El Supremo cita al Gobierno para explicar por qué no ha atendido a mil menores inmigrantes

El Tribunal Supremo ha citado al Gobierno a una vista el próximo 29 de mayo para que explique las medidas adoptadas para el reparto de los mil inmigrantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias, habida cuenta de que los ministerios implicados no han dado respuesta casi dos meses después a la exigencia del Alto tribunal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó el pasado 25 de marzo requerir como medida cautelar a la Administración del Estado que, en el improrrogable plazo de 10 días, garantizase el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos jóvenes extranjeros que hubiesen solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla.

En una providencia al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han adoptado esta decisión con el fin de que el Gobierno informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar que le impuso el Supremo. La senadora del PP de Canarias Rosa Viera reprochó la semana pasada en la Cámara alta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Ejecutivo llevara más de 40 días sin acatar la orden judicial.

Rego respondió que la solución pasaba por cumplir con el real decreto aprobado para la reubicación de los menores en otras regiones y que será efectivo a partir del verano. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que, dado que la respuesta recibida del Gobierno «parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios término» al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, convoca a las partes (la Administración del Estado y Canarias, esta última como demandante) a una vista pública.

Canarias contra el Gobierno

El Supremo indica que, en la vista, el Gobierno deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y en concreto, sobre cinco puntos. En primer lugar, deberá ofrecer una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. En el caso de menores evaluados, la relación detallada deberá incluir la indicación del recurso de acogida asignado, así como la de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida.

En tercer lugar, indica que, si el sistema actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, se pedirá que detalle las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas y plazo para obtención de dichos recursos. También reclamará las unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones. Y, por último, el Gobierno deberá exponer los acuerdos concretos o protocolos con Canarias y el calendario detallado establecido para el reparto. El Ejecutivo dispone de cinco días para interponer un recurso de reposición.

Canarias reclamó el auxilio del Gobierno a través del Supremo porque sus centros de acogida están saturados. Entre enero de 2023 y noviembre del año pasado, 546 menores migrantes habían solicitado asilo en las islas y otros 325 habían manifestado su intención de hacerlo. El Ejecutivo regional, del PP, asegura que no cabe otra solución que la derivación de los menores migrantes a otros centros de acogida en la península. En plena polémica, el Ministerio de Infancia avanzó la puesta en marcha de la ley de extranjería que obligará a derivar a 4.400 menores del archipiélago canario y de Ceuta al resto de comunidades autónomas.

El Gobierno dio por hecho el cumplimiento del auto del Supremo y fio la acogida de los menores que atiende a Canarias a un acuerdo con la región. De hecho, retiró a principios de abril el recurso que presentó contra las medidas cautelares que obligan al Estado a hacerse cargo en 10 días de más de mil jóvenes. El citado recurso desencadenó un lío interno en el seno del Ejecutivo, que hasta entonces había asegurado que cumpliría el mandato judicial. Ahora, sin embargo, tras la citación del Alto tribunal, todo ha quedado en el aire entre los dos ejecutivos. El Gobierno autonómico confiaba en que los ministerios implicados darían cumplimiento a la exigencia del Alto tribunal.

«Deben hacerse cargo ya»

Hace un mes, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, afirmó que el Gobierno debía hacerse cargo de inmediato de la tutela de los mil menores porque «eran su responsabilidad». «Ha habido un cambio sustancial, el Supremo ha dicho que quien tiene la obligación de dar respuesta es el Estado. Nosotros no barajamos otra solución que no sea esa. Son su responsabilidad. Al parecer, han dicho que no tienen plazas para estos niños y niñas. Nosotros hace un año y medio tampoco teníamos medios. Teníamos 20 centros, ahora tenemos 86 para acoger a todos estos jóvenes. Tendrán que enfrentarse a los mismos problemas a los que nos enfrentamos nosotros. El Estado es el que ahora debe dimensionar su sistema y analizar como habilitar esa red de acogida», sentenció Cabello en una entrevista con este diario.

La decisión del Alto tribunal ha dado un giro de 180 grados sobre la acogida de los menores extranjeros que piden protección internacional. Hasta ahora, la tutela de esos adolescentes era competencia de la comunidad autónoma, como la de cualquier otro menor. Sin embargo, la medida cautelar del Supremo, solicitada por el Gobierno canario ante el colapso de su sistema, ha hecho una nueva interpretación sobre la asistencia de los menores que huyen de conflictos o persecuciones en sus países de origen, y ha primado la necesidad de que estas personas reciban refugio pese a que sean menores. Esto es, que formen parte del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.