El juez que tumbó a Rajoy decidirá sobre la testifical de Zapatero en el 'caso Duro Felguera'

El juez José Ricardo de Prada, que contribuyó a tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy con unos comentarios sobre cuestiones que no formaban parte de la causa en la sentencia de la primera época de la Gürtel, será el ponente de la sentencia del caso Duro Felguera en el que se juzgarán a varios cargos del Gobierno de Hugo de Chávez. Además, el magistrado –junto a los jueces Alfonso Guevara y Carolina Rius– decidirá si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el que fuera su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, comparecen como testigos en la vista oral, tal y como ha solicitado uno de los encausados.

Según un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Audiencia Nacional sienta en el banquillo a la empresa asturiana Duro Felguera, a su expresidente Juan Carlos Torres, y a los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por su implicación en una presunta trama de sobornos relacionada con la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. La decisión de que los investigados se enfrenten a juicio está vinculada a delitos graves como corrupción internacional, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo de capitales.

Estos hechos se remontan a 2009, en plena crisis energética en Venezuela, un momento de profunda inestabilidad que llevó al Gobierno de Hugo Chávez a declarar una «emergencia eléctrica» debido a las restricciones en el suministro de energía que afectaron a gran parte del país. En ese contexto de urgencia, y como parte de las medidas adoptadas para mitigar la crisis energética, las autoridades venezolanas decidieron la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, cuyo propósito era garantizar el abastecimiento eléctrico a la Gran Caracas, una región densamente poblada con más de 4,5 millones de habitantes. La central se convirtió en uno de los proyectos más relevantes de infraestructura de la era chavista.

Según la investigación del juez Ismael Moreno, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, facilitó la adjudicación de este importante contrato a la empresa española Duro Felguera, lo que, presuntamente, según el juez, estuvo condicionado a la entrega de sobornos a funcionarios públicos venezolanos. Los pagos ilícitos habrían sido realizados con el fin de asegurar que la obra fuera adjudicada a la empresa asturiana, en detrimento de otros posibles oferentes.

El Gobierno de Zapatero

Sin embargo, el exviceministro de electricidad y presidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, ha alegado en su escrito de defensa que «el acuerdo gubernamental para la construcción de la central Termocentro formaba parte de un amplísimo conjunto de obras que la República de Venezuela adjudicó directamente y sin licitación a empresas españolas (como metro de Caracas, el tren Puerto Cabello-La Encrucijada, etc…)». Prosigue: «Todo ello viene ratificado, sin lugar a dudas, por el acuerdo marco de colaboración que suscribieron el 24 de octubre de 2008 los Gobiernos de España y Venezuela».

Según diversas fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el pacto se cerró tras numerosas gestiones de Zapatero. El acto formal de adjudicación de la obra se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, y contó con la presencia tanto del presidente Hugo Chávez como la de Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores en ese momento. Las fuentes aseguran que las gestiones de miembros del gobierno español fueron clave para la concreción de acuerdos empresariales con el régimen de Chávez, lo que implica una posible complicidad, o al menos un conocimiento directo de las operaciones ilícitas que se habrían realizado.

Además, fuentes solventes explican a este periódico que las gestiones de políticos españoles del entonces Gobierno socialista fueron claves para cerrar acuerdos empresariales con el chavismo. De hecho, el ex secretario general de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Juan Carlos Márquez, manifestó ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que vio a «muchos otros políticos españoles» acudir al despacho del ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Después de esa declaración, el investigado pidió al juez que le volviese a citar para «contar todo lo que sabía», pero dos días antes de su cita en la Audiencia Nacional apareció ahorcado.

Por ello, ahora el exviceministro de Chávez, Javier Alvarado, solicita la testifical en el juicio de José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro Moratinos «por su intervención directa en el acuerdo del Consejo Ministros de España y de la Gaceta Bolivariana de 2 de junio de 2009». También solicita la testifical del jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal alias El Pollo, y del dictador Nicolás Maduro.