Vox pide a la juez que investigue si David Sánchez ha solicitado la nacionalidad japonesa

Vox marca en corto a David Sánchez. La formación que preside Santiago Abascal ha solicitado a la juez que instruye la causa contra el hermano del presidente del Gobierno que investigue si «está realizando o ha realizado recientemente gestiones encaminadas a la obtención o reconocimiento de la nacionalidad japonesa», país de nacimiento de su pareja. Según el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el objetivo es «prevenir cualquier intento o elusión de la Justicia». Los juristas consultados subrayan que las posibilidades de que el músico regatee la acción judicial son mínimas, ya que en caso de viajar a Japón existen acuerdos de extradición entre ambos países.

«Como es conocido por este juzgado, la esposa y la hija del investigado David Sánchez, las señoras Kaori Matsumoto y K.S. (sobrina del presidente del Gobierno), poseen la nacionalidad japonesa. Este hecho resulta especialmente relevante en el contexto actual, habida cuenta del avanzado estado de la investigación judicial», esgrime el escrito de Vox. La petición será presentada a través de Manos Limpias, que ejerce la dirección letrada del caso.

Este diario avanzó el pasado verano que David Sánchez estaba casado con una diplomática japonesa, Kaori Matsumoto, con la que tiene una hija que nació el 19 de abril de 2022, según el documento de identidad de la menor. La fecha coincide con el inicio del permiso de paternidad que el músico solicitó a la Diputación de Badajoz. La mujer habría recibido un trato especial del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Incluso consiguió un puesto de nueva creación relacionado con Naciones Unidas a principios del año pasado. La cuñada del presidente del Gobierno acabó renunciando después del revuelo que causó la noticia.

La hija de David Sánchez

Matsumoto iba a tomar posesión del puesto el pasado verano, indican fuentes de Naciones Unidas. De hecho, desde Nueva York se solicitó un visado para ella y su hija el pasado 7 de junio. «Esta persona no trabaja en ninguna agencia de la ONU en Madrid. No está en el listado de funcionarios internacionales en España», cerró el debate el departamento que lidera Albares. Fuentes conocedoras de la relación sostienen que la diplomática se encuentra en estos momentos en Japón.

Vox teme que David Sánchez pueda estar realizando gestiones para conseguir la nacionalidad japonesa, lo que en su opinión podría facilitar una hipotética fuga. Sin embargo, juristas especializados y fuentes de la propia Embajada de Japón en España señalan que los requisitos para conseguir la nacionalidad son «estrictos». Para obtenerla es necesario disponer de un domicilio en el país durante cinco años, que se reducen a tres en caso de estar casado con un nacional, y a uno si el matrimonio se produjo hace tres años.

La Oficina de Lucha contra el Terrorismo en la que estaba previsto que trabajara Matsumoto fue impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras un acuerdo con la ONU, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de octubre de 2022. En el artículo X del acuerdo se asegura que tanto la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) en Madrid, como su personal, «gozan de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo VII del Acuerdo de Sede».

El texto añade que «en virtud del artículo XII del Acuerdo de Sede, el jefe de la oficina del programa y los funcionarios de la OLCT, destinados en la oficina gozarán, mientras se encuentren en España, en relación con ellos mismos, sus cónyuges y los familiares a su cargo, de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades que normalmente se conceden a los representantes diplomáticos». Los juristas consultados por este diario indican que los diplomáticos tienen inmunidad penal y civil en el país anfitrión, prebenda de la que no disponen sus familiares.

Investigado por cinco delitos

David Sánchez está acusado de cinco delitos: contra la Administración y la Hacienda pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz, puesto que ocupó en junio de 2017. Manos Limpias denunció que el músico no acudía a su puesto de trabajo, que residía en Portugal para no tributar impuestos en España y que tuvo un aumento patrimonial sin justificación. Un informe sin firmar de la Agencia Tributaria le exoneró de las cuestiones económicas.

El hermano del presidente del Gobierno se encuentra en la diana desde hace un año, lo que le llevó a abandonar su puesto en la Diputación de Badajoz en febrero. La Guardia Civil considera que existen «indicios racionales de criminalidad» sobre la presunta comisión de delitos contra la Administración pública y Hacienda pública en la adjudicación del puesto de trabajo. Los investigadores sospechan que técnicos y dirigentes políticos pudieron haber realizado «una serie de actos preparatorios» para otorgarle el puesto.