Pumpido impone a su vicepresidenta como ponente de la amnistía para controlarla

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, forzó la designación de la ponencia de la amnistía a la vicepresidenta y magistrada progresista, Inmaculada Montalbán, para garantizarse el «control total» sobre su contenido. En la comunicación enviada hace semanas por el presidente a la Corte de Garantías y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se informa de la elección de Montalbán como ponente en el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía «a quien por turno corresponde», según reza el documento, «en sustitución del magistrado José María Macías Castaño al que correspondía la ponencia, al haberse estimado su recusación».

Fuentes del Tribunal Constitucional denuncian a este periódico la falsedad sobre la que se sustenta esta comunicación, ya que a quien correspondía el turno era a la magistrada Laura Díez, la «sustituta natural» por ser «la más moderna» después de Macías, dado que el «el turno se aplica de menor a mayor», de más moderno a más veterano, y no al contrario. Una tradición inveterada que sólo contravendrían unas normas escritas de forma explícita, extremo que no se ha producido: «No están publicadas las normas de reparto», señalan desde el órgano.

Pese a su adscripción política -Díez era directora general en el Palacio de la Moncloa con Félix Bolaños hasta su nombramiento-, desde la Corte de Garantías apuntan a que Díez no actúa «tan al dictado» del presidente como sí hace fielmente su mano derecha, Inmaculada Montalbán, en quien recaen todos los recursos más polémicos y políticos. Montalbán fue la ponente de la decena de sentencias sobre los ERE de Andalucía, cuyo borrador de corrección de la sentencia adelantó este periódico. También se encargó de la ponencia para el recurso de la Ley del aborto, la recusación del magistrado Macías y, ahora, el recurso de inconstitucionalidad número 6436-2024 promovido por más de 50 diputados y más de 50 senadores del Grupo parlamentario Popular en relación con la Ley Orgánica 1/2024 de la Ley de amnistía «para la normalización institucional, política y social en Cataluña».

Una elección «a dedo» de Pumpido

Una designación «a dedo» de Cándido Conde-Pumpido que, según fuentes jurídicas, persigue tutelar el contenido del borrador en un asunto de extrema sensibilidad y «máxima prioridad» para el Constitucional y para el Gobierno. Algo que se suma a la composición sesgada de los integrantes del equipo de trabajo de la amnistía. Como adelantó THE OBJECTIVE, el Tribunal Constitucional ha pisado el acelerador y pretende alumbrar un dictamen favorable a la ley de amnistía para los delitos de malversación en el mes de junio, para lo cual un grupo de cinco letrados, todos adscritos al grupo mayoritario, trabaja en un borrador que está «bastante avanzado» y que se entregará antes de Semana Santa.

Los cinco letrados están adscritos al bloque progresista: dos de ellos al propio presidente Pumpido; uno a Juan Carlos Campo; otro a Inmaculada Montalbán y el último a Ramón Sáenz. Unos nombramientos para los que el presidente del Tribunal Constitucional invoca el artículo 15 de la Ley Orgánica de funcionamiento de dicho tribunal, que le habilita para «nombrar a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal». Sin embargo, sus contrarios en el órgano denuncian que Pumpido «invoca una cláusula de nombramientos y se saca de la chistera un turno que nadie conoce, contrario a los precedentes».

Respecto a los próximos pasos, según ha podido saber este diario, el grupo de trabajo dirigido por el secretario general adjunto, Juan Carlos Duque, se reunirá esta semana con Inmaculada Montalbán para perfilar el documento. La vicepresidenta del Constitucional es la persona de la máxima confianza de Pumpido, susceptible de incorporar «el toque» que el presidente quiere conferir a uno de los textos jurídicos más susceptibles de ser estudiados en los próximos años, tanto en España como en Europa. Pumpido no es ajeno a la pretensión del Tribunal Supremo de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), una vez se consume la corrección de su doctrina sobre la malversación.

Un texto para ‘sobrevivir’ al TJUE

La cuestión no es menor y anticipa un conflicto sin precedentes entre los dos órganos de Justicia. Un choque de trenes al que podría sumarse el retorno del expresidente fugado, Carles Puigdemont, a España, al hacerse efectiva su medida de gracia, en caso de que no existan medidas cautelares que las paralicen. Tras su fugaz retorno a España en el verano de 2024 durante la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, seguido de una nueva fuga, Puigdemont ha condicionado todas las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez a que cumpla sus compromisos incumplidos. Y el primero de ellos es la amnistía.

En Moncloa confían en que las maniobras de Pumpido sirvan para desbloquear la legislatura, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, después de que Junts haya endurecido su oposición en las últimas semanas, multiplicando sus coincidencias de voto con el PP en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, se hayan producido más derrotas parlamentarias del Gobierno de coalición. La amnistía de Puigdemont es el último comodín de Pedro Sánchez para salvar la legislatura y conseguir agotar su mandato hasta 2027.