Varapalo al policía de confianza de Ábalos: archivada su querella contra otros agentes
Eladio fue rescatado por el exministro que le nombró director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis del Mitma
El director de Crisis, Rubén Eladio López, junto al ministro de Transportes, José Luis Ábalos
Nuevo varapalo judicial al policía de confianza de José Luis Ábalos, el inspector Rubén Eladio López Martínez, quien fuera exnúmero dos del comisario Marcelino Martín-Blas en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, expulsado de la investigación del caso Nicolay y, posteriormente, imputado por un delito de retardo en la Administración de Justicia. Ambos fueron señalados como destacados exponentes de las cloacas del Ministerio del Interior. Pero tras la jubilación de Martín-Blas, Rubén Eladio fue rescatado por el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien lo colocó como director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un mes después del Delcygate. Su papel trasciende de un policía que promociona a la sombra de un político.
Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado, de forma definitiva y sin que quepa la posibilidad de recurso, una querella interpuesta por este agente contra el comisario principal y exsecretario general de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Félix Álvarez Saavedra; quien fuera su jefe en la DAO de la Policía, Florentino Villabona, comisario principal jubilado en la actualidad; y el exjefe de la unidad adscrita a los juzgados de Madrid Pedro Agudo.
Los magistrados han sido claros: los hechos descritos por el querellante no constituyen delito alguno. En su querella, el inspector acusaba a sus antiguos superiores de un supuesto delito de revelación de secretos, alegando haber sido objeto de una vigilancia ilegal mediante cámaras instaladas en la vía pública. No obstante, el tribunal no solo ha descartado la existencia de delito, sino que ha ratificado que dicha vigilancia fue legal, autorizada judicialmente y encuadrada dentro de una investigación formal. «Ninguno de los querellados reveló secreto alguno», afirma el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, subrayando que la instalación de dispositivos de grabación en espacios públicos no solo no es constitutiva de delito, sino que se ajustó a derecho y estuvo amparada por una resolución judicial.
Este nuevo revés se suma a una larga lista de episodios que rodean la trayectoria de López Martínez. Su caída en desgracia comenzó en el marco de la investigación del llamado caso Nicolay —más conocido como el caso del pequeño Nicolás—, cuando la jueza Pilar Martínez lo apartó de la instrucción por un retraso inexplicable en la entrega de un informe policial clave. La magistrada había ordenado al inspector que remitiera un documento concluyente sobre la relación de pruebas existentes, pero este dilató su entrega sin justificación aparente. Su demora, interpretada como una maniobra para influir en el curso del proceso y favorecer a determinados encausados, terminó costándole la confianza del juzgado.
El policía de Ábalos
Tras su expulsión de aquella investigación, y con su imagen profesional en entredicho, el inspector encontró refugio en el gabinete del entonces ministro José Luis Ábalos. Fue nombrado, casi en silencio y apenas un mes después del escándalo del Delcygate, director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Crisis del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Aquella designación fue vista por muchos como un gesto de gratitud, o incluso de protección, hacia un policía cuya lealtad parecía inquebrantable. Desde entonces, su papel ha dejado de ser el de un agente técnico para convertirse en el de un operador en la sombra, asesorando a Ábalos en cuestiones sensibles que iban más allá del ámbito estrictamente institucional.
Las fuentes consultadas por este medio señalan un patrón ya conocido en su forma de actuar: una tendencia a instrumentalizar los mecanismos judiciales como herramienta de presión y de venganza. «Tiene una afición casi compulsiva a interponer querellas, muchas de ellas sin fundamento, contra periodistas y policías que investigan la corrupción», afirma una fuente próxima al caso. Esa inclinación litigiosa, convertida en estrategia de defensa y ataque, ha sido duramente criticada por los propios magistrados en su resolución, que reprenden al inspector por hacer un «uso incorrecto, a veces abusivo, del ordenamiento jurídico penal».
De hecho, su nombre también aparece en los correos electrónicos incautados durante la instrucción del caso Koldo, otra pieza clave del engranaje político-judicial que ha puesto en jaque al entorno del exministro Ábalos. En esos mensajes, Rubén Eladio López ofrecía asesoramiento para responder con querellas a las informaciones publicadas por periodistas que investigaban el Delcygate, un escándalo que aún hoy arroja sombras sobre las conexiones entre el poder político y determinadas actuaciones policiales.
A día de hoy, todas las querellas impulsadas por el inspector en relación con ese asunto han sido archivadas. La última, como tantas otras, ha acabado en un nuevo carpetazo judicial. Una derrota más para quien fuera, en tiempos no tan lejanos, uno de los hombres mejor posicionados en los entresijos del poder.