Jueces y fiscales se plantan ante las injerencias del Gobierno: harán un paro el 11 de junio

No habrá huelga de momento, pero sí un paro puntual. La mayoría de las asociaciones solicitan a Félix Bolaños que retire la reforma de las carreras judicial y fiscal. También piden que dé un paso atrás con la modificación del estatuto fiscal para incorporar contrapesos al nuevo papel que se les va a atribuir. El descontento de los profesionales, que han llegado a organizarse en un movimiento espontáneo, ha obligado a las organizaciones a convocar un paro de diez minutos el próximo 11 de junio para testar el apoyo que tendría una hipotética huelga ante «las injerencias políticas». El ministro de Justicia ha asegurado este viernes que los «temores» son «infundados», aunque ha tendido la mano para mejorar el proyecto «en lo que sea necesario».

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno iniciaba así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional. Bolaños defendió que ese cambio de modelo persigue la igualdad de oportunidades. Para las asociaciones, en cambio, afecta «gravemente» a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

A pesar de aplaudir la consolidación del sistema de becas dirigidas a aspirantes sin recursos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) emitieron un duro comunicado donde criticaban el proyecto. En su opinión, facilita la inclusión de cientos de jueces y fiscales sustitutos «por la puerta de atrás».

Bolaños y la igualdad de oportunidades

Las organizaciones progresistas se bajaron de la protesta, por lo que no han sido invitadas al encuentro que han mantenido este viernes el resto de asociaciones profesionales. Después de más de tres horas de reunión, han decidido solicitar a Bolaños que retire tanto el proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera como la elaboración de un nuevo estatuto fiscal. En un comunicado al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, aseguran que pedirán reunirse con todos los grupos parlamentarios y los agentes implicados para evitar «la degradación de la calidad de la Justicia».

A pesar de que por el momento se ha descartado convocar la huelga, como pedían numerosos profesionales (incluso se ha creado un movimiento espontáneo con ese fin), las asociaciones no cierran la puerta a intensificar las acciones de protesta. Para empezar han convocado un paro de diez minutos el 11 de junio a mediodía a las puertas de todas las sedes judiciales de España. Servirá, en su opinión, para «visibilizar el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos referidos».

Otras de las medidas acordadas supone activar los canales europeos para detener las reformas. Para ello van a remitir todos los informes sobre el anteproyecto de ley de acceso a la carrera judicial y la reforma del estatuto fiscal a la Comisión de Venecia y al Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO). La intención es denunciar cómo las propuestas del Gobierno pueden «vulnerar la independencia judicial, la actuación del Ministerio Fiscal y afectar a la separación de poderes».

Las asociaciones consideran que el proyecto de acceso a la carrera recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho». Otra de las demandas a Bolaños es que retire el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El nuevo papel del fiscal

«La idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, concluimos que el mismo supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora», insiste el texto.

Las asociaciones firmantes piden la retirada del anteproyecto para «comenzar a construir un Estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal». Durante su intervención en la comisión de Justicia del Senado, Bolaños ha defendido que las reformas de acceso a las carreras judicial y fiscal y la reforma del estatuto de estos últimos son «imprescindibles» para adaptar la Justicia a las necesidades actuales.