El Supremo propone juzgar a un senador de Coalición Canaria por denuncia falsa
Los hechos tuvieron lugar cuando Pedro Manuel Sanginés presidía el Cabildo de Lanzarote
Sanginés, a la izquierda, acude a declarar al Supremo en abril del año pasado. | Gustavo Valiente (Europa Press)
El senador Pedro Manuel Sanginés (Coalición Canaria) está a un paso del banquillo. El juez del Tribunal Supremo Vicente Magro ha propuesto juzgar al expresidente del Cabildo de Lanzarote por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa. El magistrado adoptado la decisión después de que la Sala de lo Penal anulara el archivo de la causa el pasado abril. El instructor otorga un plazo de 10 días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Magro dicta el auto tras la decisión de la Sala de lo Penal, que anuló el auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa el pasado 17 de abril y ordenó continuar con las pesquisas. La Sala estimó los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular.
El magistrado acuerda seguir adelante con la causa al considerar que «existen elementos bastante para considerar provisionalmente al investigado (…) posible responsable de los hechos que revisten caracteres de delito de falso testimonio (…) y acusación y denuncia falsa». Los hechos se remontan a 2009, cuando Sanginés ostentaba el cargo de presidente del Cabildo insular de Lanzarote y del ente público de empresa local centro de Arte, Cultura y Turismo, el EPEL-CACT.
Irregularidades en las contrataciones
El actual senador de Coalición Canaria compareció en noviembre de ese año de forma voluntaria en dependencias de la Guardia Civil de Costa Teguise para poner en conocimiento de los agentes presuntas irregularidades en la contratación de determinados servicios atribuidas a diversas personas. Irregularidades que, según consideraba, podrían ser útiles de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias.
Sanginés señaló la actuación de Carlos Espino, entonces jefe de gabinete de Presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, y del empresario Antonio González Medina, ya fallecido. El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el senador de Coalición Canaria, y por tanto aforado, hizo la denuncia narrando irregularidades que constituían varios delitos contra la Administración Pública «con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma».
El actual senador de Coalición declaró en sede judicial como testigo en julio de 2011, donde «volvió a manifestar faltando a la verdad objetiva» los delitos imputados a González Medina. Una versión que mantuvo en 2019 «con desprecio a la verdad objetiva». Al margen de este procedimiento, el año pasado la Sala de lo Penal del Supremo ya archivó otro asunto relativo a Sanginés, en el que se investigaban presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.
La Sala de lo Penal acordó no admitir a trámite el procedimiento contra el senador de Coalición Canaria y dictó el archivo de las actuaciones respecto al mismo. No obstante, devolvió el asunto al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife para que continuara con la investigación de los hechos respecto al resto de personas no aforadas por la supuesta contratación irregular de un abogado en las empresas públicas Insular de Aguas de Lanzarote SA (INALSA) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.