínez Arrieta o Lucas, ya que «ninguno de los dos es conservador».
Sin ideología
De hecho, Martínez Arrieta forma parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Lucas no tiene adscripción, aunque le sitúan cerca de los progresistas. «No es un tema de ideología», insisten fuentes del sector conservador. Sin embargo, se cierran categóricamente a que Ferrer y Teso asuman la presidencia de las salas por «su marcado perfil ideológico». Desde enero, el CGPJ ha nombrado un centenar de presidencias del Supremo, tribunales superiores y audiencias provinciales. Este martes, una veintena y por unanimidad.
Los primeros nombramientos para cubrir las vacantes del Supremo soliviantó a buena parte de la carrera judicial. Los jueces consultados por este diario se quejaron de que el CGPJ siga politizando las designaciones, ya que de los 21 magistrados que se promocionaron el 29 de enero al Alto tribunal, solo tres no pertenecen a ninguna asociación judicial. Sin embargo, los no afiliados suponen el 42% del total. «Si el reparto hubiese sido equitativo, habrían copado nueve plazas», señaló un veterano magistrado.
El Pleno del CGPJ realizó el 29 de enero un total de 32 nombramientos de cargos judiciales por unanimidad. De estos, 21 corresponden al Supremo, que contará con ocho nuevas magistradas. Estas incorporaciones suponen casi duplicar la presencia de mujeres en el Alto tribunal, que pasan de 10 a 18. Las plazas estaban vacantes desde marzo de 2021, cuando el Gobierno aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impedía efectuar nombramientos discrecionales mientras el órgano de gobierno de los jueces tuviera en funciones.
Las fuentes consultadas son optimistas y recuerdan que el pasado septiembre una llamada de teléfono salvó in extremis la presidencia del CGPJ. El nombre de Isabel Perelló apareció cuando las negociaciones volvían a asomarse al abismo. La magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desde 2009 fue elegida presidenta del órgano de gobierno de los jueces. La primera mujer en la historia, un requisito indispensable para el sector progresista, que había propuesto a Teso y Ferrer. Los conservadores las vetaron entonces y siguen en esa línea.