La maniobra de Gallardo abre una batalla sobre el futuro del caso de David Sánchez

La apertura de juicio contra David Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura abre una batalla judicial. El conflicto es estrictamente competencial. La maniobra de Miguel Ángel Gallardo alberga dudas entre los juristas, ya que de momento no ha tomado el acta de parlamentario regional. De convertirse en aforado, tendría que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El auto de la juez Beatriz Biedma manda al banquillo de un juzgado de lo Penal al hermano del presidente del Gobierno y a otros nueve empleados de la Diputación de Badajoz, pero las acusaciones reclaman elevar el caso a la Audiencia Provincial por la duración de las penas solicitadas.

El auto dictado este jueves por Biedma, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, abre juicio oral contra David Sánchez, Gallardo y otros nueve empleados del ente supramunicipal por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre quienes se sentarán en el banquillo se encuentra Luis Carrero, el asesor en Moncloa que consiguió un puesto en la Diputación de Badajoz, presuntamente a instancias del músico. La magistrada ha rechazado los recursos de la Fiscalía y del hermano del presidente del Gobierno al considerar que las diligencias de investigación evidencian la existencia de «claros indicios de criminalidad».

El líder del PSOE extremeño anunció hace una semana su incorporación «inmediata» a la Asamblea regional, un movimiento que le permitiría adquirir la condición de aforado y alargar los tiempos para responder ante la Justicia. Gallardo iba en el número 23 de la lista provincial, pero su partido solo obtuvo 16 escaños. Para que tomara el acta hizo falta que una parlamentaria dimitiera y que otras cuatro personas rechazaran recogerla. Una maniobra que ha sido criticada por la oposición y que el aún líder de la Diputación de Badajoz vendió como un cambio de estrategia para hacer frente en la Cámara a la presidenta autonómica, María Guardiola.

El recurso de David Sánchez

La resolución de Biedma se puede recurrir. Además, la Audiencia de Badajoz debe pronunciarse sobre los recursos pendientes. Uno de la Fiscalía, que pide archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad. El otro, un recurso de casación interpuesto por la defensa de David Sánchez. En caso de que sean rechazados, como ha hecho ya la juez instructora, a Gallardo no le quedará más remedio que sentarse en el banquillo, aunque la duda de los juristas es si lo hará junto al resto de imputados o en el TSJEx.

Gallardo no ha recogido aún el acta de diputado en un pleno de la Asamblea de Extremadura, por lo que algunos expertos interpretan que no estaría aún aforado. Eso supondría que su caso no llegaría al TSJEx, una opción que le permitiría ganar tiempo. Los expertos sostienen que se trata de un órgano más politizado y, presuntamente, más benévolo para sus intereses.

Lo que sí ha hecho el líder de los socialistas extremeños es registrar su credencial en la Cámara, lo que bastaría para convertirse en aforado. Así lo comunicará su abogado en los próximos días a la juez. Gallardo completa la maniobra in extremis, apenas unas horas antes de que Biedma le enviara al banquillo. Las acusaciones populares estudian presentar una queja ante instancias judiciales. Una de ellas, Iustitia Europa, ha denunciado públicamente la «anomalía institucional» que supone «el desplazamiento sobrevenido de la competencia por la obtención posterior de la condición de aforado».

«Esta conducta perjudica gravemente el principio de juez ordinario predeterminado por la ley consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, ya que al aforarse la competencia correspondería al TSJEx», explica la organización que preside Luis María Pardo. Iustitia Europea recuerda que la competencia jurisdiccional se determina «por el momento de comisión del hecho presuntamente delictivo y (…) el momento determinante para la fijación de la competencia objetiva y funcional del órgano jurisdiccional no puede depender de actos voluntarios posteriores a la comisión del hecho».

«Excepciones discrecionales»

La formación de Pardo denuncia que permitir que el aforamiento opere con efectos retroactivos supone convertir una garantía institucional en un instrumento de excepción incompatible con la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución) y con el principio de igualdad (artículo 14). «El derecho al juez predeterminado no debería admitir modulaciones ni excepciones discrecionales. El legislador debe actuar de manera inmediata ante semejante despropósito político», insiste Iustitia Europa en un comunicado.

Todos los caminos sobre Gallardo parecen llevar al TSJEx. Más complicada es la situación del resto de imputados, entre los que destaca David Sánchez. Los juristas consultados sostienen que como para algunos de ellos se piden condenas graves, conforme al artículo 33.2 del Código Penal, deben dirimirse en la Audiencia Provincial de Badajoz, como ha solicitado la acusación popular.

Estos órganos deben juzgar las causas por delitos para los que la ley establece una pena privativa de libertad por tiempo superior a 5 años, que no es el caso, o pena de cualquier otra naturaleza con una duración superior a 10 años. Para algunos de los imputados, como David Sánchez, se piden hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La propia juez instructora ha emitido un auto rectificando y da un plazo de dos días para que las partes se manifiesten si procede elevar el caso a la Audiencia Provincial.