Las víctimas españolas de la talidomida llevan a los tribunales a Alemania y a Grünenthal

Las víctimas españolas de la talidomida preparan una demanda colectiva contra la Fundación Contergan, financiada por el Estado alemán, y una denuncia penal contra Grünenthal, la farmacéutica administradora del medicamento que provocó miles de casos de malformaciones congénitas durante la década de los 60 y posteriores. Los afectados, que ahora comienzan a ser indemnizados por el Gobierno español, acuden a la justicia para solicitar las pensiones vitalicias del gobierno alemán, que lleva décadas negándoles pese a pertenecerles, defienden los afectados.

La Fundación Contergan fue creada por el Gobierno alemán en 1972 para compensar a las víctimas de la talidomida con pensiones vitalicias a cargo del presupuesto público del Estado de Alemania (en su momento Grünenthal también aporto 100 millones como donación para la fundación). Las ayudas pueden alcanzar hasta los 9.234 euros mensuales, dependiendo de la valoración de la Comisión Médica de la Fundación Contergan, y se pueden beneficiar de ellas cualquier persona que resida en Alemania o cualquier otro país donde Grünenthal comercializó la talidomida de forma directa o a través de sus distribuidores autorizados.

Según la fundación, hasta la fecha, el número de afectados que reciben estas ayudas asciende a 2.700 personas de 38 países. Sin embargo, tan solo diez españoles se han visto beneficiados de ellas, según informa la propia fundación, pese a que el Gobierno español ha reconocido a 175 afectados y se estima que en nuestro país entre 2.000 y 3.000 niños nacieron con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades) por este medicamento, que se recetaba a las mujeres embarazadas para combatir las náuseas o mareos.

Denuncia contra Grünenthal por delito de lesa humanidad

Ante esta situación, Avite, la Asociación de Víctimas de la Talidomida que lleva décadas defendiendo los derechos de las víctimas españolas de este fármaco, interpondrá un contencioso-administrativo contra la fundación estatal Contergan, que se niega a reconocer los casos españoles con el argumento de que no son afectados de Grünenthal,  ya que la farmacéutica asegura que en noviembre de 1961 autorizó la paralización de los productos con talidomida en España tras un año comercializándose en nuestro país.

Un portavoz del laboratorio alemán asegura a THE OBJECTIVE que «otras tres entidades distribuyeron sus propios productos de talidomida en España, incluso antes y después de que Grünenthal comercializara sus productos en este país, sin contar con el consentimiento de la compañía ni tener relación alguna con ella». Así, insisten en que «los productos de talidomida de Grünenthal fueron comercializados en España por un distribuidor únicamente desde noviembre de 1960 hasta noviembre de 1961».

Sin embargo, documentos a los que ha tenido acceso este medio facilitados por Avite muestran como la talidomida de Grünenthal fue administrada en España en años posteriores a 1961. Una publicación de 1966 en la revista de leprología Fontilles, en la que se analizan los resultados de un tratamiento con talidomida en pacientes con lepra, señala que «el producto utilizado fue la imida del ácido N-ftalil-glutámico, Softenon (uno de los nombres comerciales de la talidomida), de los laboratorios Grünenthal, en comprimidos, vía oral, de 25 y 50 mgr.». Y de una resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) se desprende que, entre 1992 y 2004, los centros sanitarios españoles prescribieron o suministraron 3.057 envases (304.620 unidades) de talidomida de la farmacéutica alemana Grünenthal.

Desde Avite, en paralelo a la demanda contra la Fundación Contergan y ante la «pasividad» del Gobierno español contra la farmacéutica, preparan una denuncia contra Grünenthal por un delito de lesa humanidad que presentarán en las próximas semanas.

Demanda contra el Ministerio de Hacienda

Por otro lado, como adelantó THE OBJECTIVE esta semana, las víctimas de la talidomida también han recurrido a la vía judicial después de que el PSOE y Sumar bloquearan la exención fiscal de las ayudas que reciben, sujetas a una retención del 47% por IRPF. La asociación Avite denuncia un agravio comparativo con las víctimas vascas, que sí cobran el 100% tras la aprobación de un decreto que contó con el apoyo socialista.

Ante la inacción del Gobierno y la falta de garantías políticas, Avite presentará esta semana una demanda contra el Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Económico-Administrativo, exigiendo que las ayudas sean consideradas rentas exentas, como ya ocurre con otras enfermedades y colectivos protegidos por ley. Aunque Sumar busca introducir la exención en la Ley del Cliente Financiero, la asociación no confía en esa vía y reclama una solución definitiva que no dependa de maniobras parlamentarias.