Bruselas incoa otras tres denuncias contra España y ya es el país más incumplidor de la UE

La Comisión Europea ha abierto tres nuevos procedimientos de infracción a España que confirman que nuestro país es el más incumplidor de la normativa comunitaria de los 27, con 91 casos abiertos. Polonia es la segunda nación con más infracciones abiertas -85-, mientras que Grecia ocupa el tercer lugar del podio con 77.

Los últimos datos de la Comisión sobre las decisiones en casos de infracción analizados por THE OBJECTIVE muestran que España es además el segundo país que más incumple las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Bruselas abre procesos de sanción cuando un país no traspone una directiva, lo hace de forma incorrecta y cuando no ha transmitido la forma en que aplicará la norma. Tras detectar los incumplimientos, la Comisión inicia acciones jurídicas, con la intención de que se cumpla de forma rigurosa el Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

España, en el TJUE

Bruselas ha decidido llevar a España, Chequia, Chipre, Polonia y Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de aplicación efectiva del Reglamento de Servicios Digitales. Esta norma exigía a los Estados miembros que designasen y facultasen a un coordinador de servicios digitales a más tardar el 17 de febrero de 2024. El objetivo era garantizar la supervisión y el cumplimiento efectivos de las normas. Los Estados miembros están obligados a facultar a los coordinadores para que puedan desempeñar sus funciones en virtud del Reglamento de Servicios Digitales.

Además, insta a capacitar a estos coordinadores para establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de dicho Reglamento. Aunque Chequia, Chipre, España y Portugal han designado a sus propios coordinadores de servicios digitales, no les han encomendado las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas previstas. Polonia ni siquiera ha nombrado a estos directores.

El Reglamento también dispone que los Estados miembros establezcan el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del Reglamento, lo que ninguno de los Estados a los que se ha abierto expediente ha hecho. Esto llevó a la Comisión a incoar procedimientos de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento a Chequia, Chipre, Polonia y Portugal el 24 de abril de 2024 y a España el 25 de julio de 2024. A esta medida sucedió el envío de dictámenes motivados a Chequia, Chipre y Portugal el 3 de octubre de 2024, y a España y Polonia el 16 de diciembre de 2024.

Las sanciones de Bruselas

Mientras, la Comisión ha instado a 19 Estados miembros, entre ellos España, a que transpongan plenamente la Directiva SRI 2. Los Estados miembros debían transponer la Directiva SRI 2 al ordenamiento jurídico nacional, a más tardar el 17 de octubre de 2024. La Directiva SRI 2 tiene por objeto garantizar un elevado nivel de ciberseguridad en toda la UE. Abarca entidades que operan en sectores críticos como los servicios públicos de comunicaciones electrónicas, la gestión de servicios de TIC, los servicios digitales, la gestión de residuos y aguas residuales, el espacio, la salud, la energía, el transporte, la fabricación de productos esenciales, los servicios postales y de mensajería y la Administración pública. 

Según destaca la Comisión, la plena aplicación de la legislación «es esencial para seguir mejorando la resiliencia y las capacidades de respuesta en caso de incidentes de las entidades públicas y privadas que operan en estos sectores críticos y en la UE en su conjunto». Por tanto, la Comisión ha decidido enviar un dictamen motivado a 19 Estados miembros, que disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. El paso siguiente es remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Dictámenes motivados

Por último, Bruselas ha enviado dictámenes motivados a España y a otros 11 países por no transponer o transponer solo parcialmente al Derecho nacional la Directiva (UE) 2023/959, sobre las normas revisadas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) aplicables al sector de la aviación. El plazo de transposición terminó el 31 de diciembre de 2023.

El Ejecutivo europeo señala que la transposición completa de estas directivas es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del RCDE UE, evitar distorsiones en el mercado interior y adaptar el sistema a los objetivos climáticos de la UE para 2030 establecidos en la Legislación Europea sobre el Clima.

A pesar de que las multas tardan en llegar, estas no son infrecuentes y España ha sido uno de los países más sancionados. Destaca la aprobada en febrero de 2021, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) imponía a España los dos tipos de sanciones previstos en el artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nuestro país fue condenado al pago de 15 millones de euros y una multa diaria de 89.000 euros. La justificación fue no adoptar en tiempo la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales. El procedimiento se cerró en febrero de 2022.

España acumula desde 2010 un total de 3.098 procesos de infracción, de los que 2.907 están cerrados. Sin embargo, tiene abiertos 18 casos en los que la Comisión ha decidido denunciar a nuestro país ante el TJUE. De estos, 11 tienen que ver con leyes sobre el medio ambiente.