El Consejo de Europa exige a España acabar con los aforamientos que frenan la Justicia

La maniobra exprés del líder del PSOE extremeño ha vuelto a poner en el foco el sistema de aforamientos. Miguel Ángel Gallardo ha recurrido a esta fórmula para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) quien dirima su responsabilidad en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, órgano que dejará de presidir este viernes. Los socialistas prometieron eliminar esa figura en su congreso federal de 2014, el primero de Pedro Sánchez como secretario general. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Y eso que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, recomienda a España que modifique este «procedimiento especial» para «no obstaculizar el proceso de justicia penal».

En un informe publicado el pasado 16 de abril sobre la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en los gobiernos centrales, el Greco recomienda a España en su punto 68 que modifique los aforamientos. Recuerda que este consejo no se aplicó en el Informe de Cumplimiento, aunque las autoridades nacionales se comprometieron a encargar un estudio sobre el asunto sin «resultados tangibles».

La cuestión del aforamiento es «delicada», como reconoce el Greco. Cambiar esta figura que protege a cargos públicos frente a actuaciones que puedan menoscabar sus funciones conllevaría una reforma constitucional, lo que «requeriría un amplio consenso de diferentes instituciones, lo cual resulta difícil de lograr».

Los aforamientos, a debate

La prerrogativa está recogida en los artículos 71 y 102 de la Constitución. Establece que a los diputados, senadores y miembros del Gobierno solo se les pueden exigir responsabilidades penales ante el Tribunal Supremo. En el caso de los parlamentarios, debe existir incluso una autorización previa de la Cámara. A pesar de ello, el Ejecutivo ha insistido al órgano dependiente del Consejo de Europa que el aforamiento «no exime de responsabilidad a las personas que se le aplica».

«El Greco observa que no ha habido ningún cambio en esta área a nivel nacional, que es objeto de examen (…) y concluye que la recomendación sigue sin implementarse», insiste el informe. Algunos socios del Gobierno consideran oportuno abrir un debate parlamentario sobre los la utilización de los aforamientos. Sostienen que ningún político debería tener miedo a la justicia ordinaria.

El texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que las autoridades españolas han hecho referencia a cambios legislativos en diversas regiones «para modificar la cuestión del aforamiento y limitar el número de funcionarios bajo ese régimen». En las comunidades autónomas, tanto parlamentarios como miembros del Ejecutivo están amparados por los aforamientos. Eso supone que, en caso de ser investigados, el juez debe inhibirse en favor de los tribunales superiores de justicia.

Solo seis autonomías han reformado sus estatutos para eliminar esa figura: Canarias, Cantabria, Murcia, Baleares, Aragón y La Rioja. Los canarios fueron pioneros en noviembre de 2018, mientras que los riojanos siguen esperando que el Congreso ratifique su reforma. No obstante, el informe del Greco no hace mención alguna al ámbito autonómico.

Cambios en seis regiones

El debate ha sido recurrente en otras regiones, como Castilla-La Mancha, aunque la reforma no ha prosperado. El último en ponerlo sobre la mesa ha sido Gallardo. Lo ha hecho tras negar que su entrada en la Asamblea regional de forma exprés se deba a una estrategia por su procesamiento en el caso David Sánchez. En enero, en cambio, aseguró que no iba a maniobrar para lograr este privilegio, para lo que ha sido necesario que dimita una diputada y que se negaran a recoger el acta otras cuatro personas.

Gallardo anunció su intención de incorporarse de forma «inmediata» a la Asamblea regional días antes de que la magistrada Beatriz Biedma le procesara por contratar a David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Ese movimiento le permitía adquirir la condición de aforado y alargar los tiempos para responder ante la Justicia. El líder del PSOE de Extremadura iba en el número 23 de la lista provincial en las autonómicas celebradas en mayo de 2023, un año antes de que se iniciara la causa. Su partido solo obtuvo 16 escaños.

El líder de los socialistas extremeños trasladó esta semana a la presidenta autonómica, María Guardiola, la necesidad de abrir un debate para suprimir los aforamientos. Para ello es necesario modificar el Estatuto, algo que solo es posible con el acuerdo de PP y PSOE. La dirigente popular ha afeado a Gallardo que diga una cosa cuando lo que pretende es justo la contraria. Le ha reclamado que renuncie al acta de diputado para iniciar cualquier negociación. Este, en cambio, ha optado por blindarse aún más entrando en la Diputación Permanente, por lo que seguiría aforado en caso de convocarse elecciones.

Los socialistas, en la oposición, propusieron en 2013 una reforma de la Constitución que incluía limitar parcialmente los aforamientos. Un año más tarde, Sánchez se comprometió en el congreso federal del PSOE a acabar con esta figura. Una vez en el Gobierno, tras la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto. El presidente insistió en esa dirección en su discurso de investidura de 2019 sin que de momento se haya materializado.