Los abogados del Estado huyen de Cataluña: la plantilla se ha reducido un 22% en solo un año

Los abogados del Estado huyen de Cataluña. Su número se ha reducido un 22% en el último año: de los 22 que ejercían en la región en enero del año pasado a los 17 que lo hacen en la actualidad. Las causas son variadas, explican los profesionales consultados por THE OBJECTIVE. Una de las razones es la dificultad lingüística que encuentran al desarrollar sus funciones, algo que también tiene eco en su vida personal, por ejemplo, a la hora de escolarizar a sus hijos en castellano. La hostilidad secesionista y las posibilidades de negocio en la esfera privada, especialmente en Barcelona, también condicionan a una plantilla integrada en el Ministerio de Justicia.

El servicio jurídico del Estado cuenta con 663 profesionales, aunque solo la mitad están activos. La otra mitad se encuentran en excedencia, la mayoría trabajando en el sector privado. A pesar de que la plantilla es más numerosa que la de hace una década, el número de abogados del Estado que ejercen ha descendido, según las fuentes consultadas. Especialmente, en Cataluña.

Un informe del Ministerio de Justicia cifra en 17 el número de abogados del Estado que ejercen en este momento en Cataluña. Supone un 22% menos que un año antes, cuando existían 22 profesionales activos. Así lo reconoce el departamento que dirige Félix Bolaños tras una solicitud de información enviada a través del Portal de Transparencia.

Obstáculos en Cataluña

«Respecto al número de abogados del Estado que han dejado su puesto en la Justicia en Cataluña para ocupar un puesto fuera en cualquier otro organismo (…) cualquiera que sea el método de provisión, incluyendo comisión de servicios y adscripción provisional, durante la presente legislatura, así como aquellos que habiéndolo solicitado han obtenido un informe desfavorable, se informa de que no hay abogados del Estado que se encuentren en ninguna de esas situaciones», señala el escrito al que ha accedido este diario.

Un abogado del Estado que prefiere mantener el anonimato afirma que sus compañeros no quieren ir Cataluña: «Le pasa lo mismo a notarios, jueces y fiscales». Considera que «hay más obstáculos que nunca para los de fuera». Y no solo por la carestía de la vida. En su opinión, en la región continúa existiendo un gran debate separatista, especialmente tras el proceso independentista iniciado en octubre de 2017. No obstante, cree que si se otorgara un plus económico, como ocurre en Ceuta, Melilla y las islas, «cambiaría la tendencia».

«Cataluña era la perla de la corona, pero eso ha cambiado», lamenta Francisco Espinosa, presidente de la Asociación por el Estado de derecho. Este abogado del Estado recientemente jubilado subraya que en este momento la región no es un destino «agradable». Da varias razones para ello, basadas en la experiencia de algunos de sus colegas. «Además de la hostilidad secesionista está la dificultad del idioma. Ahora resulta prácticamente imposible escolarizar a los hijos en castellano».

Explica que las zonas más «incómodas» en Cataluña son las provincias de Gerona y Lérida, donde el sentimiento independentista es más fuerte. Espinosa esgrime que las formas de abandonar la región son variopintas: a través de un traslado, una comisión de servicios o una libre designación. Este último sería el caso de José Ignacio Ocio, a quien la Abogacía del Estado ha confiado dos de los casos que cercan al Gobierno en los tribunales: el del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el del alto cargo de Justicia investigado por manipular el audio de un menor en sede judicial, Aitor Cubo.

Salto al sector privado

Ocio lleva seis años en el Cuerpo (pertenece a la promoción de 2019), pero en ese tiempo ha conseguido hacerse un nombre en el órgano. Su primer destino fue Barcelona, pero desde hace algo más de un año ocupa un puesto en Madrid gracias a una convocatoria de libre asignación. Sus compañeros le consideran una persona «muy capacitada» que se ha ganado la confianza de Zaida Fernández Toro, jefa de Penal en la Abogacía del Estado. Hay otros casos similares, indican las fuentes consultadas.

No todos los abogados del Estado que dejan su puesto en Cataluña lo hacen acuciados por los obstáculos. Espinosa afirma que muchos de quienes llegan a la región pasan un par de años en los servicios jurídicos del Estado, que utilizan como trampolín para dar un salto de calidad profesional. «Barcelona es una zona de mucho negocio y pasan al sector privado, donde se gana mucho más», señala el presidente de la Asociación por el Estado de derecho.