Un audio destapa cómo el entorno del PSOE maneja a la Fiscalía para atacar a la UCO

El PSOE lleva meses ofreciendo pactos a empresarios vinculados a los casos de corrupción que afectan a miembros del partido a cambio de información que enturbie el procedimiento judicial y que permita embarrar las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La primera información de estos movimientos de la que tuvo conocimiento THE OBJECTIVE fue a finales del mes de enero. Al mes siguiente, los tanteos se extendieron a otros empresarios, que fueron sondeados por personas afines al PSOE, como el policía de cabecera de José Luis Ábalos, Rubén Eladio, según relataron testigos presenciales de los hechos.

Hasta la empresaria que confesó en este periódico haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, Carmen Pano, fue objeto de un intento de soborno por parte de un despacho próximo al PSOE, que le ofreció 50.000 euros si rectificaba en su testimonio ante el Tribunal Supremo. Es en este periodo temporal cuando se produjo la reunión con otro empresario imputado en una causa de hidrocarburos, a quien el entorno de la cúpula de Ferraz pidió información contra los mandos del Instituto Armado.

Según el audio del encuentro, que anticipó este lunes El Confidencial y al que ha tenido acceso en su totalidad THE OBJECTIVE, un grupo de personas próximas al PSOE ofrecieron un acuerdo al presidente del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn: información comprometedora del teniente coronel del Instituto Armado Antonio Balas Dávila a cambio de un pacto con la Fiscalía. La comunicación se estableció de forma telemática, habida cuenta de que el empresario de origen vasco permanece en Dubái huido de la Justicia.

De hecho, este lunes Hamlyn debía comparecer en el inicio del juicio en el que se investiga el desfalco de 154 millones de euros de impago del IVA por parte de su compañía, en el marco de la operación Drake. Una investigación que dirigió el propio Balas en 2019, en calidad de jefe del departamento económico de la UCO, motivo por el cual Hamlyn se ha convertido en sujeto y objeto de las pesquisas por parte de este grupo vinculado al PSOE.

El personaje más relevante de la reunión es Leire Díez, una mujer afín a Santos Cerdán, y previamente a José Luis Ábalos, que entró en la empresa pública Enusa en octubre de 2018 como responsable de Comunicación, y dio posteriormente el salto a Correos en 2021 (tras la caída de Ábalos) como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia. En la conversación, Díez lleva la voz cantante y encabeza el ofrecimiento al empresario: «Vale, te voy a ofrecer una cosa: yo te puedo sentar con Fiscalía. Te voy a proponer que te sienten con Fiscalía». Hamlyn se muestra reticente: «Quiero un papel firmado. Necesito algo firme», insiste. La militante socialista, periodista de formación, se muestra resolutiva y presume de influencia: «Cuando yo digo de sentarte con alguien es con un fin determinado, ¿vale? No es sentarte para que te vayan toreando, no. Eso no funciona así».

«Los fiscales se mueven»

El empresario sigue manifestando sus reticencias, aunque muestra su voluntad de colaborar a cambio de un pacto «escrito» con la Fiscalía. Con un inconveniente: «Vale, pero yo estoy en Dubái ahora». Sin embargo, Díez no ve un obstáculo en la distancia: «Ya, ya, ya me has dicho. No pasa nada porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema, ¿vale?».

Minutos más tarde, insiste en que «los fiscales viajan y no tienen problema de viajar para resolver este tipo de cuestiones». Hamlyn se muestra satisfecho, sobre todo, después de que sus otros dos interlocutores complementen la magnitud de la oferta. El empresario Javier Pérez Dolset, colaborador de Ferraz, es de los más explícitos: «¿Qué es lo que podemos traer a la mesa? Te lo digo así a lo bestia: un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía». A preguntas de Hamlyn sobre el tipo de acuerdo, responde: «Un acuerdo muy favorable».

Leire Díez explicita un posible viaje a Dubái por parte del Fiscal: «El día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale?». Le interrumpe Pérez Dolset: «Bueno, yo te diría más: en la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación de un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. El acuerdo lo negociamos previamente». Ambos se refieren a lo que piden a cambio: información sensible de los mandos de la UCO a quienes investigan desde hace tiempo, según confiesan a su interlocutor: «Hay varios sujetos que interesan: Balas, Bonilla, Grinda…». Pérez Dolset hace alusión al fiscal Anticorrupción que le acusó y motivó su imputación, José Grinda, y a Juan Vicente Bonilla, el capitán de la UCO que inició la investigación del caso Koldo en su fase más primigenia.

«Hay que ser muy concretos para tener una actuación de cirujano y, con muy pocos cortes, poder ser capaces de desmontar todo el entramado que tienen ahí y han construido a lo largo de los años, como esta causa en concreto», prosigue. Y explicita el objetivo: «Desmontar todo el entramado» de los mandos de la Benemérita que han investigado e investigan los principales casos de corrupción que afectan al Gobierno, desde el caso Koldo a la filtración del Fiscal General del Estado, pasando por la trama de los hidrocarburos o el caso Begoña Gómez.

Objetivo: «Anular el procedimiento»

«La cuestión básica y fundamental es que -lo hemos intentado explicar- el hecho de sacar toda esta información a la luz anularía su procedimiento», señala Pérez Dolset. En este punto interviene el abogado Jacobo Teijelo, el «interlocutor» que centraliza la defensa de todos los testigos ‘protegidos’ por el PSOE. «Vamos a ser precisos: el artículo 305 del Código Penal dice que se puede arreglar un delito fiscal vertiendo la información que permita llegar a los culpables… También el de pagar, es decir, no estamos hablando de nada extraño… Después hay una segunda vía o tercera vía, que es muy importante. Es la que tú estás planteando, que es la posible nulidad de actuaciones. Porque haya habido vicios, es decir, haya habido errores, se hayan incumplido garantías…».


Son los errores procesales que lleva meses buscando Ábalos para la nulidad del proceso. Lo que buscan estos tres colaboradores es material incriminatorio para los mandos de la UCO que han participado en las investigaciones y a quienes califican como «camorra de la Guardia Civil». Expresión que utiliza Leire Díez para hablar del teniente coronel Balas: «Yo soy muy de abreviar las cosas. Yo no necesito a todo el mundo ahora, necesito a Balas».

Hamlyn recoge el guante: «Vamos a abreviar todos: ¿qué me ofrecéis? Si yo traigo eso, ¿qué pasa conmigo?». El empresario deja claro que tiene información, material y voluntad de colaborar. Pero quiere garantías. «Ya os digo que tenéis mi entera disposición, pero yo quiero un papelito firmado». Ante la pregunta sobre el contenido, insiste en que quiere un pacto por escrito: «Yo quiero un papel firmado, yo soy un empresario. Yo no trabajo para el Estado, yo trabajo para mí». Leire Díez le interrumpe: «Una cosa, Álex. Yo ya sé que eres empresario. Pero esto no es un acuerdo entre empresarios, ¿vale?». Él concluye: «Necesito algo firme».

Leire Díez: «Estaba como periodista»

En el inicio de la conversación, la militante socialista establece el ámbito de interés de la investigación: «Lo que no se puede permitir es que las fuerzas estén para extorsionar a los ciudadanos de nuestro país. No tengo ninguna gana en que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Eso es lo que hay que desmontar». Ir al «origen del problema», según Pérez Dolset, los investigadores de Instituto Armado, la «génesis» de la llamada «camorra de la Guardia Civil».

El objetivo de este grupo es «cortarlo cuanto antes» por los daños que está causando: «No podemos estar en permanente dolor tanto tiempo». Las palabras de Leire Díez dan una idea de la magnitud de lo que hay entre manos. Habla de efecto dominó: «Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado». Pero advierten, hay que ser cauteloso con la información que se maneja porque «el número de personas que tratamos este tema es absolutamente limitado».

El PSOE ha difundido este lunes su versión de los hechos en un comunicado anunciando acciones legales contra ‘El Confidencial’ y asegurando que Leire Díez «no habla en nombre del PSOE» cuando hacía referencia a la investigación sobre los mandos del Instituto Armado. En rueda de prensa, la portavoz Esther Peña habló de un «texto infundado» e «información difamatoria» y lamentó que «la andanada contra el PSOE va a más». Este periódico ha recabado también la versión de Leire Díez, que confirma la versión de los socialistas al negar su condición de representante o intermediaria del Gobierno o el partido: «En esa reunión, yo estaba de periodista, no hay ninguna vinculación con el partido y estoy haciendo una investigación».