Una acusación particular pide investigar al subdirector de Emergencias de la dana
FETAP-CGT denuncia ante la juez «manipulaciones y omisiones graves» en el informe remitido por Jorge Suárez al juzgado
Coches amontonados en una zona afectada por la dana. | Carlos Luján - Europa Press
La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), una de las acusaciones particulares en el proceso judicial que investiga la gestión de la dana de octubre de 2024, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que valore el cambio de condición del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, de testigo a investigado, al considerar que su actuación, o su omisión de funciones, «podría derivar en responsabilidades penales».
En un escrito remitido al juzgado, FETAP-CGT denuncia «graves irregularidades» en el informe presentado por Suárez el pasado 7 de abril, considerado «fundamental para esclarecer las circunstancias» de las trágicas inundaciones en la rambla del Poyo». Según el sindicato, el documento contiene «omisiones, errores y manipulaciones» destinadas a falsear la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, minimizando la responsabilidad de la Generalitat en los hechos.
Entre las irregularidades señaladas, destacan la «eliminación de funciones críticas» atribuidas al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y al director del plan, como la coordinación de actuaciones o la activación de mecanismos de emergencia en el momento oportuno. También acusan al informe de «ocultar» la obligación del CCE de transmitir información activa a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Aemet, y no limitarse a una recepción pasiva de datos.
Manipulación de fases y omisión de responsabilidades
El sindicato alerta además de una «confusión interesada» entre las fases de preemergencia y emergencia, desdibujando las obligaciones de actuación desde las primeras señales de riesgo. También critica la «omisión deliberada» de los responsables directos del Plan Especial, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas, cuya intervención habría sido clave para declarar la emergencia y coordinar recursos mediante la activación de Puestos de Mando Avanzados, que nunca llegaron a constituirse.
FETAP-CGT acusa asimismo a la Generalitat de «intentar trasladar la responsabilidad» de la gestión de la emergencia a los ayuntamientos y a la Administración General del Estado, presentando los Planes de Actuación Municipal como la única herramienta de respuesta, pese a que la dirección debía recaer en el gobierno autonómico.
Denuncian riesgos y daños agravados
La acusación considera que hechos como «la falta de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de rondas informativas y los avisos confusos» agravaron los daños materiales y «pusieron en grave riesgo la vida de cientos de personas». FETAP-CGT tacha de «especialmente grave» que, pese a declararse la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo a las 12.25 horas del 29 de octubre, no se realizaran las actuaciones específicas que exigía el propio plan de protección civil.
«La estrategia de manipulación en sede judicial emprendida a través del informe de Jorge Suárez pretende minimizar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en los trágicos acontecimientos», advierte el sindicato en su escrito.
Por todo ello, FETAP-CGT reclama que se depuren responsabilidades y que no se desplace sobre otras administraciones una culpa que corresponde a los responsables autonómicos de la gestión de la emergencia.