Jueces y fiscales exigen a Bolaños que elimine las «injerencias políticas» de su reforma
Un manifiesto critica que se debilite la independencia judicial al modificar el acceso a la carrera y anima a ir a la huelga
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, el miércoles en el Congreso. | Fernando Sánchez (Europa Press)
Jueces y fiscales están dispuestos a echar un pulso al Gobierno. La reforma de la carrera que plantea Félix Bolaños ha soliviantado a buena parte del sector. Consideran que muchos de los cambios legales que plantea «afectan directamente al equilibrio y a la independencia del Poder Judicial». Un grupo de profesionales está elaborando un manifiesto para pedir la firma de sus compañeros. El texto exige que se eliminen las «injerencias políticas» del anteproyecto y evitar que se privilegie a jueces y fiscales sustitutos. El documento se enviará a las asociaciones, que se reúnen este viernes para articular protestas. La amenaza de huelga sobrevuela el horizonte.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. De esa manera iniciaba la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto, que incorpora recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional, cuestiones que han sido muy criticadas por la mayoría de las asociaciones profesionales.
La controversia sobre la reforma que plantea Bolaños ha facilitado la aparición de un movimiento espontáneo que reclama ir a la huelga. Un comité mixto de jueces y fiscales se ha organizado para redactar un manifiesto que exhorta a asociaciones y colegios de abogados y procuradores a convocar reuniones de urgencia para discutir «medidas de conflicto colectivo, incluidas huelgas indefinidas».
Bolaños y la transformación de la Justicia
«De la miseria económica nos recuperamos pronto. De la miseria moral que padeceremos si de forma progresiva perdemos nuestro Estado de derecho, si hay recuperación, no va a ser rápida ni fácil», subraya el borrador al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. E insiste: «Hay que mover la conciencia de nuestros compañeros (…) nos podría salir costoso permitir que el Ejecutivo nos arrebate la independencia del Poder Judicial como esencia del moderno Estado Democrático».
El escrito exige a Bolaños que retire del proyecto de ley el nuevo artículo 305, ya que supone «una transformación radical de la forma de elección de jueces y magistrados». Argumentan que, hasta ahora, el número máximo de profesionales que entraba a través del cuarto turno es de un cuarto de los de libre designación. Con el cambio se ofertará un número de plazas que «no podrá ser inferior al equivalente a un tercio de las ofertadas para el acceso por el turno libre».
El manifiesto se queja del artículo 313.12, que permitirá excluir de los procesos a juristas aunque cumplan los requisitos. Estos jueces y fiscales también reclaman a Bolaños que retire del proyecto de ley el artículo 306, que incluye en los exámenes de acceso «materias que carezcan de relevancia jurídica». Se remiten a una de las conclusiones sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que subraya que el tipo de prueba que se propone puede «reducir la garantía de que realmente sean elegidos los que mejor información jurídica posean». «Además, el sistema de becas es un soborno a los jóvenes», lamenta uno de los promotores del texto.
Una de las cuestiones más controvertidas del anteproyecto es su disposición adicional única, que «viene a privilegiar la situación de los sustitutos». La futura ley facilita la inclusión en el sistema de cientos de jueces y fiscales sustitutos, profesionales que no han aprobado la oposición. Lo harán a través del cuarto turno, esto es, mediante un concurso de méritos que reconoce «una antigüedad ficticia». La mayoría de las asociaciones denuncian que eso afecta al Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial.
Jueces sustitutos
España cuenta en estos momentos con 954 jueces y 333 fiscales sustitutos. Los creadores del manifiesto reprochan a Bolaños que cuando la reforma entre en vigor, el encargado de fijar las plazas será el Ministerio de Justicia. «Se utiliza un término abstracto, que es el número de todas las plazas en las que se hubiera abusado de la temporalidad, sin especificar en qué consiste ese criterio», insiste el borrador. Sus promotores denuncian que el Gobierno busca ajustarse a criterios europeos, algo que los afectados niegan.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales (exceptuando las progresistas) han criticado el plan que plantea Bolaños, especialmente aquella que se refiere al acceso de la carrera. El ministro afirmó este jueves que el cambio de modelo es «imprescindible» y que muchas de las informaciones que han aparecido son «inexactas». En su opinión, la reforma persigue la igualdad de oportunidades sin que el origen económico o geográfico suponga una barrera.
Las asociaciones profesionales han aplaudido la consolidación del sistema de becas dirigidas a aspirantes sin recursos, pero critican lo que consideran «una reforma estructural de gran calado que afecta gravemente a principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». La mayoría de ellas se reúnen este viernes por la mañana para consensuar medidas de protestas. Aunque indican que la huelga está sobre la mesa, la convocatoria no es inminente ni segura. Un movimiento espontáneo creado por WhatsApp presiona para iniciar los paros cuanto antes.