El Supremo abre otra pieza contra García Ortiz tras recibir los datos de Google y Whatsapp

El Tribunal Supremo abre otra pieza separada contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras recibir la información de Google y Whatsapp a través de una comisión rogatoria que se había enviado a Irlanda sobre su móvil. El juez Ángel Hurtado ha dado un mes de plazo a la Unidad Operativa Central (UCO) de la Guardia Civil para que analice las llamadas y mensajes del fiscal general entre el 8 y el 14 de de marzo de 2024, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

El Supremo mantiene sobre García Ortiz una investigación por un presunto delito de revelación de secretos. El magistrado ha abierto ahora una pieza separada, que queda bajo secreto del sumario por espacio de un mes, para que la Benemérita analice «una carpeta zip» comprimida en la que ha llegado el material este martes a través de la delegación española en Eurojust.

En el citado auto se subraya que la documentación relativa a la ejecución de la comisión rogatoria en su día remitida a Irlanda «apunta a haber obtenido la información que se interesaba como primer paso de la diligencia acordada». Es decir, que Google y Whatsapp han conseguido extraer los mensajes y correos que el fiscal general borró inmediatamente en cuanto supo que era investigado.

Ambas tecnológicas confirmaron en marzo a la Guardia Civil que guardaban los mensajes eliminados por Álvaro García Ortiz. En este sentido, la UCO remitió sendos oficios al Supremo para informarle de que ambas compañías habían respondido de forma afirmativa a su requerimiento para conservar los datos telefónicos del fiscal general, investigado por un delito de revelación de secretos tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El juez que instruye la causa ya desestimó los recursos del jefe del Ministerio Público y mantuvo las comisiones rogatorias.

Whatsapp respondió al requerimiento inicial el pasado 29 de enero, según el oficio al que tuvo acceso THE OBJECTIVE. Google contestó unos días más tarde, el 10 de marzo, «confirmando que se ha procedido a lo solicitado». El magistrado Ángel Hurtado dictó entonces sendas comisiones rogatorias a Irlanda «con el fin de tratar de asegurar y proteger los datos que las mercantiles Whatsapp y Google podrían poseer en relación a los hechos investigados».

La intención de Hurtado es recuperar la información que envió y recibió García Ortiz en su teléfono entre el 8 y el 14 de marzo del año pasado, fechas en las que se habría producido la filtración de los correos donde González Amador admitía haber cometido dos fraudes fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía para librarse del juicio que podría condenarle a penas de cárcel. Los investigadores han acreditado que el fiscal general cambió de teléfono cuando ya estaba siendo investigado, algo que explicó por un protocolo de protección de datos del Ministerio Público.

Los mensajes de García Ortiz

La UCO solicitó los pasados 28 y 30 de enero a ambas compañías que aseguraran la custodia de los datos, que podrían estar relacionados con la filtración de información confidencial sobre el novio de Ayuso. El magistrado solicitó a Whatsapp los mensajes recibidos y/o enviados por García Ortiz, indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones, tanto archivos multimedia como el registro de las comunicaciones (fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación). A Google le requirió los datos almacenados y vinculados a su cuenta, que el fiscal general también habría eliminado.

Hurtado también ordenó cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos para obtener información de los servidores de Whatsapp, bajo jurisdicción estadounidense. La decisión responde a una comunicación que remitieron las autoridades irlandesas, que indicaron que la solicitud de información a la compañía de mensajería instantánea debía dirigirse al país norteamericano.

El juez que instruye el caso de García Ortiz en el Supremo también solicitó detalles técnicos sobre la autenticidad de los documentos difundidos y la posible trazabilidad de los mensajes relacionados con la filtración. Esta información resultaría clave para avanzar en la causa, que pone en cuestión al máximo responsable del Ministerio Público, que trata de anular el proceso asegurando que el registro de su despacho el pasado 30 de octubre fue desproporcionado.

El magistrado adoptó la decisión al considerar que la solicitud de la UCO era «razonable» y «coherente» para intentar recuperar la información de las aplicaciones de mensajería vinculadas a los teléfonos del fiscal general. Esta medida tiene lugar después de que la Guardia Civil informara de que había hallado «cero mensajes» en los dispositivos que le fueron incautados durante su registro.

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