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Tribunales

El varapalo judicial a la Universidad Rey Juan Carlos aflora un agujero de 300.000 euros

Los tres años de actividad de los departamentos que ha tumbado la Justicia suponen un sobrecoste en remuneraciones

El varapalo judicial a la Universidad Rey Juan Carlos aflora un agujero de 300.000 euros

Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos. | URJC

El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto el debate sobre lo que califica de «chiringuitos» en la universidad pública. Tiene un plan para vetar a aquellos centros con menos de 4.500 alumnos, alegando que su existencia y actividades afectan gravemente a la universidad pública. Sin embargo, la pública no está exenta de polémica. Tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) acaba de sufrir un varapalo judicial tras anularse la división del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología en tres secciones. Se hizo, concluye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin todos los documentos requeridos para llevar a cabo ese plan. Esa división ilegal, que ahora se deberá revertir si no hay recurso, provocó un gasto extra al centro de 304.000 euros por la necesidad de contratar personal extra al triplicar la estructura del departamento. Fuentes internas explican que hay un profundo malestar con este asunto entre los docentes, que reclaman responsabilidades. «¿Nadie piensa dimitir?», se preguntan.

La Universidad Rey Juan Carlos ha gastado en los últimos años una cantidad superior a los 304.000 euros debido a los costes extraordinarios asociados a la división en tres áreas de lo que antes era una sola. El Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología quedó dividido en 2021 en tres secciones pese a que no se cumplían -y así avisaron muchos docentes- los requisitos documentales previos a esa decisión. Una de esas secciones fue encargada a Salvador Perelló, el profesor que filtró el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

Ahora, la Justicia ha tumbado aquella decisión, obligando a la universidad pública a volver al momento previo a la división. Sin embargo, el funcionamiento de esta estructura dividida durante tres años y medio en que ha estado en vigor ha provocado duplicidades y triplicidades en cuanto al personal requerido por esas áreas. Y eso ha provocado un gasto de dinero público extra para la institución, que viene reclamando desde hace años una mejor financiación ante uno de los males endémicos que coinciden en señalar desde las universidades públicas: la falta flagrante de fondos.

La división en tres departamentos ha provocado que se deban abonar salarios a personal extra como secretarios administrativos, secretarios académicos, remuneración al personal directivo y contratación de profesores por descarga. Eso, unido a otros gastos, hace que el cálculo interno que se realiza en la URJC supere los 300.000 euros.

Varapalo judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la resolución que permitió la división del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología en tres secciones, tal como reclamó una de las profesoras afectadas. La catedrática Clara Muela, quien llegó a dirigir provisionalmente una de estas unidades, argumentó que la medida no cumplía con los requisitos legales. Por su parte, su sucesor, Salvador Perelló, sostiene que la reestructuración no puede considerarse una nueva creación y que se ajusta «estrictamente» a la normativa vigente. Perelló es el docente que destapó el caso Cifuentes, la investigación que sacó a la luz la obtención fraudulenta de títulos académicos.

Según la sentencia a la que ha accedido THE OBJECTIVE, el TSJM ha dado la razón a Muela, catedrática de Publicidad, al estimar su recurso. El 22 de julio de 2021, el Consejo de Gobierno de la URJC aprobó la división del departamento en tres secciones, pero los magistrados de la Sección Octava han ordenado que el procedimiento vuelva a su punto de inicio para que se tramite conforme a la normativa vigente. La sentencia puede ser recurrida en casación en un plazo de 30 días.

El equipo de Ramos, rector saliente, ofreció repetidas prórrogas para regularizar la situación. Una vez terminados los plazos, que se pospusieron hasta en dos ocasiones, la irregularidad no quedó resulta. Perelló, el profesor que filtró el caso Cifuentes, explicó a este diario por teléfono en plena polémica que el departamento no debía acogerse a esas normas al no ser considerado de nueva creación. Una tesis que descarta ahora la sentencia del TSJM.

La situación generó episodios muy intensos en la URJC. El catedrático que desveló el caso Cifuentes y la profesora Rosa Berganza iniciaron en octubre de 2021 una guerra abierta contra la demandante porque, según fuentes próximas a esta última, no cedió a las exigencias para que convocara unas elecciones a director del departamento, lo que hubieran sido ilegal a tenor de la normativa. Perelló llegó interponer una querella contra su predecesora por prevaricación administrativa, aunque la asesoría jurídica de la universidad avaló a Muela.

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