La justicia cerca a un alcalde del PP por fichar a una «amiga íntima» sin que tuviera que trabajar
El juez abre juicio oral contra García Urbano por malversación y el PSOE exige a Feijóo su cese inmediato
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, en una imagen de archivo. | Europa Press
La contrataron para revisar farolas y macetas: 5.276 euros por 48 días de trabajo. El problema es que no hay rastro de que realizara la tarea encomendada. Su único mérito, la relación de «íntima amistad» que mantenía con el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano. El juez ha dictado la apertura de juicio con jurado contra el dirigente del PP por un delito de malversación de caudales públicos, tal y como solicitó la Fiscalía. El PSOE ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que cese de forma inmediata al regidor, que ha recurrido el auto de procesamiento y confía en que no siga adelante porque la acusación «carece de fundamento».
El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona dictó la semana pasada un auto para procesar a García Urbano, alcalde de Estepona desde 2011. Se le acusa de un delito de malversación por contratar a una amiga «íntima» como cargo de confianza durante seis semanas «sin que se haya acreditado que llegase a desempeñar actividad alguna». El documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, va en línea con el informe que emitió la Fiscalía. El regidor y las acusaciones populares (PSOE y Vox) tendrán que presentarse en el juzgado el 4 de junio.
El juez aprecia indicios de un delito tipificado en el artículo 432 del Código Penal. La normativa establece que la autoridad o funcionario público que destine a usos privados el patrimonio público incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años y la suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. La mujer estuvo contratada del 13 de febrero al 31 de marzo de 2023, un tiempo por el que el Ayuntamiento de Estepona le abonó 5.276 euros. El auto de procesamiento sostiene que García Urbano la contrató «aprovechando su condición de alcalde» con la finalidad de «proporcionarle una mejora o ayuda económica».
Denuncia previa por acoso
Las diligencias por la presunta malversación se abrieron a raíz de otra investigación anterior: la denuncia formulada a finales de octubre por un policía local, pareja de la amiga «íntima» del alcalde. El funcionario municipal aseguraba haber sido víctima de acoso sexual por parte de García Urbano entre 2022 y 2023. La mujer que debía revisar farolas y macetas en la localidad de la Costa del Sol compareció en calidad de testigo y reconoció que fue contratada por el Ayuntamiento de Estepona mientras mantenía una relación sentimental con el regidor en la que también estaba involucrado el agente.
El caso de acoso fue archivado en enero, al concluir que todas las relaciones sexuales habían sido consentidas. El denunciante recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial de Málaga. El entorno de García Urbano asegura que prepara acciones legales contra el policía local por denuncia falsa. No obstante, la declaración de la mujer contratada por el alcalde de Estepona supuso en diciembre la apertura de una segunda causa por un delito de malversación. Se inició entonces una investigación con pruebas testificales y documentales.
El magistrado citó a declarar a García Urbano, a su amiga «íntima» y a Blas Ruzafa, concejal del Área de Control Externo, a la que estuvo adscrita la mujer. También se aportaron conversaciones de WhatsApp, informes municipales y recibos bancarios. El nombramiento para realizar labores de «asesoramiento especial» tuvo lugar el 13 de febrero de 2023 mediante un decreto de Alcaldía. Recibió una primera nómina de 1.634 euros netos y una segunda de 3.642, aunque la investigación no acredita que desempeñara actividad alguna. El cese se produjo apenas mes y medio después, el 31 de marzo.
La tarea de la amiga «íntima» del alcalde era revisar farolas y maceteros para que todo estuviese en orden cuando apenas faltaban tres meses para las elecciones municipales. Sin embargo, el Ayuntamiento no dispone de ningún documento ni mensaje que acredite que la mujer reportaba el estado de las calles. No constan expedientes ni registros horarios. Tal y como informó eldiario.es, tampoco dispuso de correo electrónico oficial ni de acceso a los programas internos del Consistorio. El concejal del área a la que estuvo adscrita, Blas Ruzafa, aseguró al juez en febrero que «no existe control de los cargos de confianza y no nos va mal».
Campaña política
La defensa del alcalde de Estepona ha recurrido el auto de procesamiento. Considera que el caso «no va a seguir avanzando» porque «carece de fundamento». En su opinión, no existe «ningún delito ni irregularidad» como ha quedado constatado en la documentación que el Ayuntamiento ha remitido al juzgado. García Urbano siempre ha defendido que las denuncias contra él obedecen a «motivos espurios». Ahora apunta a una campaña política orquestada por PSOE y Vox para dañar su imagen, la de un dirigente que encadena cuatro mayorías absolutas consecutivas, las últimas tres rozando o superando el 60% de los votos.
La mujer reveló al juez que el alcalde le dijo que no se preocupara porque el Ayuntamiento era «su cortijo». Incluso llegó a relatar que le pagaba, a título personal, el alquiler de un piso en Estepona hasta que la contrataron. El PSOE ha exigido a Feijóo el cese inmediato de los cargos que ostenta García Urbano en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El secretario de Organización de los socialistas en Málaga, José Bernal, y la portavoz en el Ayuntamiento de Estepona, Enma Molina, señalaron el viernes que ha colocado a la ciudad «en lo más alto de la vergüenza» y criticaron que intenta «salvar los muebles» usando datos de «forma torticera».
Los socialistas reprochan al PP su «doble moral», ya que en los últimos meses ha usado como ariete el presunto enchufe que tuvo una expareja de José Luis Ábalos para ser contratada en dos empresas públicas. Jésica Rodríguez estuvo vinculada a Ineco desde marzo de 2019 a febrero de 2021 y luego saltó a Tragsatec durante seis meses. La joven reconoció el pasado febrero en el Tribunal Supremo que cobraba sin acudir a trabajar. Este diario avanzó que la trama también habría colocado en entes públicos a otras mujeres del entorno del exministro, como Claudia Montes, Andrea de la Torre y Nicole Neacsu.