Enfado en Anticorrupción por el carpetazo de la Audiencia Nacional al rescate de Plus Ultra
Los magistrados inadmitieron la denuncia por falta de competencia y no la remitieron a los juzgados de Plaza de Castilla
Un avión de Pluz Ultra. | EFE
En la sede de la Fiscalía Anticorrupción, ubicada en el número 4 de la calle Manuel Silvela en Madrid, se percibe un ambiente de creciente malestar. La causa de este descontento: la decisión de la Audiencia Nacional de cerrar la puerta a la investigación del polémico rescate público de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra. Fuentes del Ministerio Público han expresado a THE OBJECTIVE su desconcierto ante lo que consideran una actuación contraria a los procedimientos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El pasado 21 de octubre, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional centrada en el posible uso indebido de los fondos públicos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La denuncia señalaba que Plus Ultra, controlada en parte por accionistas venezolanos, habría utilizado el dinero público para devolver préstamos a sociedades investigadas en Francia y Suiza por operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a la cleptocracia venezolana.
Según la Fiscalía, tal y como adelantó ABC, los movimientos financieros bajo sospecha se habrían producido justo después de recibir la ayuda estatal. Informes del Parquet National Financier francés y de la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales de Suiza (MROS) apuntan a una red empresarial vinculada a funcionarios chavistas que habría canalizado fondos de origen ilícito procedentes, entre otros capítulos, de la venta de oro del Banco Central de Venezuela y de los programas de alimentos CLAP. Estas compañías prestaron fondos a Plus Ultra, que devolvió tras recibir el rescate del Gobierno. La Fiscalía sostiene que esta operación pudo haber encubierto maniobras de blanqueo.
La reacción de la Audiencia Nacional
El Juzgado Central de Instrucción número 2, dirigido por el juez Ismael Moreno inadmitió la denuncia alegando falta de competencia. La Fiscalía recurrió ante la Sala de lo Penal, pero los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez confirmaron la decisión. En lugar de remitir la causa al juzgado que considerasen competente, recomendaron a la Fiscalía que presentara la denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, dirigido por la magistrada Esperanza Collazos, quien ya había archivado el caso de forma provisional.
Desde el Ministerio Público no ocultan su malestar. «Si un órgano judicial se declara incompetente, debe remitir las actuaciones al que considere competente, no devolverlas a la Fiscalía», apuntan fuentes internas. Lo que se esperaba era una inhibición formal a favor del juzgado de Plaza de Castilla, no un carpetazo.
El artículo 25 de la LECrim establece que «el Juez o Tribunal que se considere competente deberá promover la competencia. También acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde». Sin embargo, en este caso, los magistrados de la Sala de lo Penal optaron por devolver la denuncia a la Fiscalía, en lugar de inhibirse a favor del órgano que considerasen competente.
La decisión ha sido interpretada por algunos como una falta de diligencia en la persecución de posibles delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos y ha provocado un gran enfado dentro de la Fiscalía Anticorrupción.
Archivada por un error
En la investigación que estuvo abierta en Plaza de Castilla, la magistrada citó al representante legal de la aerolínea para aclarar los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación. La jueza instructora estimó conveniente escuchar a la empresa tras el informe de los peritos, que señaló que parte del rescate del Gobierno a Plus Ultra se destinó a un pago a Petróleos de Venezuela (PDVSA) nada más cobrar la ayuda estatal.
Plus Ultra señaló que Petróleos de Venezuela es un proveedor de la compañía y que cuando recibió el rescate procedió a ese pagó porque «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales». La empresa señaló, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistió en que este «problema» afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela. Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que «lo habitual» en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
Sin embargo, la juez nunca llegó a interrogar al representante legal porque, debido a un error en la instrucción, la causa fue archivada. Según la ley procesal, la investigación judicial debe durar un máximo de 12 meses, si bien esta puede ser prorrogada durante otros seis meses si los magistrados lo consideran necesario, sin que haga falta contar con ninguna de las partes. El pasado 8 de abril de 2022 la jueza Collazos debió de prorrogar la causa para poder continuar con la investigación. No lo hizo. Y, sin embargo, en un auto fechado el 25 de mayo y que fue recurrido por Plus Ultra, citó a la aerolínea a declarar. Esto, sin haber prolongado los plazos necesarios para continuar las pesquisas. La propia aerolínea se percató del error de la instructora y recurrió su citación alegando que se encontraba fuera de plazo.