El Supremo abre una nueva causa contra Alvise por sus ataques a una fiscal de Valencia

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa contra el eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise. En esta ocasión, por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. Se ha designado instructor por el turno establecido al magistrado Juan Ramón Berdugo. Es la tercera causa que enfrenta el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) en el Alto tribunal, que ya abrió diligencias contra él por un supuesto caso de financiación ilegal y por falsificar presuntamente el PCR del exministro de Sanidad Salvador Illa.

El tribunal basa su decisión en la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que incoó diligencias tras la denuncia interpuesta por Gisbert contra Alvise. Le atribuye un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales. En su denuncia, la fiscal daba cuenta de unos mensajes que se habían divulgado en su contra en un chat de Telegram. Como consecuencia de ello, personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada.

La Sala Segunda del Supremo acuerda abrir una investigación a Alvise al considerar que su actuación puede responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking, «pues su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia».

Tercera causa contra Alvise

El auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, considera que Alvise era consciente de que «ahora las perseguidas son ellas», lo que muestra indiciariamente que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima, a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto».

El pasado 28 de enero del año pasado a las 18.38 horas, Alvise habría publicado en su canal de Telegram el mensaje: «Aquí tenéis el organigrama completo con nombre y apellidos de las personas responsables de la persecución ideológica llamada delitos de odio. Esta gente es la que nos está multando e intentando meter presión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una invasión. Están organizados por ciudades. Busquemos sus identidades».

Alvise incluyó una imagen de la denunciante, a la que señaló con nombre y apellidos: «Susana Gisbert Grifo; la responsable en Valencia de haber exigido tres años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra inmigración e invasión juntas». La Policía Nacional afirmó que ese mensaje había producido la reacción inmediata de sus entonces 40.000 seguidores, quienes efectuaron más de 1.500 comentarios contra la fiscal. Muchos de ellos reflejaban la voluntad de perseguirla y atacarla.

En los mensajes se llegaron a difundir también diferentes perfiles de redes sociales de Gisbert y de su hija «para que los usuarios pudieran dirigirse a ella y divertirse». Alvise publicó otro mensaje el 1 de febrero del año pasado en el que incorporaba una fotografía que reflejaba a la fiscal y a otras personas reunidas con el siguiente texto: «Aquí tenéis a Susana Gisbert tomándose una caña con Loreto Ochando (la periodista de Público a la que le filtra todo y que ha escrito hoy en el artículo contra nosotros). Son amigas de farras y se hacen favores mutuamente».

«Jarabe democrático»

Este modus operandi es habitual en Alvise, que recientemente instó a sus seguidores a dar «jarabe democrático» a Diego Solier, uno de los eurodiputados de SALF, tras romper con la formación política con la que se presentó a los comicios europeos de junio del año pasado. «Diego Solier cierra sus redes sociales tras filtrarse que se reunió en secreto con un alto cargo del PP antes de la traición a los 800.000 votantes de SALF y a Alvise Pérez, y recibir una oleada nacional masiva de críticas por aferrarse al acta europea», indicó el activista en su canal de Telegram hace unas semanas.

Meses antes, en noviembre, Alvise pidió a sus seguidores que se desplazaran hasta las puertas de la Audiencia Nacional el mismo día que debía declarar por la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, que afirma haber entregado 100.000 euros al eurodiputado para financiar su partido. El Supremo abrió en abril dos causas contra el líder de SALF, una presunta financiación ilegal y otra por difundir una prueba PCR falsa del actual presidente de la Generalitat. Para investigarle es necesario solicitar el suplicatorio al Parlamento Europeo, dado su aforamiento.