Jueces y fiscales, contra la reforma de la carrera judicial: «Afecta gravemente a principios constitucionales»

Las principales asociaciones de jueces y fiscales han denunciado que la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal aprobada por el Consejo de Ministros supone un ataque directo a la independencia judicial y al propio Estado de derecho. En un duro comunicado conjunto, las asociaciones advierten de que el proyecto de ley «afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial».

El texto, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, plantea una profunda modificación de los sistemas de acceso a la judicatura y la fiscalía, con medidas que las asociaciones califican de «desoladoras» y que, aseguran, «desnaturalizan el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal».

Acusan al Gobierno de desvirtuar el modelo de acceso

Uno de los aspectos más polémicos es la eliminación del examen oral procesal en el turno libre, sustituido por un dictamen práctico eliminatorio. Las asociaciones denuncian que esta medida «supone una vuelta atrás de 30 años y un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales».

Además, critican que el rediseño del denominado «cuarto turno» permite un acceso «discrecional arbitrario» al establecer un concurso-oposición sin límite máximo de plazas y otorgando una «antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso». Según recalcan, esto «perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre» e «institucionaliza la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad proclamado en el artículo 117.1 de la Constitución Española».

Un proceso de estabilización que consideran inconstitucional

Las asociaciones rechazan también el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que consideran contrario a los principios constitucionales y advierten de que «no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios». Añaden que esta vía extraordinaria «erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad» y que «resulta especialmente preocupante que se vincule la solución a la temporalidad con un proceso de acceso sin rigor e injustificadamente distinto al de los actuales integrantes de la carrera judicial y fiscal».

Denuncian control político y debilitamiento asociativo

Asimismo, califican de «retroceso democrático» la reforma del sistema de elección de órganos de gobierno de la carrera judicial, al limitar el derecho de voto y reducir la proporcionalidad. A ello se suma, denuncian, la deslegitimación de la Comisión de Ética Judicial, que pasaría a estar formada también por miembros designados por las Cortes Generales, lo que «compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas».

Sobre la creación de un centro público de formación de opositores bajo el control del Ministerio de Justicia, las asociaciones alertan de que «conlleva un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».

Finalmente, advierten que la reforma limitará la financiación de las asociaciones judiciales, lo que supone, en sus palabras, «un ataque directo a su capacidad operativa» y que «afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial».

Anuncian medidas para defender la independencia judicial

Las asociaciones firmantes —Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— concluyen que «las reformas descritas suponen un serio retroceso en el Estado de derecho» y reiteran su «firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales». Advierten, además, que adoptarán «las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos».