Gallardo ficha en la Diputación a un imputado con un proceso como el de David Sánchez
La Diputación de Badajoz eliminó el requisito de la licenciatura de Derecho para el puesto de jefe de Apoyo Jurídico
Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, hasta el próximo viernes. | Europa Press
El secretario general del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se despide este viernes como presidente de la Diputación de Badajoz. Así pone fin a su carrera política en esta institución provincial, pero lo hace -según los datos que ha podido cotejar THE OBJECTIVE– habiendo contratado antes a un trabajador que, como él, está imputado por el caso David Sánchez.
Se trata del puesto de jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección, que desde marzo de 2025 ocupa Félix González Márquez. Un cargo que, al igual que el del hermano del presidente del Gobierno, viene envuelto también por la polémica, dado que durante la gestión de este puesto, el requisito de licenciado en Derecho de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de 2024 ha desaparecido de la titulación requerida.
El vínculo judicial entre Félix González Márquez y David Sánchez Pérez-Castejón se recoge en uno de los atestados de la Guardia Civil, donde el nombre del primero, González, aparece relacionado con el de José Luis Albarrán Babiano. El motivo es el intercambio entre ambos de un mensaje electrónico relativo a la Comisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), adjuntando como archivo el acta de la Comisión Técnica RPT octubre 2016.
Y es que antes de asumir su condición de jefe de servicio de Apoyo Jurídico, Félix González fue jefe de servicio de Gestión de Recursos Humanos. De ahí que declarara como imputado, ya que formó parte de la comisión asesora para la provisión de un puesto de trabajo de coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, en régimen de contratación laboral de alta dirección, cuyo puesto fue a recaer en David Sánchez Pérez-Castejón.
Eliminar un requisito de primer orden
El escándalo de la contratación de Félix González -en plena instrucción judicial del caso de David Sánchez- gana volumen cuando, después de la RPT de 2024, se comprueba que, en el acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada por la corporación provincial el día 12 de noviembre de 2024, concretamente en la página 11, se suprime para el puesto de jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección la titulación previamente exigida.
Dato curioso -revelan expertos jurídicos consultados- si tenemos en cuenta que con anterioridad a la modificación de la configuración del puesto, se exigía la licenciatura en Derecho para esta jefatura. Sin embargo, con la celebración de la sesión plenaria antes mencionada, se suprime este requisito, de manera que cabría preguntarse qué formación tiene Félix González Márquez.
En línea con la modificación de la configuración de este puesto de trabajo, tal y como sucedió en el transcurso de la sesión plenaria extraordinaria, este cambio tuvo su traslación en las bases de dicha convocatoria, donde también se publicaron la lista de admitidos, la comisión y la fecha de entrevista para la jefatura de este servicio que acabó en manos de Félix González Márquez.
Los clanes familiares
El dato de la lista de admitidos no deja de llamar la atención. Según la propia información de la Diputación de Badajoz, el único aspirante admitido para este cargo fue Félix González Márquez. Por tanto, fue el único que se presentó a la entrevista, a la vista de la convocatoria de la jefatura de servicio de Apoyo Jurídico.
Cabe destacar que la comisión encargada de la selección del puesto estaba formada, entre otras personas, por Alejandro José Cardenal Guijarro, ex jefe de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección y actual jefe del servicio de Administración de Recursos Humanos.
Al borde del juicio oral, el nombre de Alejandro Cardenal Guijarro pertenece al entramado de clanes familiares que habitan en la Diputación de Badajoz. Con su carné del PSOE de Badajoz y durante años -como ya destapó en su día THE OBJECTIVE- han conseguido agarrarse a la institución, convirtiéndose muchos de ellos en funcionarios, ayudándose mediante la composición de los tribunales entre unas familias y otras.
Cardenal Guijarro
En el proceso judicial de David Sánchez Pérez-Castejón, Alejandro José Cardenal Guijarro fue el responsable de la firma del documento que asegura que no consta que el hermano del presidente del Gobierno haya solicitado o se le haya autorizado la prestación de sus servicios en régimen de teletrabajo. Por otra parte, el atestado de la UCO demuestra que no podría haber sido así, pues él sí pidió teletrabajar un mes durante el año 2022, según la guía de aplicación que Emilia Parejo Gala le envía a David Sánchez para poder llevar a cabo este menester.
Como consecuencia de esta única entrevista, realizada el 20 de febrero de este año, el diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Ramón Díaz Farias -en las quinielas para suceder a Gallardo en la presidencia de la Diputación, aunque todo hace prever que será el primer vicepresidente de la institución pacense- dictaba un decreto el 27 de febrero de 2025 nombrando en comisión de servicios a don Félix González Márquez para el desempeño del puesto de jefatura de servicio de Apoyo Jurídico e Inspección, adscrito al Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, con efectos del 1 de marzo de 2025, hace ahora casi dos meses.
El poder desde Mérida
La contratación de Félix González Márquez no parece que vaya a ser la última maniobra de Miguel Ángel Gallardo al frente de la Diputación de Badajoz. Fuentes políticas barruntan que el exalcalde de Villanueva de la Serena, habiendo colocado a una persona de confianza al frente de la institución provincial, Raquel del Puerto, seguirá controlando los hilos del ente supramunicipal; una vez que cesen todos los cargos de libre designación o cargos de confianza, el próximo viernes 30 de mayo, encontrará después un sitio para los diputados que se borraron de la lista y se sacrificaron para que Gallardo pudiera tener un acta en la Asamblea de Mérida donde hoy se estrena contra la presidenta y dirigente del Partido Popular, María Guardiola.
Gallardo figura en el órgano de la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, por lo que está doblemente aforado: aunque se convocaran elecciones y se disolviera la asamblea, seguiría aforado.