García Ortiz coloca a un afín en un puesto que decidirá sobre el delito por el que está imputado

El Consejo Fiscal ha celebrado este martes un Pleno en el que se ha elegido a cuatro nuevos fiscales de Sala a propuesta del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. De los cuatro nombramientos, el más polémico es el del fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública. El elegido ha sido el fiscal Emilio Sánchez Ulled, que se declaró «de izquierdas» y presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue el fiscal de la causa por el referéndum ilegal del 9-N en Cataluña y del caso Palau. Su papel será clave para el caso de las filtraciones que amenaza a García Ortiz, imputado en el Tribunal Supremo tras constatarse que borró todo el contenido de sus chats en su móvil oficial.

Se trata de un puesto de nueva creación que surgió mediante un Real Decreto con «extraordinaria urgencia» y que en la Fiscalía Anticorrupción ven como un intento por desviar allí los casos de corrupción sensibles para el Gobierno, de forma que la Fiscalía General pueda ejercer un mayor control sobre esas causas en un momento judicial crítico para el Ejecutivo con el avance del caso Begoña Gómez y el caso Koldo.

Además, entre las competencias de Sánchez Ulled como nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública se encuentra la potestad para fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos, el mismo que imputa el Tribunal Supremo a García Ortiz por las filtraciones sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Críticas y sospechas de fiscales

La creación vía Real Decreto y con urgencia de este puesto ya despertó recelos entre los fiscales, ya que se trata de un puesto cuyo terreno afecta directamente ya no sólo al futuro juridical del Fiscal General, sino también a las causas de corrupción política como las que actualmente afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el tráfico de influencias del caso Begoña Gómez hasta la presunta malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal que se imputa al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Según ha informado la Fiscalía General, esta nueva área se crea en el marco del Plan de Regeneración Democrática, aprobado por el Gobierno en septiembre de 2024 y servirá para «reforzar la lucha contra la corrupción de manera complementaria a la Fiscalía Anticorrupción».

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, que hasta ahora se ha hecho cargo de todas las causas de corrupción que afectan al Gobierno, se sospecha que este movimiento puede provocar cambios en cómo se instruirán este tipo de casos en el futuro. Se teme que este nuevo puesto aglutine las investigaciones más sensibles políticamente para el PSOE, de forma que la Fiscalía General pueda controlarlas con mayor facilidad.

Pero sin duda los más críticos con esta decisión han sido los miembros de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria, que en una durísima carta enviada a García Ortiz le pedían que se apartase de la decisión del Consejo Fiscal al entender que no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad. Su abstención en este proceso es inevitable y, en tanto, extraer del orden del día del próximo Consejo Fiscal la propuesta de nombramiento de la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública una necesidad que debe contribuir a la mayor credibilidad de nuestra institución.

Los fiscales de la AF exigieron a García Ortiz que «no comprometa más la imagen de nuestra institución, no la someta nuevamente a escarnio, poniendo en entredicho su imparcialidad y neutralidad. Su abstención en este proceso es inevitable y, en tanto, extraer del orden del día del próximo Consejo Fiscal la propuesta de nombramiento de la plaza de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública una necesidad que debe contribuir a la mayor credibilidad de nuestra institución», según la carta.

Incidían, además, que el nuevo nombramiento tendrá un peso definitivo en «la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal actualmente en trámite de instrucción ante la Sala Segunda contra la persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado, en su calidad de investigado por un delito contra la Administración Pública».

«No es admisible que un fiscal general del Estado pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente», zanjaron desde la Asociación de Fiscales, pidiendo explícitamente a García Ortiz su «abstención» en el Pleno del Consejo Fiscal.

Perfil de Ulled

Emilio Jesús Sánchez Ulled es fiscal desde 1994. En la actualidad se encuentra destinado en servicios especiales ya que desde junio de 2017 es Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas.  Antes ejerció en Badalona, Manresa, Cornellá, Sabadell, Mataró y Barcelona.  En 2002 se integró en el Servicio de Delincuencia Económica, y en el Servicio de Cooperación Internacional de esta última Fiscalía. 

Desde 2005 hasta 2017 fue Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia). Ha tenido a su cargo la investigación y posterior participación en procedimientos judiciales ante la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional por grandes fraudes financieros.

Fue también responsable de las relaciones de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Fiscalía Provincial de Barcelona con los medios de comunicación entre 2007 y 2008. 

Otros tres fiscales de Sala

Entre los otros tres nombramientos que ha votado este martes el Consejo Fiscal han recaído en Fernando Rodríguez Rey, nuevo fiscal de Sala de Delitos Económicos -también de nueva creación-. Fiscal desde 1991, sus primeros destinos fueron la Fiscalía del TSJ de Cataluña y la Fiscalía Provincial de Barcelona. Entre 2018 y 2020, fue Fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y de 2021 a 2022, Fiscal de Sala Delegado para Delitos de Odio y Discriminación, cargo en el que cesó para pasar a ser Delegado de Delitos Económicos. 

Para la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, el Fiscal General ha propuesto el nombramiento de Mª Eugenia Prendes Menéndez, Fiscal Superior de Asturias desde septiembre de 2024.

Por otra parte, el hasta ahora Fiscal Adscrito al Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega ha sido propuesto para ocupar la plaza de Fiscal de Sala de esta especialidad. Fiscal desde 2002, ha ejercido en las Fiscalías de Cádiz, Pontevedra y Madrid. Es también juez en excedencia.

Además de las cuatro Fiscalías de Sala, el Fiscal General ha informado también al Consejo Fiscal de las propuestas de nombramiento a distintas plazas en las Fiscalías del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (dos plazas).

Para la plaza del Tribunal de Cuentas, la candidata propuesta es Gloria Alonso Ballesteros, mientras que para la Fiscalía Anticorrupción los propuestos son Elisa Lamelas Oliván y Diego Lucas Álvarez.