La juez de la dana descarta investigar al Gobierno: «No hay relación con las víctimas»
La magistrada de Catarroja acusa a la Generalitat de pasividad en la alerta a la población ante el temporal

Coches amontonados en una zona afectada por la dana. | Carlos Luján - Europa Press
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión institucional durante la dana del pasado 29 de octubre, ha rechazado la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación Liberum para que se preguntara al Gobierno central si se convocó el Consejo de Seguridad Nacional. La jueza considera que «no hay ninguna relación causal» entre ese hecho y las víctimas mortales registradas en la riada.
En un auto difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), la instructora argumenta que «el análisis de la convocatoria de ese órgano queda extramuros completamente del procedimiento penal» y que «carece de nexo causal alguno con los fallecimientos y lesiones» ocurridos durante el desastre.
La resolución, que no es firme y puede ser recurrida en reforma o apelación, subraya que el juzgado «carece de competencia» para analizar si el presidente del Gobierno convocó o no dicho consejo. El objeto del procedimiento, recuerda, es «el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de ocho meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población».
La jueza remite la responsabilidad a la Generalitat Valenciana, al señalar que «la protección civil es una competencia exclusiva autonómica», según el Estatuto de Autonomía. Además, recuerda que el Consell es el órgano superior de dirección en esta materia, como fija la Ley valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
«El Consejo de Seguridad Nacional no tiene relación alguna»
En este sentido, la jueza insiste en que las pruebas deben centrarse en «el nexo causal entre la inactividad de los investigados, su posición de garantes y los fallecimientos», advirtiendo de que cualquier otro enfoque supondría «un análisis genérico sin conexión con lo sucedido». Recalca así que «ninguna relación tiene con el Consejo de Seguridad Nacional».
La instructora también responde a las alegaciones sobre la declaración de emergencia nacional, recordando que «ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración Autonómica Valenciana», pese a que entre los investigados figuran la entonces consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, y el secretario autonómico Emilio Argüeso. «Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía dicha declaración», afirma.
Asimismo, niega que la declaración de emergencia catastrófica, que corresponde al president de la Generalitat, fuese necesaria para alertar a la población o activar protocolos de autoprotección. «La incapacidad en la toma de decisiones no puede justificar la búsqueda reiterada de una normativa alternativa», concluye.
Críticas a las estrategias defensivas
En el mismo auto, la magistrada reprocha a algunas defensas que intenten desplazar la responsabilidad al Gobierno central. Para la instructora, esto supone «un reconocimiento explícito de la pasividad de la Administración Autonómica», que «no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población». Y sentencia: «Si se sigue esa tesis exculpatoria, debería habérsele arrebatado el mando de la emergencia».
También arremete contra los intentos de algunas partes de someter a ciertos testigos a interrogatorios «propios de un investigado», lo que califica como «una actuación contraria a cualquier tipo de garantía procesal y a las reglas de la buena fe».
Por último, el juzgado ha aplazado las declaraciones de dos técnicos que ejecutaron el envío del mensaje de alerta ES-Alert. Estaban previstas para el 29 de abril, pero se celebrarán finalmente los días 6 y 15 de mayo, respectivamente.