La Agencia Tributaria ha perdido 2.900 juicios durante la última década

La Agencia Tributaria, el organismo encargado de la gestión, inspección y recaudación de los impuestos en España, ha perdido 2.900 juicios durante la última década y oculta el dinero que tuvo que devolver a los denunciantes, tal y como indican los datos de una resolución del Portal de Transparencia de esta institución pública a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE.

El número total de sentencias desfavorables a la AEAT entre los años 2015 y 2024 es de 2.912. Esta cifra, desglosada por años, queda de la siguiente manera: 328 en el primer año, 367 en 2016, 312 en 2017, 349 en 2018, 302 en 2019, 195 en 2020, 255 en 2021, 347 en 2022, 202 en 2023 y 255 en el año 2024.

Este número de procedimientos judiciales perdidos por la Agencia Tributaria, como apuntan desde la entidad, son únicamente en los que la institución fue parte directa del proceso, es decir, no incluye la mayoría de los litigios tributarios, ya que, los juicios contencioso-administrativos (que tratan disputas sobre la legalidad de las decisiones administrativas, como las que toma este organismo), que son los más comunes, en su mayor parte no involucran directamente a la administración fiscal.

En cuanto al desglose según sentencias, señalan que estas cifras recogen resoluciones desfavorables, incluyendo también los autos, es decir, las resoluciones judiciales que aunque no sean definitivas son también decisiones del juez o tribunal (no sentencias finales, sino decisiones intermedias o parciales que se toman a lo largo del proceso). Del mismo modo, apuntan que «habría que examinar expediente por expediente» para distinguir si se trata de fallos definitivos o no.

Por otro lado, desde la institución pública no indican la cantidad de dinero devuelto a contribuyentes o empresas debido a los juicios perdidos porque «no se dispone de la información, ya que no está parametrizada informáticamente para su explotación, resultando técnicamente muy complicada su obtención, al no tratarse de una mera extracción de datos, agregación o suma de éstos, o un mínimo tratamiento».

Motivos para llevar a juicio a la Agencia Tributaria

Aunque normalmente la institución pública actúa dentro de los márgenes legales y administrativos, existen situaciones en las cuales es posible llevar a juicio a la Agencia Tributaria. Algunos de los motivos principales son: actuaciones arbitrarias o ilegales, errores en la liquidación de impuestos, procedimientos de inspección abusivos, inobservancia de los derechos del contribuyente, cobro de deudas injustificadas, sanciones tributarias desproporcionadas, incumplimiento de resoluciones judiciales, responsabilidad patrimonial del Estado o infracciones en los procedimientos administrativos.

Los tribunales competentes para resolver estos conflictos relacionados con la Agencia Tributaria son, generalmente, los tribunales contencioso-administrativos. Los contribuyentes que sientan que se han vulnerado sus derechos o que han sido víctimas de actuaciones ilegales pueden interponer una demanda a través de estos procedimientos. Es importante señalar que, antes de llegar al juicio, muchas de estas disputas pueden resolverse a través de recursos administrativos o procedimientos de reclamación previos.

La Agencia Tributaria puede llevar a juicio a una persona o entidad cuando considera que ha habido un incumplimiento significativo de las obligaciones fiscales. Esto, generalmente, sucede tras un proceso administrativo que no se resuelve de forma favorable para la parte afectada. Algunas de las causas más comunes por las que la institución lleva a personas físicas o jurídicas a los tribunales son: fraude fiscal, impago o liquidaciones incorrectas, sanciones desproporcionadas o injustificadas, oposición a acuerdos administrativos y contradicciones con la normativa tributaria.

El caso de Xabi Alonso

Un ejemplo de sentencia desfavorable para la Agencia Tributaria es la que tuvo lugar con el exfutbolista español Xabi Alonso. El que fuera jugador del Real Madrid estuvo involucrado en un juicio con la entidad pública por un presunto fraude fiscal relacionado con sus derechos de imagen. Según la acusación, el que fue residente fiscal en España y pagó el IRPF en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, no declaró los rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen porque había cedido su explotación a una empresa radicada en Portugal.

La Agencia Tributaria estimaba que Alonso había defraudado a Hacienda dos millones de euros y argumentaba que, el entonces entrenador de fútbol, había intentado ocultar su verdadera fuente de ingresos y pagar menos impuestos de los que le correspondían. Durante el juicio, Xabi se defendió alegando que todo se había hecho en amparo a la ley y afirmaba que estaba convenido de su inocencia.

En la sentencia absolutoria del TSJ, del verano del año 2021, los magistrados sostenían que los hechos encausados podían encajar en la figura de fraude de ley, pero no había simulación, porque el hecho imponible gravado -la explotación de los derechos de imagen por cesión de su titular- tuvo lugar realmente y no se falseó la realidad. Alonso, según el tribunal, actuó «en la creencia de que ese proceder era conforme a Derecho».

Así lo sentenció también la Audiencia Provincial de Madrid, que apuntó que «si la cesión de los derechos del jugador a Kardzali (la empresa de Madeira) fue real y esta entidad realizó una activa intervención en su explotación las pretensiones acusadoras decaen». Además, apuntó que no se trataba de «ingresos opacos, ocultos, falseados o excluidos por el contribuyente al conocimiento de la Agencia Tributaria».