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Tribunales

Maniobra de Moncloa para controlar los casos de corrupción: García Ortiz decidirá su reparto

La Fiscalía Anticorrupción podría perder en el futuro investigaciones sobre delitos que salpiquen al Gobierno

Maniobra de Moncloa para controlar los casos de corrupción: García Ortiz decidirá su reparto

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto

El Gobierno de Pedro Sánchez, actualmente cercado por varias causas judiciales por delitos de corrupción que afectan incluso a la esfera familiar del presidente -como el caso Begoña Gómez-, ha consolidado su plan para minimizar el impacto político de futuras investigaciones por estos delitos. La clave de bóveda de este movimiento es la creación de la figura del Fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, vía Real Decreto de urgencia, y el nombramiento para ese puesto de un fiscal con perfil afín al Gobierno. Un cargo que solapa competencias con la Fiscalía Anticorrupción. En caso de conflicto por determinar quién se hace cargo de un caso de corrupción, será el propio fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien dirimirá el asunto y lo repartirá a conveniencia.

La creación del puesto y el nombramiento del fiscal Emilio Sánchez Ulled este pasado martes será un antes y un después en la forma en que se investigarán los casos de corrupción que afecten a la Administración Pública. Su nombramiento se produjo durante un Pleno del Consejo Fiscal que fue de todo menos tranquilo: la mayoría de los vocales, siete en total, se negaron a votar su nombramiento al estar propuesto por García Ortiz y al entender que no existía neutralidad por parte del fiscal General.

El Gobierno, de donde parte la iniciativa para crear esta nueva figura, justifica su decisión asegurando que supondrá un refuerzo para la lucha contra la corrupción. Sin embargo, entre los fiscales se entiende que si ese era el objetivo perseguido, se podrían haber dedicado los esfuerzos en nutrir de recursos a la Fiscalía Anticorrupción. El puesto de fiscal de Sala para Delitos contra la Administración Pública va acompañado del nombramiento de dos fiscales, es decir, tres puestos que podrían haber reforzado a Anticorrupción.

Decide García Ortiz

El cambio que introduce Moncloa en la Fiscalía supone que a partir de ahora se puedan producir colisiones entre Anticorrupción y el nuevo fiscal de Sala cuando irrumpa un nuevo caso de corrupción. Si se da la situación de que ambos estamentos reclaman como propio el caso, se producirá un conflicto de competencias que deberá dirimirse en la Fiscalía General. Será García Ortiz quien determine, basándose en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, si el caso reviste «especial trascendencia». Si así lo dictamina el fiscal General, el caso irá a Anticorrupción. Si es al contrario, irá al fiscal que nombrado a propuesta suya.

Si este puesto de fiscal de Sala se hubiese creado antes de la irrupción del caso Koldo, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción y esta nueva figura podrían haber chocado a la hora de solicitar la investigación. En ese caso, García Ortiz podría haber decidido que al ser una causa que inicialmente afectaba a un simple asesor ministerial no revestía de esa «especial trascendencia». Por tanto, Anticorrupción se hubiese quedado sin caso y este lo habría conducido un fiscal afín.

Koldo, Begoña o «El Hermanísimo»

De esta forma, el Ejecutivo consolida a través de la Fiscalía General del Estado un cortafuegos para futuribles casos de corrupción con especial peso político, como los que afectan actualmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a su hermano David Sánchez o a los miembros de su Consejo de Ministros alcanzados por las ramificaciones del caso Koldo.

Además, entre las competencias de Sánchez Ulled como nuevo fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública se encuentra la potestad para fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos, el mismo que imputa el Tribunal Supremo a García Ortiz por las filtraciones sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El perfil «progresista» de Sánchez Ulled

Emilio Jesús Sánchez Ulled es fiscal desde 1994. En el pasado se declaró «de izquierdas» y presidió la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Fue el fiscal de la causa por el referéndum ilegal del 9-N en Cataluña y del caso Palau

En la actualidad, se encuentra destinado en servicios especiales, ya que desde junio de 2017 es Consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas. Antes ejerció en Badalona, Manresa, Cornellá, Sabadell, Mataró y Barcelona. En 2002, se integró en el Servicio de Delincuencia Económica y en el Servicio de Cooperación Internacional de esta última Fiscalía. 

Desde 2005 hasta 2017, fue Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y de 2000 a 2002 fue designado como Experto Nacional de la Oficina Europea Antifraude (OLAF) en Varsovia (Polonia). Ha tenido a su cargo la investigación y posterior participación en procedimientos judiciales ante la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Nacional por grandes fraudes financieros.

Fue también responsable de las relaciones de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Fiscalía Provincial de Barcelona con los medios de comunicación entre 2007 y 2008. 

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