La juez apunta al líder del PSOE extremeño por la creación de la plaza de David Sánchez

La juez apunta al líder del PSOE de Extremadura por la creación de la polémica plaza de David Sánchez. Beatriz Biedma considera que «no es verosímil» que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, desconociera la situación. La magistrada ha concluido la investigación y considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno por prevaricación y tráfico de influencias. También propone juzgar al secretario general de los socialistas en la región, al exasesor de Moncloa que logró otro puesto en el área de Cultura y a otros ocho cargos del ente provincial.

«El carácter jerárquico y concentrado de las entidades locales, entre ellas y especialmente de las diputaciones, hace inimaginable que los cargos inferiores tomen decisiones importantes sin el conocimiento de su superior. En este caso, habiéndose afirmado por los directores de los conservatorios que era de conocimiento generalizado que el puesto estaba destinado al «hermanísimo» (en referencia de David Sánchez) no es verosímil que dicho hecho no fuera conocido por el presidente de la Diputación, directores y diputados de Cultura y resto de investigados», señala el auto de procedimiento abreviado.

La magistrada señala que aunque Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno cuando se creó el puesto, «sí que había sido secretario general del PSOE entre 2014 y 2016 y volvió a serlo en mayo de 2017, siendo nombrado presidente del Gobierno en junio de 2018». El músico se convirtió en julio de 2017 en coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. Gallardo preside la Diputación de Badajoz desde julio de 2015 y se convirtió en líder de los socialistas en la región en marzo del año pasado.

La plaza de David Sánchez

Biedma le señala como uno de los responsables de la contratación, ya que como presidente de la Diputación, ostenta la competencia para el nombramiento y el cese del personal. El auto sostiene que «es inverosímil que, conociéndose de forma generalizada en el ámbito de Cultura desde el momento de la creación del puesto que el mismo estaba destinado a ser adjudicado al señor Sánchez, no supiera dicha circunstancia y no participara directamente en los hechos».

Los testigos han relatado a la juez que existían indicios de que la plaza iba a ser para David Sánchez antes de que se adjudicara, incluso quienes iban a ser sus subordinados se enviaron un email el día que se publicaron las bases con la palabra «hermanísimo» en el concepto. «La propia Elisa Moriano, en su correo del 11 de octubre de 2016 utilizó la expresión han decidido, refiriéndose evidentemente a personas que estaban por encima de ella en el organigrama y que eran más de una», insiste el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En opinión de la magistrada, «no es lógico pensar que la diputada de Cultura y la directora de Cultura, cuyas relaciones institucionales seguramente no excedían del ámbito provincial, decidieran por sí mismas la creación de ese puesto de trabajo para el hermano de un político muy importante en el PSOE, sino que, por la propia naturaleza de las cosas, el máximo responsable político de la Diputación, su presidente, debió tener intervención directa en dicha decisión, a petición de persona o personas relacionadas con el entorno más cercano de David Sánchez, que conocían la profesión de este y que carecía de empleo estable».

Biedma subraya en el auto la importancia que ha tenido en la investigación el análisis de los correos cruzados entre investigados y testigos. Especialmente, el de los directores de los dos conservatorios que David Sánchez iba a coordinar. Uno de ellos, Evaristo Valentí, remitió a su compañera un email con el asunto «hermanísimo» el 19 de mayo de 2017, el mismo día en que la Diputación de Badajoz publicó las bases de la plaza. En opinión de la juez, se trata de una «alusión clara y directa» al hermano del presidente del Gobierno, que consiguió el puesto.

«La punta del iceberg»

La magistrada reconoce que en los delitos contra la Administración pública es fundamental la prueba indiciaria. Sin embargo, subraya que estos delitos «de despacho» van precedidos de conversaciones y actos preparatorios «que es muy difícil que estén
documentados».

«Por tal razón fue fundamental la intervención de los correos electrónicos, debiendo destacarse que lo allí extraído solamente sería la punta del iceberg de lo verdaderamente comentado y preparado, pues normalmente, esas conversaciones delicadas no se mantienen a través de medios que dejen rastro y siempre, por el propio conocimiento que se tiene de que lo que se está haciendo no es lícito, se suele actuar de espaldas a cualquier testigo que pueda denunciar los hechos», insiste Biedma.

El auto señala que no ha sido posible recuperar los correos electrónicos de Gallardo. Ni los de su cuenta de la Diputación de Badajoz, que aseguró que no utilizaba, ni los del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde fue alcalde entre 2003 y marzo del año pasado, y donde continúa siendo concejal. «A pesar de ello, han sido examinados a lo largo de la presente resolución diferentes indicios de la comisión de los delitos», que se apreciarían en la falta de «explicación racional» de los hechos investigados y en la celeridad de los trámites.

La juez también habla de la existencia de varias resoluciones administrativas que contendrían una declaración de voluntad de contenido decisorio. Entre ellas, la propuesta de creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios el 17 de octubre de 2016 firmado por Moriano, directora de Cultura, y Cristina Fernández, diputada del área. El 30 de junio del año siguiente fue Gallardo quien, como presidente de la Diputación, firmó un documento disponiendo la contratación de David Sánchez como personal de alta dirección.