La abogada que cerca a un subordinado de Bolaños denuncia «una cacería tributaria»
La letrada presenta una querella contra dos funcionarios de Hacienda por un presunto delito de prevaricación
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el subordinado imputado. | Ilustración de Alejandra Svriz
Hacienda le abrió una investigación y sus clientes comenzaron a recibir demandas de información. La abogada que cerca a un subordinado de Félix Bolaños ha presentado una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid al considerar que está sufriendo «una inspección política» por su intervención en dos causas contra miembros del Gobierno y sus familiares. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE califica las pesquisas de «cacería tributaria». La letrada pide que se investigue a dos funcionarios de la Agencia Tributaria por un presunto delito de prevaricación y que se tomen medidas cautelares para asegurar la efectividad de la tutela judicial.
La sociedad de la abogada, un despacho, se constituyó en junio de 2020, en plena pandemia, sin que su actividad haya sido objeto de debate durante años. La Agencia Tributaria le notificó en octubre la apertura de un expediente de comprobación de los ejercicios 2020 y 2021. Clientes y proveedores empezaron a contactar con la abogada que cerca a un alto cargo de Bolaños sorprendidos porque Hacienda les estaba remitiendo requerimientos de información. Querían conocer cuestiones tan concretas como cuándo y dónde se reunieron con la letrada.
La abogada solicita a la Justicia que investigue a dos funcionarios públicos por un posible delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal. La infracción está penada con inhabilitación especial para empleo público de entre nueve a 15 años para aquellos empleados que dicten una resolución arbitraria a sabiendas. La letrada señala en su escrito a Patricia Delgado Granja, jefa de Inspección, y a Rafael Eduardo Barrio de Penagos, inspector coordinador de la Agencia Tributaria. Este último sería el encargado de hacer los requerimientos a clientes y proveedores.
Alto cargo de Bolaños
La querella se pregunta por el motivo que pueden tener ambos funcionarios «para iniciar una acción coactiva, prevaricadora y totalmente dirigida» en contra de un despacho de abogados con los que no tienen ninguna relación previa. «Podría parecer que esta querella es instrumental o una mera defensa ante una investigación de Hacienda a unos contribuyentes, como a tantos». Sin embargo, la abogada que cerca a un subordinado de Bolaños sugiere que existe una razón para que se esté llevando esta actuación «arbitraria».
«La respuesta es clara: la intervención de los miembros del despacho en dos causas contra miembros del Gobierno de España y sus familiares», indica la querella. El director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, tendrá que declarar este martes en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. El subordinado de Bolaños fue imputado en abril del año pasado por un delito de falsificación de documentos públicos tras la presunta manipulación de la grabación de un menor que declaró ante un juez en marzo de 2022.
La magistrada Susana Trujillano citó a declarar a Cubo al considerar que los hechos ocurrieron en la sede del Ministerio de Justicia, en cuyos servidores se custodia toda la documentación judicial. La acusación, ahora en la diana de la Agencia Tributaria, amplió la denuncia el pasado septiembre por la «presunta alteración o suplantación de la persona firmante» y modificaciones en una resolución judicial, ambos documentos dictados por un juzgado de Valladolid, origen del caso que afectó al menor.
Trujillano inadmitió inicialmente el recurso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a investigar cómo se han podido manipular resoluciones, pruebas y firmas en los servidores del departamento que dirige Bolaños. La abogada, que afirma sufrir «una investigación prospectiva» por parte de la Agencia Tributaria, también menciona en su querella las diligencias abiertas en otro juzgado madrileño por un delito de revelación de secretos contra otra subordinada del ministro de Justicia.
«Una inspección política»
«Desde que estos procedimientos empezaron a tener repercusión pública, se inició contra el despacho y contra su administradora y socios lo que se conoce coloquialmente como una inspección política», subraya la querella. Este diario ha recibido quejas de otros particulares que, tras iniciar algún pleito contra el Gobierno, afirman que la Agencia Tributaria ha abierto una investigación contra ellos o personas de su entorno próximo.
La abogada que cerca al subordinado de Bolaños compareció el pasado 9 de diciembre en las dependencias de la Agencia Tributaria. En la reunión se encontraban Delgado Granja y otra compañera, Marta Kleiminger, a la que se pide citar como testigo. Durante la comparecencia, la jefa de Inspección verbalizó «el interés que tanto ella como Barrio de Penagos tienen en el expediente incoado». La querella incorpora el audio de la conversación que mantuvieron las partes.
La afectada quiso dejar constancia en el acta que se levantó de aquella reunión de que Delgado Granja había manifestado que ya conocía cómo iba a acabar su expediente. Todo ello sin que aún «se hubiese recibido ni mucho menos, examinado, la numerosísima cantidad de documentación e información» que se demandó a la abogada.
«Las afirmaciones realizadas por Delgado Granja evidencian que la querellada, al verbalizar su sesgo y prejuicio ante el expediente, era plenamente conocedora del interés personal en el asunto en su resolución, así como de la falta de imparcialidad y falta de objetividad que en ella concurre, y pese a ello continuó y firmó la diligencia que se levantó de la comparecencia», señala la querella. Esta insiste en que la funcionaria incluso invitó a ser recusada «con total desprecio a la función y responsabilidad que debe ejercer».
Eso supuso que el 9 de diciembre la defensa de la abogada que cerca a un alto cargo de Bolaños formulara una solicitud de recusación contra Delgado Granja. Barrio de Penagos la desestimó en solo dos días «utilizando una motivación (…) con base en unos elementos fácticos que no se corresponden con la realidad». Después de eso, ambos funcionarios «han continuado emitiendo resoluciones» y reclamando requerimientos de información a los clientes y proveedores de la abogada.