La juez procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos

Alberto González Amador se queda a un paso del banquillo. La juez Inmaculada Iglesias ha dictado un auto de procesamiento contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cierra la investigación penal y propone juzgar al empresario por un fraude que supera los 350.000 euros en dos ejercicios fiscales. Los indicios apuntan a que empleó una red de facturación falsa para eludir a Hacienda.

La decisión de la juez atañe a la pieza principal del procedimiento, según ha avanzado eldiario.es. El auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE propone llevar a juicio al novio de Ayuso y a otras cuatro personas. Iglesias seguirá instruyendo la pieza separada, que investiga a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario habría adquirido una empresa vinculada a su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, con el objetivo de defraudar a la Hacienda Tributaria y, supuestamente, abonar una comisión a cambio de contratos.

El auto, de 21 páginas, subraya que el caso del novio de Ayuso cumple «la condición objetiva de punibilidad», ya que la cuota defraudada en el periodo impositivo de un año natural supera los 120.000 euros, como establece el artículo 305 del Código Penal. González Amador se enfrentaría a una pena de prisión de uno a cinco años y a una multa económica. La Agencia Tributaria detectó una declaración de ingresos dudosa y remitió el expediente a la Fiscalía.

La defensa de Ayuso

Los inspectores concluyeron que el novio de Ayuso se valió de 15 facturas falsas por valor de 1,7 millones de euros para aumentar de forma ficticia sus gastos y pagar menos impuestos. La magistrada también procesa a los empresarios que elaboraron las facturas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer y los sevillanos David Herrera y los hermanos Agustín y José Ignacio Carrillo. Iglesias emplaza al Ministerio Público y a las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid, par que se pronuncien en un plazo de diez días.

La pareja de Ayuso admitió los delitos fiscales en un correo electrónico en febrero del año pasado. González Amador admitió el pasado viernes en el Tribunal Supremo que su abogado le había explicado que alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía implicaba el reconocimiento de estos. Durante su declaración, detalló la conversación que mantuvo con su abogado, Carlos Neira, después de que se filtrara a los medios el email remitido al Ministerio Público. El empresario subrayó que conoció ese correo por la prensa.

Su testimonio choca frontalmente con la versión de Neira, que aseguró en sede judicial que desde el 30 de enero del año pasado tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía para resolver la investigación por delitos fiscales con el menor «ruido» posible. No obstante, reconoció que no informó al novio de Ayuso de que lo había remitido.

El novio Ayuso está imputado por dos delitos de fraude fiscal que él mismo reconoció al fiscal de Delitos Económicos, y otro de falsedad documental que le atribuyen por eludir el pago de más de 350.000 euros a Hacienda por los beneficios que obtuvo por intermediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. González Amador trató de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público para evitar llegar a juicio.

La filtración del email

Un informe de la Inspección Tributaria determinó que González Amador buscó «un verdadero ahorro fiscal» al utilizar una sociedad interpuesta para emitir facturas por servicios que en realidad prestó su otra empresa (de Maxwell Cremona a Masterman). Los técnicos destacan que habría emitido «facturas ficticias de gasto», un acto «simulado» con el que consiguió decidir con cuál de sus empresas tributar por los beneficios obtenidos por Quirón Prevención. Desde que comenzó la investigación, Ayuso ha acusado al Gobierno de intentar «destruir» a su pareja.

La filtración a la prensa del email donde reconocía los delitos fiscales llevó a González Amador a emprender acciones legales. El Mundo fue el primer medio en publicar que existían conversaciones para buscar un acuerdo de conformidad. La información aseguraba que el ofrecimiento partió del Ministerio Público, que al advertir la situación decidió emitir un comunicado con los detalles de las conversaciones. En la nota negaba que el diálogo se iniciara a petición de la institución que dirige Álvaro García Ortiz, investigado en el Supremo por revelación de secretos.